No tenemos miedo

“¡No tenemos miedo!”, gritan a pleno pulmón los hermanos venezolanos, en medio de marchas pacíficas que congregan a decenas de miles de ciudadanos, mientras reclaman el verdadero valor de la democracia. Han depositado su libre voluntad en las urnas, cuando el grueso de la población rechazó la tiranía impuesta por la ideología comunista, representada en el castrochavismo que la ha atropellado por un cuarto de siglo.

Medios de comunicación muestran la violencia empleada por representantes del gobierno, por los famosos colectivos y posiblemente por mercenarios contratados para intimidar y causar daño a los manifestantes, quienes no actúan como los integrantes de la Primera Línea en Colombia que impulsó la oposición en 2021, en cabeza de quien hoy está en la presidencia y de sus alfiles como el ‘bachiller Bolívar’. Grupos de vándalos que tanto daño causaron a la propiedad pública y privada, llegando inclusive a la violación de los derechos humanos y al asesinato, actos terroristas que vendieron los zurdos bajo la imagen de un falso ‘estallido social’.

Sin duda, la democracia es un derecho de los pueblos y esta no se negocia; lo reconoce la Carta de la OEA desde su preámbulo: “La democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, por lo cual, las elecciones del 28 de julio en Venezuela, además de devolverles la esperanza a estos ciudadanos que votaron por un mejor y próspero futuro, se convierten en la piedra angular que valida las libertades en la región, afectada desde hace más de seis décadas por los nefastos principios de la ideología socialista.

Las pasadas elecciones en Venezuela muestran claramente la existencia de una lucha ideológica que quiere implantar por la fuerza gobiernos dictatoriales en los países de América Latina; es una secuela de la Guerra Fría que mantiene un conflicto entre el decadente y opresor comunismo, frente a las libertades que caracterizan al capitalismo. Varios Estados, inclusive algunos con orientación de izquierda, han reconocido el triunfo de Edmundo González en estas elecciones, aunque otros gobiernos de la misma tendencia acogieron la fraudulenta imposición de Maduro como triunfador, sin lograr demostrar su supuesta validez.

Llama la atención la posición de varios gobiernos, entre ellos el de Colombia, donde con la abstención frente a realidades trascendentales como el fraude en el vecino país, se convierten en cómplices de la violencia y los crímenes que afectan a los hermanos venezolanos y alientan a las fuerzas de represión para coartar la voluntad de un pueblo; se observa, en general, que la comunidad internacional permanece impávida frente a estas atrocidades, facilitando que pase el tiempo, que es lo requerido por el gobierno para —posiblemente— manipular la información de los resultados.

Queda claro con esta experiencia que para la izquierda el poder no se entrega; una vez logrado, este se mantiene ‘con patas y manos’, sin importar lo que haya que hacer. Esta es una lección de oro para Colombia que, lamentablemente, por una parte, se dejó seducir por la dialéctica zurda y por otra, por la indiferencia de un segmento importante del electorado que no asistió a las urnas, lo cual entregó en bandeja de plata el gobierno a los intereses de los ‘progres’ que hoy ordeñan sin compasión al erario público y donde la corrupción ha alcanzado niveles insospechables.

Es muy válido lo afirmado por el director del Instituto Panamericano para la Defensa de la Democracia, quien afirma: “El crimen no puede generar derechos”, lo cual es totalmente válido para ser aplicado tanto en la Venezuela azotada por el terrorismo de Estado, como en Colombia, país donde la impunidad ha hecho camino y el delito genera beneficios. Cuando la justicia deja de ser oportuna y se cubre con tintes políticos, deja de ser un disuasivo frente al delito; cuando el delincuente se convierte en actor político por decisión amañada del jefe de Estado, se corrompe el sistema.

Los días pasan y no se observa el peso de la comunidad internacional que haga valer los derechos políticos de los amigos venezolanos; parece que los están dejando solos. Si no hay transición en Miraflores, Colombia sufrirá las consecuencias de un nuevo éxodo, se afectará la economía, se afectará el empleo, se fortalecerá el poder de la izquierda en el continente y, con mayor razón, se consolidará el progresismo para las elecciones del 2026.

Colombianos, a pensar en Colombia y en su futuro.