OPINIÓN
Ni cuestionar, ni denunciar
Pretender que los periodistas solo podemos opinar sobre hechos contenidos en una providencia judicial no solo es absurdo sino que coarta la libertad de expresión.
El ministro de Defensa Guillermo Botero me ha enviado un sorprendente derecho de petición (ver documento) que transcribo a continuación por considerar que sirve de espejo para demostrar hasta dónde este Gobierno, que prometió en su campaña cero tolerancia contra la corrupción, se siente incómodo con los periodistas que en ejercicio del derecho constitucional a opinar denunciamos los desmanes de los funcionarios públicos:
Le puede interesar: Juego de tronos
Columnista Revista Semana
Ciudad.
Asunto: Derecho de petición de información y de obtención de documentos.
Señora columnista:
En mi calidad de ciudadano colombiano, luego de leer su columna publicada el día de ayer en la revista Semana titulada ‘Yo me vigilo’, le solicito respetuosamente y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política me envíe copia de los siguientes documentos:
1. Sentencia en la que se me condena por el delito de encubrimiento según el titulo 16 - Capítulo sexto del Código Penal, que usted cita en su columna.
2. Sentencia en la que se me condena por delitos relativos a la corrupción (delitos contra la administración pública) que usted cita en su columna.
Las copias requeridas no es necesario que sean autenticadas.
En caso de no tener las referidas sentencias, le solicito así me lo haga saber.
Recibiré su comunicación en el correo electrónico guillermobotero@gmail.com.
Atentamente,
Guillermo Botero.
Opinión: Yo me vigilo
Esta es mi respuesta al derecho de petición enviado por el “ciudadano” Guillermo Botero:
Respetado doctor Botero:
En atención a su derecho de petición me permito indicarle respetuosamente que la columna titulada ‘Yo me vigilo’, no está basada en ninguna sentencia judicial proferida en su contra sino en hechos objetivos de público conocimiento que usted no ha negado, en relación con los cuales soy libre de opinar de acuerdo con la Carta Política.
A mi juicio, sus declaraciones como ministro de Defensa en el caso del homicidio del excombatiente Dimar Torres –así usted insista en presentarse como un ciudadano–, defraudaron la confianza que la comunidad deposita en los funcionarios, porque con ellas se pretendió atribuirle a una simple reyerta un homicidio cometido por miembros del Ejército, que de no ser por las denuncias de los campesinos de ese despoblado lugar, probablemente no se habría sabido la verdad y el país habría quedado en poder de la versión inicial suministrada por usted que ha tenido que ir modificando.
En la columna también opiné sobre la circunstancia de que usted sea socio de una sociedad de seguridad sujeta a control y vigilancia de su ministerio, por lo cual tuvo que declararse impedido no propiamente con la rapidez ni la transparencia esperada, hechos que usted no ha negado y que en mi opinión se encuadran en la definición de corrupción planteada en la columna: “Una práctica despreciable que utiliza el poder para beneficio propio”.
Pretender que los periodistas solo podemos opinar sobre hechos contenidos en una providencia judicial no solo es absurdo sino que coarta la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada de los desmanes que cometen los funcionarios públicos.
Lea también: La hora de Semana
Atentamente,
P.D.: En su derecho de petición usted me pide que le envíe la respuesta a su correo de ciudadano pero en razón de que fueron sus actos como ministro de Defensa los que motivaron mi columna también se lo envié al correo del ministro de Defensa. Una cosa más: entiendo este derecho de petición como un intento por amedrentarme y por eso también lo he remitido con mi respuesta a la FLIP y a la oficina del relator para los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Solo faltaría que además de la ineficiencia en la justicia contra los corruptos, de que este Gobierno no hizo nada para impedir que no se hundieran los puntos del referendo sobre la lucha contra la corrupción, ahora se quiera acallar a los periodistas que opinan y se atreven a cuestionar las salidas desafortunadas de funcionarios como las que ha tenido el ministro de Defensa.
Un detalle final: el exguerrillero Jesús Santrich tampoco ha sido condenado penalmente, lo cual no obsta para que el presidente Duque públicamente lo haya llamado “mafioso” y “narcotraficante”. Asumo que usted ya expresó su reparo a los comentarios hechos por su superior.
