Mayor agilidad en el uso de las regalías ambientales

No se trata de un despertar reciente o de una tendencia coyuntural. Si revisamos algunas de las más recientes cifras consolidadas, encontraremos que entre 2018 y 2019 se incrementó en 157,28 % el número de proyectos aprobados por los órganos colegiados de decisión (Ocad) en materia de prevención y adaptación al cambio climático.

El volumen de los recursos de regalías habilitados para el sector creció durante ese lapso de los $0,33 billones a los $0,86 billones y se tradujo en proyectos ejecutados que a finales de 2019 llegaban a los $646.751 millones.

Esa vocación por la sostenibilidad ambiental se ha visto fortalecida, gracias a La Ley 2056 de 2020 -expedida hace un año-, que reformó el Sistema Nacional de Regalías y destinó en forma permanente al el 5 por ciento del Presupuesto Bienal a la preservación del ecosistema.

Sin embargo, las necesidades ambientales siguen siendo apremiantes y requieren que los ajustes operativos e institucionales previstos por la ley puedan ser aplicados, de una manera más expedita, mediante una reglamentación que haga eficiente y expedito el flujo de los recursos.

En el ámbito de las necesidades encontramos, por ejemplo, que 136 municipios, equivalentes al 12,8 por ciento del total, requieren de mayores soportes técnicos y financieros para actualizar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Hay proyectos rezagados como el mejoramiento de las obras de recuperación ambiental de las playas de Salgar y Sabanilla, que demanda recursos por $25.168 millones o las obras de protección del anclaje del muelle de Puerto Colombia por casi $7.000 millones. Todo eso sin contar cerca de medio centenar de proyectos de reforestación.

Los recursos de Regalías se han destinado históricamente a la financiación de proyectos en el sector transporte, principalmente en infraestructura vial, que equivalen al 39 % del valor total, seguido por educación con el 13 %, ciencia, tecnología e innovación con el 7 %, y agua potable y saneamiento básico con un porcentaje similar. En hora buena le llegado el turno al medio ambiente, uno de los más valiosos activos de los patrimonios públicos.

En ese orden de ideas, los ajustes operativos e institucionales deben tener un alcance práctico. Las entidades territoriales aguardan, con las mejores expectativas, que comiencen a operar los Ocad regionales. Esperan también que sean agilizados los trámites para los conceptos de viabilidad de los proyectos.

Esperan, adicionalmente, la definición de los requisitos de los proyectos de inversión, con el propósito de dotarlos de seguridad y estabilidad jurídica y procedimental y de facilitarles a los territorios en su tarea de darles directamente viabilidad.

El Departamento Nacional de Planeación se ha mostrado bien dispuesto a hacer la pedagogía del funcionamiento del Ocad Regional.

En principio, los recursos de asignación ambiental llegan a los $154.000 millones, pero es preciso iniciar la operación de las convocatorias para aprobar proyectos que serán desarrollados con cargo a ellos. Eso supone formular con claridad unos términos de referencia para aquellas convocatorias que están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Planeación Nacional y articularlos con las agendas departamentales en materia de cuidado y preservación del exosistema.

Se trata de un proceso de construcción colectiva en el que el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales será sustancial. Lo será también el de la Comisión Rectora a la hora de determinar las reglas y competencias para la inversión de los recursos del sector ambiente.

Nada puede dejarse al azar. Se requiere que los proyectos respondan a las necesidades planteadas por los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Vendrá bien que el Gobierno Nacional formule y adopte la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas para que los municipios puedan hacer uso, en condiciones viables, de los $261.000 millones dispuestos para inversión local.

Existe también una creciente expectativa en torno a la próxima expedición, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del decreto que adicionará el presupuesto de asignaciones directas para los departamentos y municipios productores. Sobre todo, porque se trata de una compensación por ingresos de 2020 que será otorgada por última vez.

Con esos ajustes, se fortalecerá el color verde de la esperanza ambiental.