Que caigan los que tengan que caer

Desconcertante. Así calificaría la manera como el fiscal Néstor Humberto Martínez ha decidido meterle el diente a un escándalo como el de Odebrecht, en el que detrás de cualquier pita que se jale termina expuesto el lado sórdido de los dueños reales de este país.

Por eso ha resultado desconcertante la manera como el fiscal se ha lavado las manos a la hora de abordar la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Santos en 2014, luego de que le anunció al mundo, con una certeza a prueba de todo, que esa campaña habría recibido un millón de dólares proveniente de Odebrecht.

La tesis de que no es la Fiscalía, sino el Consejo Nacional Electoral, entidad que no tiene herramientas ni independencia frente a ningún poder político, la encargada de investigar si entró o no un millón de dólares a la campaña de Santos es tan endeble que ningún penalista que se respete se atrevería a sostenerla públicamente. No se necesita ser un experto en la materia para saber que un Consejo Electoral, minado por la ineficiencia y la politiquería -solo ha podido sancionar al movimiento Mais–, en sus largos años de existencia, es el menos indicado para seguir con éxito el trasiego de los dineros de Odebrecht por los bancos de Andorra, de la China, de Panamá y mucho menos de establecer si se volaron o no los topes electorales de la campaña. Ese es el mejor camino para enterrar una investigación que ni siquiera ha comenzado y para sepultar la verdad de lo sucedido. Por eso sorprende que un fiscal de las calidades intelectuales de Néstor Humberto Martínez ande transitando por esas líneas tan peligrosas que lo alejan de su función y lo acercan al abismo de los prevaricatos.

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En lugar de trasladar competencias a entidades sin dientes, el fiscal Néstor Humberto Martínez debería estar haciendo su oficio: ¿por qué no ha llamado al gerente de la campaña de Santos, el doctor Roberto Prieto, si él ha sido mencionado tanto en la declaración juramentada del exviceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García, como en la que dio Otto Bula? ¿Por qué no ha llamado a Andrés Giraldo? ¿Es cierto que el entonces presidente de Odebrecht en Colombia, el señor Martorelli, ha confesado que él habría sido la conexión para que Giraldo se reuniera con Bula? ¿Por qué las indagatorias de semejante escándalo se están haciendo en los medios y no en la Fiscalía?

El señor fiscal tampoco ha llamado a los abogados de los prestantes bufetes que dieron el visto bueno para el préstamo, a todas luces irregular, otorgado por el Banco Agrario a Navelena, en momentos en que el escándalo de Odebrecht ya había reventado en Brasil; la firma de ingenieros, socia de Odebrecht en Navelena, cuyo dueño es el hermano del senador conservador Roberto Gerlein tampoco ha sido requerida en la Fiscalía. ¿Sabrá la Fiscalía quién es el dueño de la burocracia en el Banco Agrario? ¿Es cierto que en el reparto burocrático ese premio le tocó al senador Gerlein? ¿Por qué no se ha llamado a los políticos que ha nombrado Otto Bula en su declaración juramentada en la Fiscalía?

Todos estos interrogantes deben ser investigados por la Fiscalía. Y una vez terminada esa etapa, se debería enviar al Consejo Nacional Electoral los asuntos de su competencia. Hacerlo antes, cuando la investigación está en obra gris, es enterrar la verdad de lo sucedido para que la impunidad se termine imponiendo. Y eso no le queda bien ni al fiscal ni al presidente Santos, quien debería ser el más interesado en que el ente acusador haga bien su tarea.

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Por eso sorprende el silencio del presidente Santos. El debería ser el primero en exigirle a su gerente de campaña de 2014, Roberto Prieto, que venga a dar la cara y se presente a la Fiscalía en lugar de responder preguntas a los medios por internet. Hasta el expresidente Uribe tuvo ese gesto, cuando su candidato Óscar Iván Zuluaga fue salpicado por el escándalo por cuenta de la versión que dio ante la Fiscalía brasileña, su estratega político Duda Mendonça, la cual también va camino a la impunidad si queda en manos del Consejo Nacional Electoral.

A estas alturas es una estupidez tratar de minimizar el impacto demoledor que ha tenido en el presidente Santos y en su gobierno lo dicho por el fiscal Néstor Humberto Martínez, así al otro día haya reculado. No se puede desplumar una gallina para luego volver a pegarle las alas. El daño está hecho y por el bien del país -pero sobre todo, por esa paz que aún falta implementar-, lo mejor que nos puede pasar es que la Fiscalía llegue al fondo de este escándalo y que caigan los que tengan que caer.