¿Manzanas podridas?

“Esto no es una política institucional, son casos aislados. Se trata de unas cuantas manzanas podridas”. Esa es la respuesta oficial cada vez que hay una crisis como la causada por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías la semana pasada en Bogotá. Estoy de acuerdo en que no se puede generalizar y tampoco se puede desconocer el trabajo abnegado y sacrificado de miles de policías en todo el país.

Pero claramente la respuesta oficial es insuficiente y busca salirse por la tangente. Para no entrar en el debate sin fin sobre cuántas son unas cuantas, y a partir de qué momento el problema es sistémico, lo importante es pensar en cómo mejorar la capacidad institucional para evitar que las manzanas se pudran y para cuando lo hacen, sacarlas rápidamente y evitar que contaminen a las demás. También es necesario reorientar las prioridades y la forma de rendición de cuentas de la Policía para así restablecer la confianza ciudadana.

En 1993 se adelantó una reforma estructural de la Policía Nacional. Esa reforma contó con la participación de la sociedad civil, los políticos y los miembros de la institución. Varios elementos fueron realmente importantes, como por ejemplo la creación del nivel ejecutivo, que estableció una perspectiva de carrera para los agentes y elevó las exigencias para la incorporación y los ascensos en la carrera policial. En materia de control, se creó la figura del comisionado de Policía, un civil encargado de adelantar las investigaciones disciplinarias, sancionar las faltas y proponer ajustes al funcionamiento de las unidades para mejorar el servicio. También se creó un espacio de participación ciudadana en todos los niveles, desde lo nacional hasta lo local. Buena parte de estos avances se desmontaron. Por ejemplo, el comisionado terminó siendo una figura secundaria y se restableció la inspección general liderada por un oficial superior.

En 2003 se buscó nuevamente reformar el sistema de control disciplinario. Pero la mayor parte de las recomendaciones terminaron engavetadas.

Hoy, es necesario pensar en una reforma que ayude a la Policía a hacer bien su trabajo de proteger y ayudar al ciudadano. Aquí algunos temas para la reflexión.

El Gobierno y la dirección de la Policía deben darle prioridad y reconocimiento que merecen la seguridad ciudadana, la vigilancia y la convivencia. Durante mucho tiempo se privilegió (y era lógico) el combate contra guerrilla y anti narcóticos.

Se requiere más pie de fuerza. El caso de Bogotá es el más grave, pero hay otras áreas de acción que no cuentan con personal suficiente. La falta de personal repercute directamente en la calidad de la atención prestada al ciudadano. Si se incrementa el pie de fuerza se debe ser más riguroso en el proceso de selección y de entrenamiento. Aparentemente se han reducido los tiempos de formación para los patrulleros, dejándolos menos preparados. Además, todo el pénsum debe estar orientado a la convivencia y el respeto al ciudadano, los derechos humanos no pueden ser simplemente una asignatura más.

Eso significa más presupuesto. No solo para aumentar el pie de fuerza, también para resolver la crisis del nivel ejecutivo. Los ascensos y promociones no se cumplen por falta de cupo presupuestal, lo cual desmoraliza a los policías. Y policías no reconocidos y sin perspectiva de carrera tienden a prestar un servicio mediocre. El síntoma más claro de esa frustración es que cerca de 14.000 efectivos han aprovechado el fallo del Consejo de Estado que permite el paso a retiro al cabo de 20 años en lugar de 25 como era la norma anteriormente.

El meollo de la reforma tiene que ver con el control disciplinario para que haya investigaciones y decisiones rápidas y transparentes. El espíritu de cuerpo y la jerarquía conspiran contra esto. Por eso es necesario volver a un control civil de las actuaciones de la Policía, como se propuso en 1993, pero esta vez con un equipo suficiente y preparado para atender las quejas ciudadanas, investigarlas y sancionar si del caso. Se puede pensar en que las sanciones las dicte un tribunal colegiado, con civiles y oficiales superiores. Esa inspección civil debe también rendir cuentas a la ciudadanía a través de los sistemas de quejas y reclamos internos y externos, y así reconstruir confianza en el procedimiento.

La Policía se debe a la comunidad, por eso es fundamental que cada comandante del director para abajo tenga como tarea establecer espacios de conversación y conocimiento con toda la comunidad, no solo los comerciantes o los líderes políticos. En línea con lo anterior, es ultra fundamental reactivar la figura del Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana como máximo órgano asesor, previsto en la Ley 62 de 1993, y sus instancias departamentales y municipales.

El tema de la relación de la Policía con alcaldes y gobernadores es otro aspecto fundamental que hay que resolver. Como autoridad de policía, el mandatario local debe fijar las prioridades de la política de seguridad y convivencia. Le corresponde al comandante de la Policía estructurar el servicio para responder a esas direcciones del poder civil. Una opción es que la evaluación para ascensos incluya una calificación por los gobernantes y no solo la de los superiores en la Policía. Esto haría realidad el deber del oficial de responder a las instrucciones del poder civil.

Más allá de si se crea un ministerio de la seguridad que articule todos los servicios que se prestan al ciudadano en estos temas, incluyendo la defensa civil, la unidad de gestión de riesgos, la unidad de protección (propuesta que me parece válida), es necesario que en el alto gobierno haya un verdadero responsable de la política de seguridad ciudadana y su articulación con autoridades locales. No es el caso actualmente.

Cualquier elemento de reforma debería partir del reconocimiento de que, por cuenta de nuestra historia, la Policía colombiana se convirtió en un brazo más de las fuerzas militares, especializado en el combate y dejó en segundo o tercer plano la misión que es la esencia de cualquier policía en el mundo: la convivencia y la seguridad ciudadana. Y en esa tarea, autoridades locales y ciudadanía tienen un rol importante que jugar para construir nuevos modelos que no se basen en la simple represión.