“Cien millones de pesos, no más”

E l fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez no ha explicado su participación como abogado de Carlos Mattos en el proceso en que una jueza admite haber recibido plata por tomar medidas que favorecieron a su cliente. Las dudas seguirán creciendo porque, además, existen documentos que prueban que Néstor Humberto ya había litigado ante un despacho presidido por la misma jueza. En esa ocasión defendía los intereses de Corficolombiana y también ganó el caso.

La jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez confesó hace unos días que recibió plata después de ordenar una medida cautelar que favorecía a Carlos Mattos, el cliente de Néstor Humberto Martínez, en un caso adelantado ante su despacho.

-“¿Acepta usted, sí o no, los cargos que la Fiscalía le ha imputado el día de hoy?”–le pregunta la jueza de garantías a su antigua colega.

- “Sí, acepto – admite la jueza corrupta- en cuanto a lo que recibí y lo declaré en la audiencia de interrogatorio. Fueron cuatro entregas y cien millones de pesos, no más”.

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El que le entregó la plata sostiene que la suma fue más alta y añade unos detalles reveladores.

Se trata de Dagoberto Rodríguez, auxiliar del juez sexto civil del circuito Reynaldo Huertas. Según la acusación de la Fiscalía también ese juez y su auxiliar fueron sobornados por Carlos

Mattos. Dagoberto contó que el señor Mattos quedó muy contento con la medida cautelar y que por eso le mandó varias veces plata a la jueza.

Narra, por ejemplo, que en la Librería Panamericana del Salitre Plaza le entregó 50 millones de pesos. A la jueza le parecieron “muy poquitos” a cambio de su decisión. Dagoberto asegura que Mattos dio la orden de entregarle 200 millones de pesos más, en cuatro envíos de 50 cada uno.

Según el testigo, “ella le comentó que le gustaría que le colaboraran con el nombramiento de notaria acá en Bogotá”.

En interrogatorio, Dagoberto Rodríguez afirmó que la jueza no solo recibía plata, sino que también pedía que le cumplieran un supuesto acuerdo: “Durante el año 2017, siendo juez 10 civil del circuito subió varias veces a hacerme el reclamo de por qué yo no llevaba las razones al señor Carlos Mattos para que le cumpliera lo acordado”.

¿Qué era lo acordado? ¿Cómo lo habían acordado si aparentemente la jueza, a diferencia de los otros presuntos sobornados, nunca llegó a conocer a Carlos Mattos?

Dagoberto Rodríguez declaró: “Yo desconozco al día de hoy los posibles arreglos entre Ligia, Carlos Mattos y el abogado que llevaba el proceso”.

“El abogado demandante en este caso, y quien tenía el poder de Carlos Mattos, era el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal, para ese momento era abogado litigante”,sostuvo en la audiencia el fiscal del caso, quien agregó: “El proceso, a pesar de que él inicia con la demanda del proceso, quien lleva el proceso es un abogado suplente del bufete del abogado demandante, para ese momento, Néstor Humberto Martínez Neira”.

Ese abogado suplente, empleado de la firma DLA Piper Martínez Neira, es Sergio Alberto Rojas Quiñones. Un joven profesional que podría terminar siendo el chivo expiatorio de este asunto.

Antes de que Rojas Quiñones tuviera siquiera su tarjeta profesional, la jueza Ligia del Carmen Hernández se conocía con Néstor Humberto Martínez.

En documento que ustedes pueden ver en semana.com, la jueza firma junto con Néstor Humberto un acta correspondiente a la audiencia de un millonario pleito en el año 2012. La jueza, hoy confesa autora del delito de cohecho, era titular del juzgado décimo civil del circuito de descongestión.

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A su despacho fue repartida la demanda del señor Alejandro González Beltrán que pedía que Corficolombiana le pagara tres Certificados de Depósito a Término(CDT), por 58 millones de pesos cada uno, que había expedido en 1989 Corfivalle, empresa absorbida después por Corficolombiana.

Néstor Humberto Martínez actuó, en este otro caso, como apoderado de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval.

La jueza decidió a favor del hoy fiscal general y de su cliente.

El pleito ha ido a tribunales superiores, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional y, siete años después del fallo, aún hay decisiones judiciales por tomar.

En un prospecto de colocación de acciones de hace unos meses, Corficolombiana advierte que existen dos procesos pendientes, relacionados con este caso, que podrían llegar a costarles 13.000 millones de pesos cada uno.