Militares en el limbo

Con esos amigos, para que enemigos. Me acordé de esa frase de cajón cuando el Senado aprobó la propuesta del Centro Democrático de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en lo referente a los militares.

En el papel, parece lógica y coherente con las críticas que se han hecho a la JEP y la aparente equivalencia de miembros de

la fuerza pública con integrantes de las Farc. Ha sido una posición reiterada de los uribistas y que es compartida por la gran mayoría de los colombianos. En las encuestas las Fuerzas Militares casi siempre encabezan la lista de las instituciones más respetadas y admiradas.

Temo, sin embargo, que lejos de garantizarles seguridad jurídica a los uniformados, el nuevo artículo de reglamentación de la JEP hace precisamente lo contrario. Los deja en el limbo y ante la incertidumbre; el peor de los mundos.

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Según estipula la norma, en 18 meses se establecería una sala especial de la JEP para los militares, con, me imagino, otros magistrados y reglas específicas y penas de hasta 5 años. Es comprensible el objetivo de querer darles un trato diferencial a los servidores públicos frente a delincuentes confesos (por su condición declarada de guerrillero, todo miembro de las Farc es por ende un criminal ante la ley).

Las preguntas, empero, son otras. La primera y la obvia es su viabilidad. ¿Entrará a funcionar el tribunal en año y medio? Lo dudo. No solo porque es probable que la Corte Constitucional lo declare inexequible –su jurisprudencia anterior así lo indica–, sino porque la experiencia pasada no es alentadora en este campo.

Durante las últimas dos décadas, el debate se ha centrado en dónde comienza y dónde termina el alcance de la justicia penal militar frente a la ordinaria. En términos generales, la militar ha ido perdiendo espacio en esa lucha de competencias. Para la comunidad internacional –desde las ONG y gobiernos amigos–, la justicia castrense es sinónimo de impunidad. Eso explica, en parte, la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Camilo Ospina, en junio de 2006, de darle prioridad a la Fiscalía en la investigación de muertos en combate.

En los posteriores debates sobre el fuero militar –en el Congreso, en organismos internacionales como las cortes y comisiones de derechos humanos–, la discusión siempre ha partido de la presunción de la culpabilidad de los integrantes de la fuerza pública y su incapacidad de juzgarse a sí mismos. Puede no ser justo, pero es la cruda realidad que afrontan.

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En Colombia las críticas a la JEP, en particular de los del No, se han centrado en que sea un tribunal de impunidad para las Farc y de castigo a los militares. Los vencidos juzgando a los vencedores. Para las ONG y en especial la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la desconfianza es otra. Consideran que la JEP de hoy les facilitará a generales, coroneles, mayores y otros salirse con la suya. Piensan que es blandengue y una herramienta para asegurar la impunidad. La han aceptado a regañadientes porque es producto de un acuerdo de paz. No les queda bien como defensores de lo humano oponerse al fin de una guerra.

El nuevo articulito que crearía una sala especial cambia la perspectiva. Les abre un boquete para deslegitimar las penas recibidas por los uniformados y exigir su juzgamiento en el exterior. El interés de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en Colombia no es por las Farc, sino por los casos de 23 generales que su oficina investiga preliminarmente. Ese es su foco, me comentaron personas que se han reunido con ella repetidas veces.

La actual cúpula militar sabe que la JEP no es la panacea. Que la mayoría de los magistrados tienen un sesgo ideológico (nada diferente, irónicamente, que muchos fiscales y jueces de la justicia ordinaria que han imputado y condenado a centenares de militares y policías). Pero también han visto cómo, gracias a la JEP, más de 1.500 oficiales y suboficiales han regresado a sus casas a convivir con sus familias. Que hasta las ONG más belicosas parecen dispuestas a aceptar ese tribunal. Que de todas las alternativas, la JEP ha sido la menos mala y la que tiene posibilidades de garantizarles un cierre definitivo de sus procesos judiciales. Es la de mayor blindaje.

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Se equivocó el Centro Democrático en enfocar sus esfuerzos de reformar la JEP en este campo y no en otros, como el poner límites, términos y rigor a los magistrados. En tantas otras cosas. Desestimaron la carta de la cúpula militar en la cual solicitaba no cambiar las reglas del juego a sus miembros. El partido actuó como oposición, donde las consecuencias son mínimas, y no como futuro gobierno. No es lo mismo. Y le crearon al presidente electo, Iván Duque, un problema innecesario y evitable.