Médicos excluidos

“Persisten los ideales políticos personales sobre el bien general de la salud de los colombianos”, así resumió certeramente el presidente de la Asociación de Sociedades Científicas —compuesta por más de 60 sociedades científicas, que agrupan la totalidad de las asociaciones de médicos especialistas del país— sobre lo ocurrido con el sector salud y la reforma que pretende nuevamente incorporar la actual administración.

El Gobierno nacional está enviando una noticia falsa cuando asegura a los colombianos que el proyecto de reforma a la salud que presentó al Congreso —hace dos semanas— fue concertada. Trata de confundir a la ciudadanía porque una cosa es escuchar y otra muy diferente, concertar.

Y tampoco escuchar ha sido la tónica detrás de este proyecto de ley. Casi la totalidad de las asociaciones de pacientes se han manifestado por no haber sido siquiera convocadas. Esta es una reforma acordada con pocas EPS, bajo la oscuridad de las intervenciones de la Superintendencia, y no representa al aseguramiento en salud. Ni siquiera las dudosas negociaciones donde las transforman en “gestores” entregándoles el negocio de la intermediación a cambio de su silencio.

Se equivocan profundamente cuando se hacen acuerdos con el agente dejando por fuera al principal protagonista: al doliente ciudadano y a las familias colombianas.

Y son los médicos de Colombia quienes pagarán las consecuencias. Como lo denuncia el presidente de las Sociedades Científicas: ya se observan cierres de servicios y también reducciones de talento humano en las IPS. Lo preocupante de la situación es que este es solo el principio del fin de un sistema que se degrada y erosiona a pasos agigantados.

Colombia tiene un cuerpo médico y grupo de profesionales de la salud más idóneos y productivos del continente. Muchos se resistieron durante los primeros años al modelo de atención y práctica profesional que implantó la Ley 100 de 1993. Todos habían sido formados bajo un modelo que privilegiaba la práctica privada como mecanismo para generar los ingresos de los profesionales.

El modelo que antecedió a la Ley 100 muy —que en muchos apartes reivindica el proyecto de reforma actual— sería hoy profundamente inequitativo para el ejercicio de los médicos del país. Una reforma que segregue las poblaciones de clase media y desacople los seguros privados y complementarios del aseguramiento público ciertamente lanzaría a muchos colombianos fuera del sistema. Pero la realidad es que muy pocos colombianos tienen hoy la capacidad de gasto de bolsillo suficiente para pagar los seguros privados y mucho menos para asegurar los ingresos de cerca de 35.000 especialistas que actualmente tenemos en el país.

Sin embargo, lo más grave es la situación que atraviesa una Nueva EPS atascada con una demanda que no puede satisfacer, como lo estamos viendo, terminará por propiciar tratamientos incompletos que van a llevar a una realidad que hoy no tenemos: ya se observan suministros incompletos en tratamientos de VIH, diabetes, cáncer, entre otras enfermedades.

No existe peor escenario para un médico que atender a pacientes a los que no se les provean tratamientos completos y tampoco tengan la capacidad para pagarlos de sus propios bolsillos.

Cuando muchos de nosotros estudiamos medicina, vimos familiares de pacientes que se veían en la obligación de dejar cheques posfechados en los hospitales y clínicas para que sus familiares tuviesen acceso a los servicios médicos que requerían. Adicionalmente, muchas familias debían recurrir a préstamos gravosos para cubrir las medicinas.

Reflexionemos de una vez por todas: aquí el bien común es indivisible entre el bienestar del paciente y la práctica profesional. Los médicos —por su formación— tienden a ser profesionales que se concentran esencialmente en sus pacientes y en los servicios que prestan. Pero si no despiertan ahora y ven la realidad de lo que les viene encima podrá ser un craso error que marque el resto de su vida laboral.