El estratega del fin de la guerra

Los gobernantes que se proponen objetivos inalcanzables necesitan a su lado colaboradores que tengan la capacidad de volver sus anhelos posibles. Ese fue el papel crucial que sin altisonancias ni estridencias desempeñó Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz que se nos va.

Nunca fue un interlocutor fácil para las Farc. Su manera distante de abordarlos y su insistencia por ajustar cada palabra que se acordaba con una precisión que muchas veces estuvo a punto de romper la mesa, fue a la postre la mejor manera de que dos enemigos históricos que desconfiaban uno del otro pudieran finalmente sincerarse y verse cara a cara como realmente eran.

Las Farc podrán decir de Sergio Jaramillo muchas cosas: que fue un negociador demasiado quisquilloso e innecesariamente antipático con el que nunca llegaron a tener una comunicación real. Lo que no podrán negar es que fue un interlocutor íntegro, digno de este momento de la historia.

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Jaramillo tampoco fue un interlocutor fácil dentro del gobierno: nunca le gustó que se le metieran al rancho y solo recibía órdenes del presidente, su único jefe. Jaramillo era un comisionado incómodo para la clase política porque siempre se negó a convertir en botín electoral su oficina, y en cambio la llenó de expertos y de respetables intelectuales a quienes solo les interesaba sacar adelante el proceso de paz. Jaramillo tuvo la virtud (o la maldición) de ejercer su trabajo motivado siempre por el peso de las convicciones y por un sentido de la ética pública que le incomodó a los políticos de siempre. Por eso, su carácter fuerte afloraba cuando su gestión era cuestionada por funcionarios mediocres que se habían subido al bus de la paz por oportunismo y no por altruismo.

Contra todos los pronósticos, Sergio Jaramillo, de la mano del presidente Santos, logró sacar adelante lo que era impensable. En la fase secreta pactó una agenda con las Farc que pese a lo innovadora no logró convencer a los incrédulos: por primera vez esta guerrilla se comprometió a sentarse a negociar con el gobierno con el propósito de dejar las armas y de convertirse en un partido político. A cambio de que las Farc silenciaran sus fusiles, el Estado debía poner en marcha una serie de reformas que no iban a cambiar el modelo económico, pero sí a pagar la deuda que el país tenía con la Colombia rural. Esta agenda fue la base para que, cuatro años después, Santos pudiese firmar un acuerdo de paz con las Farc que frenó una guerra de más de 50 años.

El que hoy la guerrilla de las Farc esté invirtiendo sus energías en la creación de su partido político y en ver cómo va a reparar con la verdad y con sus bienes a las víctimas en los tribunales de la JEP, se debe en gran parte a la tozudez de este hombre de bajo perfil y algo huraño.

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Tony Blair pudo lograr el acuerdo de paz en Irlanda del Norte gracias a que tuvo a su lado a una persona como Jonathan Powell, y Santos tuvo a Sergio Jaramillo, un hombre disciplinado que lo supo interpretar y que fue el estratega del fin del conflicto con las Farc.

Con la salida de nuestro Jonathan Powell colombiano del gobierno, la implementación de la paz queda en manos de Rafael Pardo, el zar del posconflicto, a quien le va a tocar demostrar que la paz territorial, de la que hoy es responsable, está por encima de sus aspiraciones políticas.

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VERGÜENZA:

La semana pasada salió de la cárcel por vencimientos de términos Omar Figueroa, el exdirector de la DNE acusado por la Fiscalía de una serie de delitos por los cuales estaba pidiendo un acuerdo de colaboración con la justicia. Y el jueves pasado salió Carlos Albornoz, también por vencimiento de términos, pese a que había sido imputado por la Fiscalía por tres cargos relacionados con irregularidades en la entrega de bienes a un grupo de particulares a cambio de una millonaria comisión cuando se desempeñaba como director de la DNE.

Mientas el fiscal NHM anuncia por el micrófono nuevas investigaciones en el tema de Odebrecht, por la puerta de atrás, y por negligencia de la Fiscalía, salen los principales protagonistas de uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos: el de cómo fue que los bienes de la mafia incautados por el Estado terminaron en manos de políticos durante el gobierno del presidente Uribe.

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