Mata policías y soldados…

… y colocan bombas en los parques públicos, como ayer domingo en uno de los principales parques de Santander de Quilichao en el Cauca. Un municipio que en los últimos meses ha tenido fines de semana con hasta catorce asesinatos, para un municipio de 95.000 habitantes, acercándose al récord siniestro de homicidios de Arauca, triste campeón nacional, en una competencia de terrorismo, muerte y destrucción que cada día abre nuevos frentes y registra nuevos hostigamientos.

Y pelean por el control territorial, entre las guerrillas de las Farc y el ELN, sin miramientos con la población civil. La batalla por Caldono y Jambaló sigue arreciando ante la indiferencia del MinDefensa, ignorada por una opinión sepultada en novedades criminales y que busca, con afán, seguir en su quehacer diario para no perder la cordura y mantenerse productiva.

Y extorsionan, secuestran y boletean para compensar la caída del ingreso cocalero en todo el país. Las guerrillas de las Farc y el ELN están presionadas porque el exceso de oferta, derivado de la eliminación de la erradicación, ha generado una caída del precio, la violencia incontrolada y la interdicción marítima en el Pacífico, han motivado a los grandes carteles mexicanos compradores a estimular la siembra de coca en México y Centro América trayendo nuevas ofertas cocaleras, más cerca de los puntos de acceso al mercado americano y más barata ya que no financian, por ahora, componentes militares para el cuidado de los cultivos y los laboratorios. Además se reportan, como en todo mono cultivo, la aparición de plagas y hongos que están afectando la cosecha y se rumora sobre la aparición de problemas de contaminación y pudrición en el clorhidrato de coca que se almacena ante la falta de compradores y la caída del precio.

Y siguen colocando minas antipersona en todos los campos del país. 58 víctimas civiles, militares y de policía han sido afectadas por estas armas de ataque indiscriminado.

Y aumenta, semana por semana, el número de municipios hostigados superando en este momento los 200 municipios, a pesar de que Mindefensa trata de ocultar esta realidad. Han sido los valientes gobernadores del país los que han develado la pérdida de control territorial y los hostigamientos.

Y masacran: 127 víctimas en 38 masacres entre enero y mayo de 2023 y (Indepaz).

Y crecen las alertas de presencia paramilitar en los departamentos de la costa Atlántica propiciadas por la Defensoría del Pueblo y claro que se mantiene el paro armado y la depredación ambiental por la minería ilegal en el Bajo Cauca al punto que hay cierre total de la vía a la costa Atlántica en Antioquia por la socavación de banca ¡de una ruta nacional! por cuenta de los mineros ilegales.

Y crecen las alertas electorales de cara a los comicios de 2023 por financiación ilícita, restricción al votante y otros delitos.

Y claro que Petro mira para otro lado, y se atreve a decirle a Colombia que todo está mejorando gracias a su mandato, en una típica evolución de la guerra de propaganda y estadísticas. El informe a marzo de 2023 de seguimiento de indicadores de seguridad de Mindefensa, muestra una realidad que los colombianos no sentimos ni percibimos.

Empezará el acomodo de los números para justificar la continuación de la política de Paz Total, que claro que es el principal programa de esta administración así Petro la pretenda negar.

Con los mata policías y soldados nada se debe negociar. Con los criminales y terroristas de toda laya nada se debe negociar.

La falsa ética de la negociación de la ley con el crimen destruye al país, socava las instituciones y deja expósita a gran parte de la población. Las élites urbanas que se regodean y se autocomplacen sintiéndose moralmente superiores al reclamar la continuación de los diálogos, matizando las masacres, los atentados o el fusilamiento de menores “desertores”, justificando como indispensable la negociación en medio de la guerra, cobran sus réditos en contratos y asesorías que les permitan recorrer el mundo vendiendo mentiras sobre los logros de la paz, gestionando y lagarteando fondos a cambio de sostener la quimera de la cultura negociante, mientras que en cientos de municipios de Colombia, como Caloto, los ciudadanos se encierran en sus casas a las 7 de la noche para evitar ser asesinados y los policías y soldados se persignan y escriben despedidas a sus queridos rezando para amanecer vivos.

Y el ministro de Defensa ahí, continuando con su agenda de destrucción de la capacidad operativa, sin enterrar a sus tropas, sin darle la cara a las viudas, y el comisionado Rueda ahí escribiendo odas a los terroristas y cumpliendo los pactos de la Picota y el senador Cépeda ahí, justificando la violencia y el terrorismo mientras continúa su guerra jurídica, política, y ahora administrativa, contra la fuerza pública como oscuro asesor de destrucción del Mindefensa.

Es entendible que la ciudadanía no quiera, en su subconsciente, reconocer el deterioro. Todo el mundo necesita seguir viviendo. Pero los alcaldes y gobernadores de Colombia, como funcionarios responsables, tienen el deber de evidenciar lo que Petro niega y convocar de nuevo la agenda nacional alrededor de la necesidad de la preservación de la libertad y el orden para que forcemos a este gobierno de infamia a enfrentar la realidad y a asumir el costo político de su incuria.