Mercurio en la leche materna colombiana

Cuando se discute cuál es el principal problema ambiental en Colombia que, a su vez, genere efectos sobre el planeta, se proponen como candidatos las emisiones de carbono provenientes de los fósiles, la deforestación, la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito. Los grandes olvidados en esta lista son el mercurio y la barbarie que lo acompaña.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud, y pese a que en nuestro país está prohibido su utilización en las actividades mineras, Colombia es el país con mayor contaminación de mercurio per cápita del planeta y supera a países como China e Indonesia.

El mercurio es un metal pesado, altamente tóxico, que ha sido utilizado a nivel mundial desde hace más de 3.000 años para una de las técnicas artesanales de extracción de oro. Otras estrategias, como el barequeo, no lo requieren, pero es de lamentar que la amplia difusión del empleo de este metal ha llevado a que, en la actualidad, más de 100 millones de personas en el mundo estén en riesgo directo e indirecto de toxicidad.

Desafortunadamente, ni los peces ni los seres humanos podemos metabolizar el mercurio y este se acumula en nuestros tejidos al ser ingerido en la comida, en el agua o mediante vapores que terminan siendo respirados. Si usted recuerda al sombrerero presentado por Lewis Carrol, en Alicia en el país de las maravillas, podrá recrear los efectos sobre el sistema nervioso que desencadena el mercurio.

Solo hasta mediados del siglo XX se pudo establecer que la conocida enfermedad «locura de los sombrereros» era explicada por la acumulación crónica de mercurio durante la fabricación tradicional de estos elegantes accesorios.

El uso galopante de este metal pesado ha llevado a que en Ayapel (Córdoba), según la evidencia disponible en el Instituto Nacional de Salud del año 2015, de 45 especies de peces estudiadas, un 42,2 % superó la concentración máxima permisible de 0,5 μg/g establecida por la FAO/OMS. Debo aclarar que para proteger a la población vulnerable (menores de 15 años, mujeres embarazadas y consumidores frecuentes), el límite es de 0,2 μg/g, por lo que el número de especies que superan este nuevo margen llega a un 80 %.

En busca de ponerles freno global a los desastres precipitados por la contaminación mercurial, en octubre de 2013 fue firmado por 140 países el Convenio de Minamata. Colombia aprobó este Convenio mediante la Ley 1892 de 2018 y lo ratificó, sin exenciones, el 26 de agosto de 2019. Ese día, el presidente Iván Duque dijo que Colombia debería ser un país libre de mercurio para el año 2023. Una meta que con numerosas evidencias no se ha cumplido.

Un estudio publicado en 2018, diseñado por investigadores de la Universidad de Antioquia y enfocado en una población de 150 madres lactantes habitantes de municipios auríferos antioqueños, encontró un resultado escalofriante: en El Bagre, un 16,4 % de las muestras de leche materna superaba los niveles permisibles de mercurio; en Zaragoza, lo hacía un 7,1 %; en Segovia la cifra fue de un 10,2 %; en Remedios, de un 5,6 %.

Muy posiblemente, cuando el fotógrafo Eugene Smith le mostró al mundo los estragos que estaba generando la contaminación por mercurio en la bahía de Minamata (Japón), jamás imaginó que un país suramericano, que se jacta de su biodiversidad y de su riqueza hídrica, tuviera madres lactando a sus hijos con dosis mercuriales. En la década pasada, Colombia liberó al ambiente entre 50 y 100 toneladas de mercurio al año; es de lamentar no tener cifras actualizadas, pero sí sabemos que estos vertimientos ilícitos y sin ningún control resultan muy nocivos para la salud humana y para la biodiversidad.

No hay duda alguna: el uso del mercurio en Colombia está prohibido en la minería, pero, a pesar de esto, el comercio ilícito, desde México y otros países productores, sigue activo. En el mercado ilegal, el precio de un kilogramo de mercurio, que puede ser almacenado en un frasco del tamaño de un parcial de orina, ronda el millón de pesos.

A comienzos de 2023, la Procuraduría General de la Nación informó que la extracción ilícita de oro estaba depredando, al menos, 10.503 hectáreas de bosque en el Bajo Cauca; mientras esto ocurre, las toneladas de mercurio pasan por los puertos y por las carreteras sin que ninguna autoridad las vea.