Mundos opuestos

En las escuelas de medicina suele enseñarse a los estudiantes, como primer ejercicio ante una duda ética frente a aplicar o no un tratamiento, a pensar qué haría en caso de que ese paciente que tiene al frente fuese su hijo o su madre, dependiendo del asunto. Hoy me pregunto: ¿qué harán los funcionarios del Gobierno que actualmente pontifican sobre si los colombianos tenemos o no el derecho a ciertos tratamientos por su alto costo, cuando esta inevitable realidad les golpee la puerta de sus familias?

Las incongruencias se revelan en las rupturas entre las ideologías y las crudas realidades. Solo los muy pudientes y privilegiados tienen la posibilidad de irse fuera del país para tratarse un cáncer y otras condiciones de alto costo. En Colombia, pocos tienen la capacidad para pagar un aseguramiento privado y aún menos tienen la posibilidad de costear la medicina de su propio bolsillo. La mayoría de los colombianos debe recurrir a aquello que el aseguramiento público les proporciona.

Al actual Gobierno le gusta mucho comparar a Colombia con los países ricos, cuando se trata de mirar nuestra tasa de mortalidad materna o la mortalidad evitable, indicadores en los que, dicho sea de paso, no estamos tan mal como lo pretenden hacer creer. Pero muy olímpicamente se evitan las comparaciones contraevidentes; ejemplo claro la inversión en salud. Vaya dualidad: entramos al grupo de los pobres y nos comparamos con Bolivia, Ecuador o Haití.

Según un reciente informe de la Ocde, “club” al cual pertenecemos, Colombia gasta el 8 % del producto interno bruto (PIB) en salud. Estamos lejos del 9,5 % del promedio de integrantes de países Ocde y muy lejos del 12 % de naciones como Alemania, Francia o Japón. El problema es que la población de la mayoría de los países, incluido Colombia, está envejeciendo aceleradamente y, también es cierto, las tecnologías cada vez son más costosas. Las proyecciones de la Ocde indican que debemos esperar a que el gasto se duplique, llegando al 20,6 % para 2040*. Parece ineludible, entonces, que Colombia aumente su gasto en salud hasta el 15 % o 16 % en los próximos 20 años.

Sin embargo, al parecer, la visión imperante es detener a las malas el gasto en salud, haciendo caso omiso de cuánto avanzamos en el país en estrategias de eficiencia como los controles de precios, las rutas de atención y la gestión del riesgo de enfermedad. Esa nueva postura tiene evidentes implicaciones en la salud de los colombianos, en los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y aquellos que requieran tratamientos muy costosos como, por ejemplo, los trasplantes.

Con frecuencia se menciona que el costo de las vacunas contra la covid-19 fue muy elevado. Recuerdo que algunas de esas mentes ideologizadas –durante la pandemia– se atrevieron a recomendar que no se deberían comprar porque Colombia debería enfrentar el monopolio sobre la producción de vacunas, antes de someterse a pagar precios aparentemente injustos. Perú fue uno de los pocos países que decidió –inicialmente–, no firmar contratos de compra de vacunas y, finalmente, terminó con más de 6.000 muertos por millón de habitantes, duplicando la tasa de Colombia.

En ese entonces, realizamos un estudio con el Departamento Nacional de Planeación basado en el modelo de Michael Kremer (Premio Nobel de Economía en 2019), donde evidenciamos que el retorno prácticamente triplicaba la inversión en vacunas. Dado que permitiría abrir la economía más prontamente. La realidad superó incluso esos resultados y el país logró un crecimiento del 10,8 % en 2021 y del 7,3 % en 2022, respectivamente. ¿Cuánto bienestar social generó la estrategia de vacunación contra la covid-19? Difícil de estimar, pero indudablemente, muchísimo.

Ahora bien, más allá de las cifras macroeconómicas, el mensaje –por no ser un país rico no deberíamos invertir en tratamientos costosos para nuestra gente– nos conduce a un mundo diferente. Llevamos 20 años reivindicando el derecho a la salud y quejándonos de las tutelas por tratamientos no brindados a los pacientes. Durante la pandemia no dudamos en invertir recursos de salud en costosísimas terapias Ecmo, para aquellos pacientes a quienes brindaban alguna esperanza. En esa visión, al parecer hoy obsoleta, la vida de una joven madre de familia salvada de las garras de la muerte justificaba la inversión.

También es cierto que, desde hace años, Colombia se introdujo en la lógica de que el Estado tenía la obligación de responder por la financiación del sistema de salud. Hasta construimos y aprobamos una Ley Estatutaria (1751 de 2015) que avaló ese compromiso. Y los diferentes gobiernos –hasta ahora– habían sido consistentes en priorizar la generación de riqueza para mantener el gasto social. No obstante, estas dos lógicas parecen haber cambiado.

¿Qué nos espera ahora? ¿Especialmente a millones de colombianos de clase media y pobres que ni hoy ni mañana tendrán para pagar sus tratamientos? Este es un tema vital que el Gobierno tiene que enfrentar con franqueza y de cara al pueblo. Y la sociedad misma debe decidir si ese contrato social entre el Estado y los ciudadanos debe terminar.

*Ocde - Sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud. Enero de 2024.