Ministra Irene Vélez nos tiene sudando petróleo a todos los colombianos

Hablar de la ministra Irene Vélez es casi inevitable en las actuales circunstancias. Sus salidas en falso han sacudido a la opinión pública y no es este el espacio para recordarlas, sobre todo porque justamente esas salidas en falso ocultan lo preocupante de un debate que el gobierno Petro puso sobre la mesa: el tema de la energía.

Deberíamos estar hablando del enorme riesgo social que corre Colombia si se trastorna el precio de los combustibles y no de los tenis blancos de una persona. Sin embargo, es tal la fuerza de esas salidas en falso que el país no tiene otra opción que hablar de ellas. Es como ignorar que el piloto de un avión va borracho.

La idoneidad de la ministra para ocupar un cargo tan estratégico se ve cuestionada desde el momento mismo de su designación, cuando cambiaron el manual de funciones para adaptar el cargo a su medida y sobre todo a su profesión de filósofa.

El Ministerio había sido dirigido hasta entonces por personas pertenecientes a profesiones como la Economía, la Ingeniería Industrial e incluso la Química. La única experticia de Vélez para poder aspirar al cargo era la de haber sido activista en contra de la minería y las energías fósiles, algo tan surreal en este punto como poner a un vegetariano a dirigir Fedegán.

Pero hablemos de lo que deberíamos hablar. Más allá de que el actual subsidio a los combustibles sea conveniente o no para el país, lo cierto es ha establecido unas dinámicas a las que el bolsillo de las personas y las cadenas productivas del país se han habituado.

En un país sin trenes como este, no solo los alimentos sino todas las mercancías y servicios dependen de los combustibles.

El Gobierno intentó apagar el conato de incendio que se estaba formando al conocerse la noticia de los incrementos a los combustibles, al asegurar que el ACPM no sería tocado.

Este combustible es de sensible importancia para el país, pues con él se mueven los camiones que transportan los alimentos que consumimos.

Sin embargo, el pasado miércoles, muy entre dientes, el ministro confirmó que el ACPM sí subirá desde enero próximo.

No hay otra opción si de lo que se trata es de desmontar Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que precisamente es el que ayuda al subsidio en los precios de gasolina, ACPM, diésel y similares. Es algo que va a pasar, y el Gobierno debería ser más sincero al respecto.

Otra afectación clara a estos precios tiene que ver con la movilidad en Bogotá. En una ciudad donde más del 80 % de los viajes en carro y moto los hacen personas de estratos 1, 2 y 3, subir el precio de los combustibles no es exactamente impactar a los más ricos ni desmontar beneficios para los más pudientes.

Al drama del trancón en la capital no se le puede sumar la carga de precios más excesivos en la gasolina para todos los estratos. Sería como pagar un precio más alto por estar en el mismo trancón.

¿Por qué el presidente no comprende la zozobra que estos anuncios generan en la opinión pública?

El gobierno de Petro llegó al poder con la promesa de cambio, pero en este y en otros discursos, como la seguridad y las pensiones, el presidente muestra un afán de hacer rupturas radicales y cambios abruptos para reafirmar su poder.

Es como si quisieran complacer a esa parte de la opinión pública que busca el desmonte general del país para hacer uno a la medida de sus sueños socialistas, con lo que pierden de vista que una cosa es ganar las elecciones y otra gobernar, y que están gobernando para 50 millones de colombianos y no solo para los más de 10 millones de votantes del presidente.

No solo es lícito, sino también urgente dar el debate sobre la transición hacia otros tipos de energías, y también sobre el precio real de los combustibles en un país como el nuestro.

Son tan importantes estos temas, que lo peor que pudo pasar es haber puesto a una persona al frente del Ministerio, cuya capacidad para generar escándalos superficiales es mayor que la de dirigir el debate nacional sobre las energías.

¿Cómo podremos esperar que los planes implementados para garantizar la transición energética sean los adecuados para Colombia, si la ministra de Minas y Energías no tiene claro que lo que se reserva es el petróleo y no la gasolina?

Porque antes de hablar de una migración masiva de 17 millones de vehículos y 10 millones de hogares a la electricidad en lugar de la gasolina o el gas, lo que el país debe asegurar es la soberanía energética.

El fantasma de la dependencia del petróleo y el gas venezolano ha venido siendo ambientado por diversos mensajes desde distintos frentes del Gobierno.

La ministra misma ha dicho que al país le quedan siete años de reservas de gas, cifra obvia si tenemos en cuenta que este Gobierno frenó en seco las nuevas exploraciones en el mediano y largo plazo. De nuevo, más zozobra que seguridad.

En conclusión, la ministra Irene Vélez nos tiene sudando petróleo a todos los colombianos.