Ministerio de la Igualdad: burocracia sin sentido

El pasado 29 de junio tuvo lugar un evento simbólico en La Guajira donde el presidente, Gustavo Petro, firmó los decretos que reglamentan la creación del Ministerio de la Igualdad. Pareciera que en este país, y en especial para el actual presidente, todo se soluciona creando nuevas entidades. Como si el gasto en funcionamiento del Gobierno no fuera ya lo suficientemente alto. El Estado colombiano es uno de los más grandes de la región, con muchas funciones entre entidades que se duplican o entrecruzan sin ningún tipo de articulación.

En un principio lo que se buscó con este ministerio fue tener una entidad parecida a lo que es hoy la Secretaría de la Mujer en Bogotá para garantizar ―según ellos― que las diferencias y desventajas que puedan ocasionarse con causa de género fueran resueltas con su creación. Sin embargo, aparecieron otros actores y se perdió el objetivo. Los decretos crean un monstruo de entidad con 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales. Una entidad de un tamaño totalmente absurdo. En eso estoy de acuerdo con la crítica del exministro José Antonio Ocampo, que le pide al presidente sensatez con el costo burocrático que implica esta decisión. En total son 744 cargos nuevos que serán asignados en una primera fase de manera arbitraria. Un total sinsentido.

Viendo en detalle la organización, los cinco viceministerios son: Viceministerio de las Mujeres, Viceministerio de la Juventud, Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, Viceministerio de las Diversidades y Viceministerio de los Pueblos Étnicos y Campesinos. Cada uno de estos con, en promedio, seis direcciones. Muchos de estos enfoques harían eco si no existieran ya entidades a nivel nacional encargadas de los asuntos a tratar. Por ejemplo, el Departamento para la Prosperidad Social ―DPS― cuenta con una Subdirección para la Superación de la Pobreza. El Ministerio del Interior tiene dos direcciones que atienden específicamente asuntos de enfoque poblacional. Y las funciones designadas al Viceministerio de la Juventud son transversales en muchas de las entidades nacionales y desde la propia Presidencia de la República.

También, aunque se ha hablado mucho de la llegada a los territorios, solo 32 de los 744 cargos, que pertenecen a los directivos regionales, tienen ubicación fuera de Bogotá. Mucho menor a la presencia que ya hace el DPS con sus direcciones regionales. No se entiende qué es lo que pretende este Gobierno con este aumento en el costo del Estado, que terminaremos pagando todos con nuestros impuestos, por tener dos o más funcionarios de alto nivel haciendo lo mismo. O en su defecto, alguien ganando un sueldo irrisorio sin poder hacer realmente nada.

Uno de los puntos que más sorprende en las funciones que establece el decreto es que el ministerio es mayoritariamente asesor y no ejecutor. ¿Para qué queremos una entidad de 744 funcionarios que en gran parte se van a dedicar únicamente a la asesoría? Eso ya se hace en las entidades existentes que tienen a su cargo la ejecución. El punto para realmente enfrentar la desigualdad está en la eficiente implementación de la política pública y en el uso responsable y eficaz de los recursos.

Nadie niega la importancia de un enfoque diferencial para atender algunos asuntos. Pero en el país se nos ha vuelto paisaje creer que al crear una entidad se solucionan los problemas. Si juiciosamente entráramos en detalle, evaluando y cuestionando si las entidades existentes están cumpliendo con sus funciones, notaríamos que no necesitamos de nuevas, sino que las que ya están realmente cumplan con su trabajo.

El gobierno del cambio debería empezar por dejar de desperdiciar el erario y en generar un gasto permanente que tendrán a futuro los demás gobiernos, que ni siquiera elimina las entidades que repiten funciones, y que solamente nos genera un costo más alto y que, en unos años veremos, fue totalmente desperdiciado sin crear un impacto social.