No a la asamblea constituyente propuesta

Una asamblea constituyente es un cambio de reglas del juego, de cómo se organiza una sociedad, de las reglas bajo las cuales interactúan los ciudadanos de un país. Es indudable que con el tiempo las sociedades van cambiando y los principios de la sociedad necesitan actualizarse. La Constitución nacional refleja qué tipo de país queremos ser y por eso los mecanismos para actualizarla no permiten que se modifique por el capricho de un grupo exclusivo de personas. Nuestra constitución requiere que una modificación sea un ejercicio amplio, sopesado y sobre todo aprobado por mayorías calificadas de la población.

La Constitución colombiana del 91 modificó significativamente la visión de país que queremos ser. Desenfatizó reglamentar el funcionamiento del Estado y la sociedad a costa de concentrarse en los derechos de los ciudadanos, olvidándose de un fundamental factor: en el mundo de hoy los derechos tienen que poder ser provistos por la misma sociedad y muchas veces tienen un costo que esta no puede asumir. En estos casos, los derechos, como en la Colombia de hoy, muchas veces se quedan en declaraciones vacías.

El resultado de la Constitución del 91, además de garantizar los derechos de la población, fue el de incrementar significativamente el gasto público, que pasó del 15 % a más del 30 % del producto interno bruto, el equivalente a 250 billones de pesos de hoy, es decir, cinco millones por colombiano. La pregunta importante es: ¿la mejora en los derechos de los colombianos, consecuencia de la Cconstitución del 91, vale 15 millones de pesos anuales por hogar? ¿No preferirían los colombianos recibir los 15 millones constantes y sonantes en vez de tener acceso a las supuestas mejoras que han recibido por tener una nueva constitución? Pregunta difícil de responder que ejemplifica la complejidad de modificar la constitución.

En realidad, de los cinco millones de pesos de diferencia por persona dedicados al gasto público, gran parte se queda en el camino por la insaciable burocracia del Gobierno, la deficiente asignación del presupuesto y la inevitable corrupción. Mientras gran parte de los colombianos quisieran decidir a qué dedicar ese dinero, hoy los políticos electos definen su destinación.

La propuesta de una nueva constituyente va por el mismo camino. El presidente Petro ha declarado en múltiples ocasiones que requiere modificar la Constitución para sacar adelante su programa de gobierno, es decir, con el fin de controlar una mayor proporción del poder social, a costa del resto de los colombianos. Ser el decisor del gasto de una mayor proporción del dinero y darse mayores atribuciones sobre cómo manejar el Estado, lo cual favorece no solo a su partido político hoy aquejado de innumerables escándalos de corrupción, sino a todas las empresas electorales, es quitarles a los colombianos plata y poder para depositarlos en el estamento político.

Para vencer la pobreza y mejorar el nivel de vida de los colombianos, el camino es diametralmente opuesto al propuesto por el presidente Petro. Se debe confiar en la iniciativa de los colombianos y dejarles, por iniciativa propia, el poder de decisión de a qué dedicar los fondos de la sociedad. Eso significa rebajar los impuestos y legislar para favorecer a la libre empresa.

La propuesta de constitución del Gobierno, y avalada por diferentes sectores políticos, no solo es inconveniente, sino peligrosa. Los políticos que participarían en su redacción serían como los ratones cuidando el queso; por medio de la Constitución pueden acceder a su pan de cada día: más poder, más gasto público y más tajada del mismo. Es por eso que los ciudadanos debemos desconfiar y rechazar la propuesta de una constituyente, no porque sea de izquierda o de derecha, sino porque es un mecanismo para coartar nuestra libertad como ciudadanos.

En el momento en que los colombianos entendamos que los países que han salido de la trampa de la pobreza lo hicieron confiando en sus emprendedores y empresarios, y que los que han caído en una espiral de pobreza con el modelo del gasto público y dándoles anchas a las empresas electorales, como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Argentina, han sumido a sus compatriotas en las dificultades económicas, estaremos listos para emprender una modificación de la Constitución del 91. Esta debería ser una reforma en el que el principal derecho y responsabilidad de los individuos es la libertad de crear valor a su prójimo, y no la de darle más juego a un estamento político más que cuestionado.