Procuraduría: bienvenida a una jurista, adiós a un gran funcionario

Es la primera vez, después de 190 años de historia institucional de la Procuraduría General de la Nación, que una mujer ostentará el cargo de procuradora general, situación que de suyo, trae importantes consecuencias no solo desde el punto de vista del protagonismo femenino en las altas dignidades estatales, sino porque llega a ostentar el cargo una jurista íntegra, preparada y decantada, que a lo largo de su vida profesional forjada al interior de la rama judicial, se ha destacado por ser una profesional del derecho, vertical, exigente y disciplinada, hecho que de suyo trae muy buenos augurios para una entidad de la trascendencia e importancia de la Procuraduría General de la Nación, que valga la pena mencionar, pese a las siempre frecuentes dudas que existen sobre el papel institucional de esta entidad, su actual timonel, el Dr. Fernando Carrillo, la entrega en tal vez uno de sus mejores momentos históricos.

Nuestro constituyente y consecuentemente nuestros legisladores plantearon un diseño legal y metodológico, tal vez sui generis en lo relativo a la configuración del Ministerio Público en Colombia, que dista de los otros modelos constitucionales regionales, que pese a la similitud propia del derecho heredado del Antiguo Continente y que gracias al código de Napoleón permeó nuestras instituciones privadas con matices muy similares, lo relativo a los órganos estatales, la diferencia es la regla de nuestra región, y por ello, reiteramos que el Ministerio Público en Colombia se circunscribe a una especial configuración que tal y como la teoría del título y el modo, solo aplica para nuestro contexto.

En este entender, el artículo 275 de nuestra carta señala que el Ministerio Público será un órgano autónomo frente a las demás ramas del poder público cuya suprema dirección estará a cargo del procurador general de la nación.

En Colombia, como ente rector del Ministerio Público, la Procuraduría tiene la función constitucional de representar a todos los ciudadanos ante el Estado, es decir, de servir de interlocutor entre la ciudadanía y el poder tripartito estatal, de ahí, que este Ministerio Público, no puede circunscribirse con ninguna rama del poder público, sin embargo, es también la Procuraduría la encargada de la vigilancia y control de la moralidad pública, pues en cabeza del procurador general y sus delegados reposa la acción disciplinaria, aquella acción dirigida en contra de los funcionarios públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por las faltas que llegaren a cometer en el ejercicio de sus funciones tal y como lo prescribe el Código Único Disciplinario.

Sin embargo, la función de la Procuraduría se enmarca también en la intervención judicial dentro de las diferentes jurisdicciones adscritas a la rama judicial, así como a las diferentes instancias administrativas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, esto con el fin único y exclusivo de velar por los derechos fundamentales de los sujetos procesales intervinientes, bien sea en trámites judiciales de naturaleza penal, penal militar, civil, ambiental, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura, así como ante las autoridades administrativas y de policía, todo, con el único propósito de evitar que las garantías previstas en la Constitución y en especial de su artículo 29, no se vayan a ver truncadas o vulneradas.

Hechas las anteriores precisiones, el papel y trascendencia que juega la Procuraduría es vital para nuestro Estado Social de Derecho, sin embargo, es absolutamente claro que estamos ante una entidad fundamental pero incomprendida al ojo del ciudadano del común, que por lo general no entiende, ni conoce sus funciones y su trascendencia, de ahí que en la conciencia colectiva tal vez la institución adquirió especial reconocimiento gracias a la exposición mediática que ocasionaron las sanciones disciplinarias dictadas por el Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado en sus días como procurador, quien con verticalidad y sin dubitación sancionó a altos funcionarios estatales e incluso, todos recordamos el expediente del entonces alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego que culminó con tal vez, una de las circunstancias más inusuales que se hayan presentado en la capital de la república. 

En este entender, ante la inminencia del cambio institucional en la Procuraduría, es importante señalar que en la actualidad podemos ver una entidad fortalecida y que con empeño y decisión ha introducido importantes cambios internos para velar por la protección de grupos vulnerables, por ejemplo la creación de nuevas procuradurías delegadas para poblaciones étnicas, tendientes a custodiar los derechos de los campesinos, comunidades afrocolombianas y organizaciones indígenas, así como la implementación de una procuraduría delegada ante la JEP para salvaguardar los principios básicos planteados en los acuerdos de paz, dentro de los procesos judiciales que se surten ante esa jurisdicción.

Así mismo, esta Procuraduría apostó por la estructuración de un canal metodológico de lucha contra la macrocorrupción estatal y desmonte de carteles de la Salud en varios departamentos del país. La dirección del Dr. Fernando Carrillo, arrojó la mayor indemnización por corrupción en América Latina por el caso Odebrecht por 280 millones de dólares, de igual manera se materializaron decenas de decisiones disciplinarias en asuntos relacionados con actos de corrupción durante la pandemia de la covid-19, ahora bien, la Dra. Cabello recibirá una institución que, sin duda, recuperó la confianza de la ciudadanía, una entidad moderna entregaremos con nuevas herramientas tecnológicas para identificar conductas como el enriquecimiento ilícito, los conflicto de intereses, y una unidad de gestión de información e inteligencia preventiva.

Así mismo, es de resaltar el papel fundamental de la Procuraduría y en especial del Dr. Fernando Carrillo, en asuntos como el transporte público en Bogotá, es evidente que sin el concurso del Ministerio Público durante la suscripción del otrosí entre la administración del exalcalde Enrique Peñalosa y los operadores del SITP, muy seguramente estaríamos en este momento ante una muy compleja realidad en materia de prestación del servicio de transporte público.

Al Dr. Carrillo, le aplaudimos de pie sus logros y aciertos, así mismo aprovechamos para señalar que es menester que durante los últimos días de su administración, logre convocar a unas mesas de trabajo con los otros sistemas de transporte del país, para lograr afianzar una colectiva protección de los derechos fundamentales de millones de personas que requieren movilizarse de sus hogares a sus sitios de trabajo y que por cuenta de las complicaciones de la covid-19, dichos sistemas de transporte enfrentan retos titánicos que requieren de atención inmediata por parte de las autoridades.

Abandona la entidad un hombre de Estado, un incansable trabajador por Colombia, estamos convencidos de que tiene la tarea de seguir aportándole al país con su disciplina y conocimiento, así mismo, llega a la Procuraduría una jurista de condiciones excepcionales que conoce y entiende la magnitud de los problemas que agobian a nuestra nación y que en cabeza del Ministerio Público podrá quedar en la historia, no solo como la primera mujer procuradora, sino por un decidido trabajo en la protección de las garantías colectivas de todos los colombianos.