OPINIÓN ON-LINE

La JEP y la sentencia de Richelieu

Llega Néstor Humberto en un momento de suma importancia, a impedir que se cumpla la sentencia del Cardenal Richelieu.

Nancy Patricia Gutiérrez, Nancy Patricia Gutiérrez
14 de julio de 2016

Se atrevió el entonces ministro de Gobierno a proponerle al Presidente Pastrana,  la revocatoria del Congreso, porque el grave escándalo  conocido como el “pomaricaso”, que se destapó en la Cámara de Representantes en 1999, generó la furia de la opinión pública, que exigía medidas drásticas contra la Corrupción. 

Finalmente y ante la embestida de algunos oportunistas políticos, le pasaron cuenta de cobro al Ministro Néstor Humberto, porque representaba a los liberales que apoyaron la candidatura de un conservador.  En un gesto de gallardía y de habilidad política, hizo un paso al costado, renunció y actúo como válvula de escape para que las consecuencias no arrasaran al gobierno, de esa buena fibra está hecho NH;  regresó a sus lides de experto abogado, razón por la que conoce la importancia de la seguridad jurídica, que garantiza la inversión privada y por tanto la prosperidad económica del país.

Ahora, como fiscal general, le corresponde rescatar su tarea de aplicar mano dura a la corrupción y es, quizás, por ello que en sus primeras declaraciones habló de la corrupción regional, pues lideró la reforma política que buscaba poner orden a los partidos;  también deberá enfrentar el nuevo avance del narcotráfico, las bandas criminales y la delincuencia que se ha tomado el país, por cuenta de un sistema penal acusatorio desbordado; pero su gran tarea, sin lugar a dudas, es garantizar la seguridad jurídica.

El fiscal general termina siendo el eje de la aplicación de justicia, a pesar de que la última palabra la tiene la Sala Penal de la Corte y de que existe un ministro del ramo, es la Fiscalía la que marca desde el inicio de una investigación la suerte que ésta tendrá; pero además, ese poderoso aparato tiene una sola cabeza y su voz retumba en el Gobierno y en el Congreso, al momento de presentar reformas y de definirse la política criminal.

Llega NH en un momento de suma importancia, a impedir que se aplique la sentencia del Cardenal Richelieu “Dádme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”, pues será el garante de que los nuevos mecanismos judiciales que se están definiendo en La Habana, no vayan a reemplazar las armas, para perseguir a la población que se ha manifestado en contra de los términos de la negociación, máxime cuando se acordó la creación de una Unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, por fuera de la JEP, pero sin definir a qué entidad estaría adscrita;  imposible por fuera de la Fiscalía, pues esa es su razón de ser. 

Adicionalmente se introduce la figura de  “Justicia Prospectiva”, gracias a la cual se podrá investigar lo que la JEP considere parte del conflicto, sin importar la época, o si ya haya sido decidido en otra jurisdicción.  Se acordó que la Fiscalía debe enviar las investigaciones derivadas del conflicto armado y las compulsas que hayan llegado de justicia y paz.

Aquí, es en donde se requiere de una autoridad con experiencia y claridad, que evalúe con serenidad y siente su posición con firmeza, para que no se arme el caos en el país por inseguridad jurídica, derivada de una jurisdicción especial con una autonomía desbordada, que llegará a crear sus propias reglas de  juego, sin límites, ni procedimientos previamente definidos por la ley, es decir a lo Richelieu.

El Fiscal también podrá controlar la proliferación de testigos falsos que tanto daño le han causado a la justicia, si fortalece la Unidad creada por su antecesor,  para investigar este delito y evitar que la conducta se repita en la nueva justicia transicional.  Unas decisiones severas frente a este flagelo, ayudarán a reencausar la rigurosidad probatoria que exige encontrar la verdad que se deriva de versiones de quienes aspiran a conseguir beneficios y próximamente indultos y amnistías.

Y por último, el Fiscal puede hacer ver al Gobierno, que la sentencia de Richelieu no se cumple, si el Presidente y los Magistrados de la JEP, el director de la Unidad de Investigación y Acusación y el Secretario Ejecutivo, son escogidos con lupa, para que no quede esta jurisdicción especial con un sesgo ideológico, ni lleguen a estas instancias quienes en anteriores investigaciones dejaron ver su afán de llevarse por delante a muchos hombres y mujeres honrados, a lo Richelieu. 

*Presidente de Asomóvil.

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