Un escándalo que no importa

El hallazgo que acaba de hacer la Dian sobre los 1.245 colombianos que tienen empresas offshore en Panamá, los desnuda por primera vez y demuestra que las explicaciones que hasta ahora le han dado al país, no solo son insuficientes sino insatisfactorias.

Según revelación hecha en una rueda de prensa presidida por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, de los 1.245 colombianos que aparecen en los Panama Papers, solo el 35 por ciento han declarado sus activos en Colombia. La Dian cree que por lo menos 10.000 millones de dólares no han sido reportados a la entidad y por eso ha decidido abrir 60 casos de violaciones a las normas tributarias y cambiarias. Santiago Rojas, incluso, ha llegado a señalar que ya tienen armados expedientes en los que encontraron diez casos por refacturación, 30 casos en los que se vendieron activos y se recibió el dinero del exterior y otros más en los que se tienen activos pero no se declararon.

Ahora bien, el tema se vuelve aún más complejo y embarazoso porque de ese 35 por ciento que según la Dian sí declaró sus activos en el exterior, la entidad no puede saber si están diciendo la verdad y si sus números son los correctos. La única forma de saberlo es teniendo acceso a los datos en Panamá, cosa que solo será posible si se logra firmar el acuerdo de intercambio de información con ese país, el cual hasta ahora ha sido imposible pactar.

Lo que queda claro con este hallazgo, es que si bien es cierto que el hecho de tener una cuenta offshore en Panamá no es ilegal, la mayoría de los que aparecen no la abrieron solo para tenerla inactiva, ni por motivos de seguridad, como lo ha dicho el exministro Alberto Carrasquilla, el doctor Humberto de la Calle o el periodista Darío Arizmendi.

Tampoco es suficiente que muestren la declaración de renta ni el formato del Banco de la República, como de hecho muchos de los que aparecen en la lista de los Panama Papers han hecho. (Lo hizo la directora de La Silla Vacía y de la Flip, Juanita León).

La declaración de renta no sirve porque trae las cifras agregadas en materia de activos e ingresos y es imposible establecer su origen con solo mirarla. No se puede identificar si los activos que se están reportando incluyen todos los activos que están en el exterior. Lo mismo ocurre con los ingresos.

Teniendo en cuenta que desde hace años hay una fuerte inversión extranjera proveniente de Panamá, la alerta que han prendido los Panama Papers ofrece otra lectura sobre la naturaleza de ese fenómeno reciente: la de que esas inversiones pueden no ser realmente extranjeras sino producto de las sociedades colombianas escondidas en Panamá.

Y en cuanto al formato del Banco de la República, que algunos han aportado, según el ministro Cárdenas, ese documento tampoco sirve porque no es el que demuestra la declaración de activos. Para la Dian el único documento adecuado es el formulario anexo sobre declaración de activos en el exterior. Documento que, dicho sea de paso, solo lo ha hecho público la directora de La silla vacía, Juanita León.

Sería bueno en aras de la transparencia, que todos los funcionarios involucrados y los periodistas lo mostraran y fueran incluso más allá y abrieran sus cuentas a la opinión pública para despejar todas las dudas. Si es cierto que todo está tan claro y transparente como dicen todos, no deberían tener problema en hacerlo.

Este escándalo ha cobrado en el mundo la cabeza del primer ministro de Islandia, de un ministro en España y obligó al primer ministro inglés, David Cameron, a abrir todas sus cuentas ante el Parlamento por el simple hecho de que su padre aparecía en una de esas sociedades offshore.

En Colombia, en cambio, este escándalo ha pasado prácticamente inadvertido, incluso luego de que la Dian anunció el inicio de investigaciones. El hallazgo hecho por esa entidad, de que más de la mitad de esos 1.245 colombianos que aparecen en los Panama Papers no ha declarado sus activos en el exterior, pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera fue flor de un día en los medios colombianos que han optado por darle a este tema un bajo perfil que no se merece, hecho que nos empequeñece y nos deja muy mal parqueados ante la opinión.

La gran pregunta es si esta vez la Dian va a poder llegar al fondo de este asunto con las pocas herramientas que tiene para poner a los posibles evasores en cintura. Debería hacerlo esta vez, por una razón más que poderosa: porque de por medio esta la legitimidad del régimen. Pagar impuestos supone no solo una contribución al Estado que hacen los ciudadanos, sino un comportamiento ético que está íntimamente ligado a la clase de democracia que tenemos. Pero además, si la Dian no pone en cintura a quienes evaden, se le estaría dando un muy mal mensaje a las miles de empresas que sí lo hacen y a los ciudadanos que pagamos los impuestos con muchos esfuerzos.

Para construir país, no se necesita que los estratos más favorecidos dejen atrás todos sus temores por los cambios que se vienen si se firma la paz en La Habana. Basta con que paguen sus impuestos.