Mis 10 razones para marchar el 20 de junio

He decidido sumarme a la marcha ciudadana de este próximo martes 20 de junio. Hay un conjunto amplio de preocupaciones y angustias que me motivan a unirme a esta gran movilización cívica. Marcharé porque me importa nuestro país y veo con angustia la crisis de gobierno en la que estamos inmersos –que puede desencadenar una crisis de Estado y una crisis social–, los ataques a la prensa, los hechos turbios de presunta corrupción que estamos conociendo y la falta de confianza y transparencia que produce el actual Gobierno nacional. 

Saldré a marchar en calidad de ciudadano e invito a la gente a que haga lo mismo. Esta marcha no tiene jefes políticos; es convocada por colombianos conscientes de que el país no va bien, que viven y sienten en carne propia lo que está pasando y les preocupa el futuro de sus familias. Esta manifestación de indignación cívica debe ser una verdadera muestra de unidad en torno a un ejercicio democrático de oposición pacífica.

Aunque son muchas las razones por las cuales marcharé el próximo martes 20 de junio, expondré brevemente diez de las más importantes:

Colombia no va bien. El aumento de la inseguridad, el frenetismo por tramitar a toda costa reformas insostenibles e inviables, los indicios de corrupción y el radicalismo en aumento de este Gobierno son situaciones que les están saliendo muy caras a las familias colombianas. A menos del primer año de Gobierno, la desaprobación de Petro en las encuestas llega a casi el 60 por ciento como un reflejo del malestar ciudadano.

La reforma a la salud de este Gobierno pone en riesgo la vida de los colombianos. Estatiza el servicio de salud al plantear una fórmula que ha fracasado: entregarles la plata de la administración del sistema de salud a los políticos regionales. Con su implementación retrocedemos 35 años y se desmantelan las capacidades de prestación creadas en las últimas tres décadas.

La reforma laboral que planteó este Gobierno no resuelve dos de los grandes problemas del mercado laboral colombiano: la informalidad y el desempleo; por el contrario, los profundiza, pues su implementación destruiría más de 450.000 empleos formales en un horizonte de tres y cuatro años.

La última versión de la reforma pensional golpea fuertemente a los trabajadores informales y de menos ingresos: obliga a cotizar a Colpensiones, perdiendo la rentabilidad del ahorro de los afiliados. Además, el alto costo fiscal de la reforma genera incertidumbre y la hace insostenible en el tiempo, casi garantizando que las nuevas generaciones no podrán pensionarse.

La situación de orden público y la seguridad del país siguen sin norte: el fracasado artilugio de la paz total (mente mafiosa) está cobrando vidas, debilitando a las fuerzas militares y a nuestra Policía de manera predeterminada y aumentando la intranquilidad de la gente.

El alto riesgo en el que se encuentran la niñez, la adolescencia y juventud de ser reclutadas, usadas y utilizadas por los actores violentos está aumentando considerablemente: el reclutamiento forzado de niños y niñas aumentó 53,3 por ciento en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2022.

Preocupan enormemente las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, que ponen en entredicho la legitimidad y legalidad de su Gobierno: esta manifestación ciudadana debe enviar un mensaje acerca de lo que los colombianos esperamos ética y moralmente de los servidores públicos.

El cese al fuego, que ha sido unilateral por parte del Estado, y la suspensión de órdenes de captura a criminales y grupos armados que se sienten respaldados por este Gobierno mientras atemorizan a la población civil desprotegida y se fortalecen para atentar contra una paz con la que nunca han estado comprometidos.

La desprotección a nuestras Fuerzas Militares y a nuestra Policía sigue en aumento: da tristeza ver cómo quienes han estado comprometidos históricamente con la seguridad, la democracia y el cuidado de los colombianos están siendo menguados, desarticulados y echados a su suerte en todo el territorio nacional.

La democracia está en riesgo: el autoritarismo, el populismo, los ataques a la prensa, la estigmatización de los empresarios, las instituciones y los sectores de oposición y la falta de transparencia debilitan la confianza en el Estado.

Por si fuera poco: la falta de garantías para la oposición, la implementación de una política exterior sin rumbo, el amiguismo y complicidad con dictaduras de la región, el Pacto de La Picota que denuncié desde el año pasado, el direccionamiento de la política de hidrocarburos, el alto precio de los alimentos, el desplome del mercado de vivienda en el país... estas y más razones son las que me llevan a marchar desde Medellín este próximo 20 de junio.

Como ciudadano, invito a todos los colombianos a expresarnos pacíficamente en las calles. Salgamos juntos a defender a Colombia, es un compromiso cívico.