OPINIÓN
Ministra Corcho: no les “pase factura” a los médicos, les debemos mucho
“Cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes ni los gobernadores, son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto publico si manda de todo, el médico induce la demanda en el nivel primario… "
La anterior aseveración de la ministra de Salud no pudo ser más desafortunada. Infortunado también el escenario, la Academia Nacional de Medicina, institución que desde 1890 ha albergado la historia de la medicina en nuestro país. Inoportuno el momento en que se hace, justo después de una pandemia, cuando el sacrificio de los médicos y los trabajadores de la salud permitió a muchos colombianos salvarles la vida.
La ministra debería recordar los 371 trabajadores de la salud que murieron a causa del covid-19. 141 médicos entregaron su vida, parte de los 132,000 que dieron todo durante la batalla para mantener la salud de los colombianos. Soy testigo de sus incontables momentos de angustia, miedo, inquietud por el futuro de sus familias durante la pandemia. Acompañamos a demasiados colegas que dejaron una tremenda estela de orfandad y dolor. Muchas mujeres, que desde hace una década representan la mayor parte de los médicos egresados.
No es posible que la memoria sea tan corta y tan notorio el silencio del alto Gobierno después de esas declaraciones. Muy atinadas y gallardas las palabras del médico y senador Roy Barreras, pero insuficientes. Él representa al Congreso, no al gobierno. La ministra es la más alta autoridad sanitaria de nuestro país.
Además de desatinada, la expresión es inexacta. Los médicos estamos obligados a formular todo lo que el paciente requiera para recuperar su salud. Ministra, los médicos no generaron el problema fiscal de la salud. Estalló a partir de los movimientos en contra de la Ley 100, de los cuales ella hizo parte activa, y que nos empujaron a un sistema garantista, donde se debería dar más allá de lo necesario para recuperar la salud. El sistema terminó pagando pañales, albergues, terapias equinas y otorgando todo lo que los pacientes demandaran, con mínimas restricciones.
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Los gobiernos nacionales y locales asistieron al desfinanciamiento del sistema acumulando deudas con las EPS, mientras estas eran obligadas a prestar los servicios. El acuerdo de punto final cerró ese capítulo con el pago de 7 billones. Pero de nuevo el Gobierno nacional lo ha abierto con su renuencia a cubrir los pagos a las EPS. Todo en la búsqueda de impulsar un escenario de crisis que justifique su reforma.
Lavarse las manos acusando a los médicos refleja la verdadera extensión de la reforma propuesta y evade la mea culpa del pasado. Ahora quieren retroceder a la brava el esquema garantista para limitar la demanda de servicios.
Seguro han hecho sus cuentas de servilleta y se ha caído en cuenta que la plata no alcanza para su frondosa reforma. Montar 2,500 centros de atención primaria y operarlos, expandir ineficientes hospitales públicos para volverlos puerta de entrada a las urgencias y consultas prioritarias e hinchar la Adres para reemplazar las funciones de revisión de cuentas médicas que hacen las EPS va a costar una plata que no existe. En un sistema que ya gasta el 8 % del PIB. Eso sin contar la frondosa burocracia territorial prevista, la sobre expansión de la superintendencia, más los costosos peajes que impondrán alcaldes y gobernadores sobre la plata de la salud.
Con la demanda creciente e imparable de servicios, el tarifario único propuesto inevitablemente se transformará en el mecanismo gubernamental para el control de los precios. De lo cual no parecen haberse dado cuenta las clínicas privadas, que serán ahogadas hasta su marchitamiento. Pero, ese instrumento será insuficiente y se reventará por millones de tutelas contra las propuestas juntas de remisión de los Centros de Atención Primaria, esperando la autorización; sí, las autorizaciones, para hacerse consultas con sub especialistas, cirugías, la quimioterapias, radioterapias, tratamientos para crónicos y medicamentos para enfermedades huérfanas.
La solución quedó planteada: apretar la libertad de formulación de los médicos. Acabar la autonomía consagrada en la Ley Estatutaria de la Salud e imponer una autorregulación desde unas juntas ´medicas´ controladas desde un sistema público. Los médicos perderán una de sus más emblemáticas batallas por la defensa de sus pacientes.
La factura se pagará en el ejercicio profesional, desde los pacientes en racionamiento de servicios, por los más pobres ―sí, esos que transportan a los estadios, refrigerio incluido, para ambientar la reforma― y la pagará nuestra sociedad con la pérdida de la equidad y bienestar social que ha posibilitado nuestro actual sistema de salud.
Estamos ante un brusco despertar a la realidad de una reforma inviable, mal concebida y peor tramitada. Ministra, una frase de Groucho Marx le cae como anillo al dedo: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.