Ministras en apuros

La oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo sentadas en el banquillo a dos de sus más fervientes activistas esta semana: la ministra de Salud, Carolina Corcho, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Dos mujeres que se han caracterizado, por una parte, por generar terror en sus respectivos sectores y, por otra, por haber demostrado un preocupante, escaso o casi nulo conocimiento de los sectores que dicen liderar.

Carolina Corcho tuvo que responder en el Senado por la reforma a la salud que está en ciernes. Nadie conoce el proyecto, pero ha trascendido por la boca de la propia ministra que todo lo que hasta ahora conocemos como sistema de salud en Colombia va a cambiar. A la ministra no le gustan las EPS y las quiere acabar. Cree que estas administran recursos financieros y no riesgos en salud. Tampoco comprende qué es el giro directo y su trascendencia en la gestión y administración de los recursos de la salud. Cree de forma equivocada que el Adres es un asegurador, cuando en realidad es un administrador. Durante el debate político salió con otra perla que denota su desconocimiento sobre la financiación del sistema, afirmando que “el peso de la financiación de los patrones es mínima dentro del sistema de salud y eso lo suple el presupuesto general de la nación”. La ignorancia sobre la estructura básica del sector dejó estupefacto a más de uno, ya que el aporte de los empleadores al sistema de salud es del 75 por ciento (12 por ciento del 16 por ciento total).

Con un discurso obsoleto y sin ningún sustento técnico, la progre ministra Corcho quiere volver a un sistema público y único de salud que ya fracasó de forma estrepitosa en los años ochenta, cuando los colombianos se morían haciendo fila en frente de las paupérrimas instalaciones del Instituto de Seguros Sociales.

Muchos se cuestionaron: si desconoce el funcionamiento del sistema que dirige, ¿cómo pretende cambiarlo?

La ministra Corcho tampoco respondió por qué hasta la fecha no ha llegado al país la primera vacuna en contra de la viruela del mono y mucho menos por qué en las droguerías hay desabastecimiento de medicinas para el cáncer, la hipertensión y hasta anticonceptivos.

Tan pronto terminó el debate de Corcho, al día siguiente en la Cámara de Representantes se inició la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La bancada del Gobierno, que la defendió, afirmó que la oposición la atacaba por ser mujer, por su forma de vestir y hasta por su profesión.

Pero lejos ha estado el debate en términos de machismo y clasismo. En cambio, sí se ha cuestionado su falta de preparación para la administración de su cartera. Ser una gran filósofa o activista del medioambiente no garantiza que conozca el delicado tema de la transición energética. En su afán protagónico, recién posesionada realizó afirmaciones muy desafortunadas que llevaron a que los mercados perdieran la confianza en el sector. Una y otra vez afirmó que Colombia acabaría con la exploración y explotación de petróleo y gas, porque, según ella, el país debe dejar de depender de estos recursos y hacer una transición energética. Al poner en duda la continuidad de la principal fuente de financiación del presupuesto de la nación, como lo son los hidrocarburos, provocó que los mercados trasladaran sus recursos hacia otros lugares con mayor estabilidad en políticas públicas y en materia tributaria. Eso fue lo que hizo que el precio del dólar, además de otros factores, sobrepasara el temible techo de los 5.000 pesos. Y eso fue terrible para la economía y el ciudadano de a pie, aunque no lo quieran reconocer.

Desde sus primeras declaraciones en los medios, Vélez dejó claro que no tiene en su cabeza la magnitud de lo que es un billón de pesos, de dólares, y hasta confundió los hidrocarburos con los carbohidratos. Eso no tiene nada que ver con que sea mujer. Este es un asunto técnico y de gerencia pública, pero tal vez por sus equivocaciones en el Gobierno le pidieron que no diera más entrevistas para que no la siguiera embarrando.

Las dos ministras cumplieron con el deber de rendir cuentas. No le estaban haciendo un favor a la oposición, como pretendieron insinuarlo, sino respetando la democracia a la que pertenecen. El debate político, sin lugar a dudas, lo ganó la bancada de gobierno. Es evidente que la moción de censura estará lejos de contar con los votos que se necesitan para que sea aprobada, pero esta semana quedó demostrado que hay oposición y congresistas dispuestos a defender el orden constitucional y jurídico del país. Si los congresistas del Partido Liberal, Conservador y de La U no estuvieran pendientes de los platicos de lentejas que les sirven, estarían de acuerdo con que el sector de la salud y el minero-energético, en las manos de estas dos funcionarias, corren peligro y los defenderían.

Las dos activistas están haciendo el trabajo que les encomendaron. Continuarán adelante con el respaldo político y, mientras tanto, los colombianos seguirán buscando en las droguerías los medicamentos que no llegan y estirando el bolsillo, porque el nuevo incremento en la gasolina presionará aún más la inflación, y los precios de los alimentos y los demás productos seguirán por las nubes. Mientras tanto, las funcionarias embelesadas de poder jugarán al caos, que es, al parecer, una estrategia del Gobierno central. Dicen que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está capacitado. Al parecer en el “cambio” esa es la regla y no la excepción.