No cederle espacio a la incertidumbre

El mundo globalizado nos da acceso expedito a la información mundial y nos permite entender que hoy, no solamente las decisiones políticas, administrativas y económicas de un país se traducen en beneficio o en crisis para su economía, sino que son el reflejo y el espejo del contexto internacional.

La decisión de la Reserva de Estados Unidos de subir las tasas de interés, como fórmula de choque para detener la inflación, ha producido un coletazo natural en varias latitudes y los sistemas de banca central de otros países, incluido el nuestro, han venido replicando el modelo. El conflicto entre Rusia y Ucrania; la volatilidad en los precios internacionales del petróleo; el uso, consumo y abastecimiento de energías, y el nerviosismo que acusan los mercados bursátiles en el mundo, son factores coyunturales que obligan a reflexionar y a proceder con cautela.

La inflación se explica también por factores externos como la crisis de la logística internacional, la interrupción de cadenas de valor y las medidas adoptadas en China para mitigar el impacto del covid-19. Con tasas de interés más atractivas en Estados Unidos, el dólar se ha convertido en un activo muy valioso: en moneda de reserva. Por eso su revalorización y el interés de más inversionistas y consumidores en refugiarse en esta divisa. No hay que desconocer que esa escalada también puede ser un signo de recesión.

Aun así, no sería exacto afirmar que la “disparada” histórica en el precio del dólar y la inflación que genera enormes costos sociales en Colombia estén exclusivamente ligados a esas coyunturas. Algunos de los cambios que ya se anuncian en la transición democrática que vive Colombia han generado incertidumbre en segmentos de la producción y también entre aquellos inversionistas extranjeros que siempre reclaman mayor seguridad jurídica y estabilidad tributaria.

La incertidumbre también es natural, pero no es sano cederle más espacio del que ya está copando. Una reforma tributaria estructural como la que se avecina, con el entorno macroeconómico actual, obliga a hacer un sano y saludable ejercicio de equilibrio para sostener la estabilidad de las finanzas públicas. Hace indispensable también que la construcción de consensos que hoy avanza trascienda el ámbito de las colectividades políticas y se amplíe a la academia, a los gremios, a las organizaciones civiles y a los territorios.

Todos debemos ser conscientes, por ejemplo, de que un ingreso mineroenergético que supera los $ 20 billones no puede estar sujeto a la incertidumbre, ni al vaivén de la economía.

La inversión social hay que financiarla y eso nadie lo discute. Pero las reformas, por ambiciosas que sean en su concepción, deben ajustarse a las capacidades de la sociedad y a las reglas que aseguran la estabilidad de las instituciones económicas que nos rigen: el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal, amén de la independencia de la banca central. Se trata de figuras e instituciones que le han granjeado a Colombia la confianza internacional y el acceso al crédito.

Más que aconsejable, resulta indispensable que las reformas tengan un marcado componente regional. Pensar en una reforma tributaria centralizada bajo la égida de la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda sería ignorar que los departamentos disponen de fuentes tributarias muy limitadas que los hacen dependientes, casi por completo, del Sistema General de Participaciones.

Por supuesto, más allá de la reforma tributaria, debe quedar en firme la garantía de una reducción del gasto de funcionamiento de las entidades nacionales y territoriales. Urge un reacomodamiento de las competencias que, de la mano de la reducción del gasto, puedan significar más recursos para el gasto social.

En ese contexto, es destacable que el presidente electo haya aceptado la importancia de establecer diálogos regionales, no solo enfocados en el propósito superior de la paz, sino en la formulación democrática de un Plan Nacional de Desarrollo que equilibre la distribución de recursos y fortalezca la capacidad de las entidades territoriales para decidir, en materia de lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad.

En ese sentido, el viejo modelo que ha hecho que las fuentes de recursos de departamentos y municipios estén atados a los ingresos corrientes de la Nación debe ser reconsiderado. Resulta difícil explicar, en medio de la actual coyuntura, que las participaciones estén atadas a una inflación galopante. Pero así tendrá que seguir siendo mientras no se exploren fuentes nuevas que promuevan, al propio tiempo, la disciplina fiscal en las regiones.

Ahora bien, la mejor contribución que debe hacer el Gobierno entrante es generar confianza y garantizar medidas de estabilidad política y económica, para que la reactivación que se nota desde el 2021 se mantenga y el país siga creciendo.