Delirio

La exfiscal Ángela Buitrago, conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, está siendo blanco de una feroz campaña de desprestigio en México por parte de sectores cercanos al Ejército que buscan su expulsión del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes de la CIDH del que forma parte la exfiscal Buitrago.

El GIEI fue creado en 2014 por el gobierno mexicano, las víctimas de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y la CIDH con el objeto de realizar una evaluación y acompañamiento a la  investigación realizada por la Procuraduría General de la República, que es la Fiscalía mexicana.  

El jefe de la campaña en su contra es José María Ortega y preside una ONG llamada Seguridad, Justicia y Paz, que ha cuestionado al GIEI por su insistencia en querer entrevistarse con los militares que estuvieron presentes en los hechos. Para Ortega, esa propuesta busca desviar la investigación y vincular al Ejército mexicano a la masacre. Detrás de esa insistencia sin fundamento, según Ortega, estaría la mano invisible de la exfiscal Buitrago.   

Recurriendo a la mentira y a las distorsiones sobre todo a la hora de explicar su papel en 2008 cuando acusó al coronel Plazas de ser el responsable de las desapariciones de Irma Franco y de Carlos Rodríguez Vera, Ortega ha elevado a la exfiscal colombiana al rango de terrorista internacional.

No sobra recordar que el coronel Plazas fue condenado a 30 años por la juez María Estela Jara, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2012. Posteriormente, la defensa de Plazas instauró una acción de casación que fue definida a su favor el pasado 16 de diciembre de 2015. En ese fallo absolutorio –bueno es precisarlo–, la Corte Suprema no niega las desapariciones –como anda afirmando el coronel retirado–, y deja claro que lo absuelve, no por considerarlo inocente sino porque que no tuvo “el grado de convicción suficiente para condenarlo por las desapariciones de Carlos Rodríguez Vera e Irma Franco”.

En la versión mentirosa y sanforizada que ha impuesto Ortega cada vez que sale a los medios, este contexto sobra. Para él, “la Buitrago”, como la llama en los medios, es una “criminal”, “violadora de los derechos humanos”, que fabricó pruebas falsas en contra de un coronel para vengar a sus amigos del M-19 que fueron abatidos en la retoma que hizo el Ejército del Palacio de Justicia. 

La campaña en su contra se ha recrudecido desde enero 12 cuando Ortega apareció en una rueda de prensa al lado del coronel Plazas y su esposa, la senadora por el Centro Democrático Tania Vega, en la Universidad de La Salle. (Ver noticia)

En esa rueda de prensa, Plazas denunció a la exfiscal como una experta en fabricar pruebas y testimonios en su contra, y tras afirmar que era una comunista que representaba una amenaza al sistema democrático reveló que ella había venido a México con la misión de “dañar la imagen de los militares mexicanos”. Avalado por el silencio de su esposa, una senadora colombiana a la que nadie le reclama el haber estado participando en un acto político, advirtió, así estuviera metiéndose en la política interna mexicana, que “la exfiscal no debería ser la indicada para investigar uno de los casos que más estremecieron a México”. En otra entrevista dada al programa de Ciro Gómez Leyva, Plazas Vega en tono de advertencia dijo que había que tener mucho cuidado con esta señora porque “tenía la intención de señalar a los militares y de acusarlos de la masacre”.

En pocas palabras, Ángela Buitrago quedó rotulada como una peligrosa terrorista internacional que había llegado a México con la misión de acabar con el Ejército mexicano. Semejante poder, que no lo tuvo ni Pablo Escobar en su época de gloria, ahora resulta que lo tiene una exfiscal como Ángela Buitrago en México.

Desde entonces, la campaña de desprestigio en su contra ha tomado proporciones delirantes que hoy tienen en peligro su vida. Ortega incluso la ha acusado de haber retrasado la extradición de Pablo Escobar, y varios periodistas mexicanos, que no conocen del tema ni sus complejidades, le han hecho eco a sus mentiras. Hace tan solo unos días un columnista que escribe en Milenio en su coletilla propuso que debían presentarle al Chapo, a la exfiscal colombiana para que le ayudara a retrasar a su extradición.

Yo, que también sé de dolores, entiendo la rabia y el dolor que debe tener el coronel Plazas. Lo que sí resulta desproporcionado es su sed de venganza y su delirio por  distorsionar los hechos para ajustar las cuentas contra quien lo investigó y lo acusó. Al coronel Plazas se le olvida mencionar en sus entrevistas ante los medios mexicanos que todas las denuncias que le formuló a la exfiscal, tanto disciplinarias como penales, han sido archivadas, precluidas o están con solicitud de preclusión ante la Corte Suprema de Justicia. Que no es cierto que la justicia colombiana haya dicho que la exfiscal adulteró o falsificó pruebas, como da a entender en sus entrevistas ante los medios mexicanos. Ni siquiera en el caso de la retratación del testigo Édgar Villamizar, la Corte Suprema en su sentencia a favor de Plazas dice que la prueba sea falsa. Cuando se produce la retractación de Villamizar, si bien la Procuraduría reabre la investigación en contra de la doctora Buitrago,  nuevamente la Fiscalía solicitó preclusión por no existir delito.

Difícil saber cómo va a terminar esta historia delirante. Lo único cierto es que la vida de esta valiente exfiscal está en peligro.