Sociedad bloqueada

Ni los partidos políticos desprestigiados hasta los tuétanos, ni las Altas Cortes, ni la Fiscalía, anegados por una mafia poderosa cuyo poder extorsionador podría llegar incluso a poner el próximo presidente de la república, quieren reformarse.

La reforma política no le gusta a nadie. La creación de una corte electoral independiente, capaz de investigar el tema de los topes de las campañas y las contribuciones por debajo de cuerda que ellas reciben, no tuvo mayor eco ni en el Congreso ni en el Consejo de Estado, corte que desde el inicio de los debates salió en defensa de sus funciones electorales. El presidente del Congreso de ese momento, el senador por La U Mauricio Lizcano, hizo campaña contra la propuesta de la corte electoral y, luego de que lograron tumbarla, el Consejo de Estado restituyó a Guido Echeverry, quien forma parte de su grupo político, en la Gobernación de Caldas. Dichosa coincidencia.

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Con contadas excepciones, la mayoría de los partidos no están interesados en acabar con el ineficaz Consejo Nacional Electoral porque necesitan que este organismo siga siendo un congelador de procesos para que todos los casos que van a parar allá terminen extinguiéndose por prescripción de términos. (¿Quién no cree que la compulsa de copias que hizo NHM ante la CNE para que investigue si las campañas de Óscar Iván Zuluaga y del presidente Santos se volaron los topes va a terminar sepultada por prescripción de términos?).

La oposición de las Altas Cortes y de la Fiscalía a la creación de un tribunal de aforados independiente sigue la misma lógica: no quieren someterse a ninguna instancia que los controle ni los vigile que no sea la ineficaz comisión de absoluciones de la Cámara. Y hasta tanto esta distorsión institucional no se reforme, los exmagistrados como Leonidas Bustos, Camilo Tarquino o Francisco Ricaurte pueden seguir haciendo de las suyas a sabiendas de que no les va a pasar nada. Hoy, con todo lo que hay en su contra, siguen frescos deambulando por los salones de la Justicia defendiendo a sus clientes y moviendo sus hilos en la Fiscalía y en las Altas Cortes porque la justicia no se atreve siquiera a tocarlos.

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La última vez que se intentó crear un organismo independiente, -un tribunal de aforados- para acabar con esa impunidad, el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, en alianza con el entonces presidente de la CSJ, Leonidas Bustos, amenazó al país con sacar los jueces a las calles y parar la justicia. Y como para que no quedara duda del poder de las elites de la justicia, cuando el fiscal y las cortes vieron que la reforma fue aprobada por el Congreso, Eduardo Montealegre siendo ya exfiscal presentó una demanda ante la Corte Constitucional y consiguió tumbar el tribunal de aforados. La posibilidad de que lo reformen quedó bloqueada hasta nueva orden.

Ahora sabemos que la indignación de entonces, era no solo una farsa, sino una mampara para que la mafia liderada por Bustos y compañía pudiera pasarse por los pasillos de la Fiscalía y de las Altas Cortes a sus anchas. Ahora que esa mafia ha empezado a quedar expuesta, NHM ha salido a decir que hay que revivir el tribunal de aforados que él ayudó a menoscabar cuando fungía como ministro de la Presidencia del gobierno Santos. En ese entonces se opuso tras bambalinas a ese tribunal de aforados, así hoy insista en negarlo. Hábilmente utilizó esa coyuntura para posicionar su nombre como aspirante a la Fiscalía y lograr que Bustos promoviera su candidatura, con el aval de Germán Vargas de Cambio Radical. Si de verdad quiere desbloquear el sistema que él mismo contribuyó a cerrar, le va a tocar emplearse mucho más a fondo y arrancar de raíz la corrupción que todavía anida en la Fiscalía.

El tema de la reforma rural integral es aún más complejo. El uribismo y Cambio Radical se oponen a la reforma rural. Para el uribismo la RRI es una puerta que se le abre al castrochavismo y el primer peldaño para acabar con la propiedad privada. Para Cambio Radical esta es una reforma que va en contra de los dueños de la tierra. A pesar de que los cambios que propone la RRI lo que buscan es sacar el país del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, Uribe y Cambio Radical han logrado convencer al Consejo Gremial de que la RRI es en realidad una reforma agraria disfrazada, que va contra la propiedad privada y que le va a quitar la tierra a los ricos para dársela a las Farc.

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Por eso, unos y otros se oponen al fondo de tierras e incluso a la actualización del catastro porque aducen que eso significaría un incremento en el impuesto predial rural, uno de los más bajos del mundo que afectaría la productividad. Es decir, por cuenta de la falsa tesis del castrochavismo, quieren que el país siga en el siglo XIX y solo están dispuestos a un avalúo catastral hecho a su medida: uno que tenga en cuenta la productividad y no el uso potencial de la tierra porque de esa manera se sigue estimulando la tierra de engorde.

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la Justicia y no a la reforma al campo colombiano. Tan mal estamos que cualquier intento por abrirse a los cambios es registrado como un atentado al Estado de derecho y a la Constitución. En palabras de mi profesor Mario Latorre, estamos en una sociedad bloqueada.

Uribe dice que las reformas pactadas en La Habana son un camino hacia el castrochavismo. En realidad la cosa es al contrario: si no nos reformamos, lo más seguro es que en un futuro no muy lejano vamos a tener un gobierno populista de derecha o de izquierda entronizado en el poder.