No hay tal triunfo proletario con la reforma laboral

Hasta ahora hay varios bloques de opinión sobre el proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro. El primero, el coro de Casandras, encabezado por los ejecutivos de Rappi que predicen la destrucción de su plataforma, seguido de Fenalco, que augura que se llegaría a un nivel cercano a los 4,5 o 5 millones de desempleados, y de la Andi que la define como “certificado de defunción al emprendimiento”.

En el segundo están el viceministro Edwin Palma, quien justifica el proyecto con el visto bueno pedido al Banco Mundial y a congresistas gringos y su ajuste a los postulados de la Ocde, la OIT y la Misión de Empleo. A su vez, los dirigentes de las centrales hacen hilos en Twitter sobre “lo positivo” de “recuperar derechos arrebatados”, aunque no los rescate del todo ni vaya más allá y, claro, el presidente Petro que pronostica que “el salario real crecerá para que pueda industrializarse este país”.

Un tercero, como el jurista Héctor Riveros, resalta que Gloria Ramírez dejó “viejas posturas”, en un “proyecto (que) contiene sólo dos o tres cositas absolutamente menores” y que no hay medidas extremas como participación de los trabajadores en las utilidades o ampliación de las prestaciones sociales. Eso pasó con Correa en Ecuador.

Son análisis generales sobre el articulado, que no contemplan los efectos económicos que pueda producir la reforma y que definen su verdadera progresividad. Es necesario estimar si las nuevas disposiciones subirán o bajarán el salario promedio, que es el valor clave para la economía. ¿Qué resultará de dividir la suma de las remuneraciones de asalariados e independientes por el conjunto de los ocupados?

Se verá si los salarios ganan participación en el ingreso nacional; si el porcentaje que les corresponderá permanece invariable; si su porción aumenta o disminuye en relación con otras rentas como las ganancias empresariales, las financieras o de la tierra o los impuestos indirectos. Asimismo, prever los impactos sobre el desempleo que el Plan de Desarrollo se anticipó a fijar por debajo del 9 por ciento.

En Colombia la tendencia salarial predominante ha sido convertir el salario mínimo en el salario promedio. Entre 2019 y 2022, el primero creció 6 por ciento en pesos constantes, mientras que el segundo decreció 1 por ciento. Se van a juntar (ver gráfico con base en el Dane 2022).

¿Por qué? Hay 9,3 millones de trabajadores que ganan menos del mínimo (2022), 6,64 independientes y 2,65 asalariados, y existen 3,42 millones de desempleados (2023). Esa superpoblación relativa o ejército industrial de reserva es la “que regula el movimiento general de los salarios” (Marx), la cual –por los datos– influye en demasía en el salario medio.

No ayudarán mucho las recuperaciones de derechos arrebatados si pervive esa masa enorme, olvidada inclusive por los trabajadores formales, quienes sí vieron incrementar sus remuneraciones reales en el 17 por ciento entre 2019 y 2022. Seguirá el contrato a la barata, tras la frase “gente que trabaje hay mucha”.

Además, el artículo 70 de la reforma limita a dos salarios mínimos mensuales aquellos que tendrían derecho a un reajuste “por lo menos igual al IPC”. Así, se planta un rígido parámetro fiscal para las negociaciones con los sindicatos estales y se empuja el salario promedio a la baja, que convergerá a la larga con el mínimo. Los nuevos costos se financiarán con la rebaja de la paga a los 15 de cada 100 empleados que ganan por encima. ¿Lo sabe Fecode?

La participación de los ingresos laborales en los de toda la economía cayó en picada desde 1994 del 52 por ciento a cerca del 40 (Saqueo, págs. 82 y 102). ¿Se reversará tan regresiva tendencia con base en la reforma, si no cubre al conjunto de los trabajadores ni a todas las ramas, y con los impuestos indirectos en combustibles, energía y la canasta familiar que decretó la tributaria?

Sobre el aumento o la caída del empleo, sirve traer conceptos de Keynes que lo ligan a la inversión, supeditada a las tendencias al consumo, al rendimiento neto de los activos y a la tasa de interés, que es con base en lo cual “las firmas demandan el empleo a nivel de máxima ganancia” y no por “las políticas gubernamentales que inciden en dicha demanda sin causar ni remediar la desocupación”.

La evidencia está en las leyes anteriores de “flexibilización laboral” que bajaron los sueldos, pero estancaron el desempleo estructural en 10 por ciento.

La reforma no es un tsunami, es un plan reivindicatorio cuyas escasas positividades e inciertos logros salariales se desvanecerán en la penumbra de la competencia vil entre obreros por sobrevivir en el salvaje libre comercio de los TLC. No es para tañer campanas proletarias.