No todo crimen es político

Hace unos 30 años, cuando trabajaba en El Tiempo, asistí a una conversación sui géneris. Se debatía sobre cuántas personas asesinadas clasificaban como una masacre. ¿Tres, cuatro, siete? Colombia vivía la primera ola de la barbarie paramilitar y pululaban las matanzas. La discusión era semántica y periodística. Semántica, porque era importante ser precisos en la descripción de los acontecimientos. Periodística, porque abusar del uso del término podría bajarle el impacto a una tragedia y su valor noticioso.

Si mal no recuerdo, se decidió, informalmente, que el asesinato de mínimo cinco personas calificaría como una masacre. La consecuencia práctica fue que algunos crímenes quedaron relegados a la columna de breves del periódico. No era por falta de sensibilidad de los periodistas, sino, francamente, por falta de espacio.

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Los periodistas no fueron los únicos abrumados por la violencia ni los únicos que la aceptaron como cotidiana, como parte de un paisaje llamado Colombia. Igual ocurrió durante el narcoterrorismo, cuando cada explosión a la distancia se comentaba con calma: “Fue una bomba”. Así. Sin signos de exclamación.
Los gobiernos tampoco fueron ajenos a tratar lo excepcional como normal. Informaban de los hechos –muchas veces identificando a los presuntos responsables de la atrocidad–, pero sin detalles ni pruebas. Obraban como sencillos notarios: “Mataron a tres hombres, asesinadas cuatro personas, cinco muertos en balacera”. 

Con el tiempo, tanto los medios como las autoridades optaron por darles mayor realce a los muertos con tinte político o de visibilidad social. Cobró particular relevancia la profesión o la condición del difunto: sindicalista, defensor de derechos humanos, docente, líder indígena, periodista, líder social, etcétera, etcétera. El resultado fue una nefasta estratificación distorsionada de las víctimas. Parafraseando los mandamientos de la novela La granja de George Orwell, “todas las víctimas son iguales, pero algunas víctimas son más iguales que otras”.

Esa segmentación subsiste hoy, como quedó al descubierto con el cubrimiento mediático de la muerte violenta de varios colombianos en diferentes regiones del país. Ante el hallazgo de siete cadáveres en el municipio de Argelia, Cauca, muchos asumieron que era una matanza de campesinos y no, según las investigaciones iniciales, el desenlace de una disputa entre organizaciones criminales. Incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo describió como un “atentado contra la paz”. También generaron titulares los asesinatos de dos mujeres y dos hombres en otros municipios del país: “Continúa masacre contra líderes sociales”, reza uno de varios. La ONU tampoco se quiso quedar por fuera y condenó “vehementemente” los crímenes. Frente a tanta unanimidad, los presidentes –saliente y entrante– prometieron incrementar las medidas de protección.

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Muy pocos cuestionan el silogismo: es un asesinato, la víctima es un líder social, entonces lo mataron por ser un dirigente. Plantear algo diferente es visto como reaccionario e inhumano. Todo lo contrario, es lo responsable. Si el diagnóstico o la premisa es equivocada, la solución será inadecuada. El científico Steven Pinker explica que es usual que las personas se sientan incómodas cuando la evidencia choca con sus suposiciones políticas. Y más aún en este país, donde mataron a miles de personas por razones ideológicas y partidistas. Que esa sea nuestra historia no significa que sea el presente.

La Colombia de hoy no es ni la sombra de la de los años ochenta. Un asesinato múltiple, aunque sean menos de cinco las víctimas, es noticia. Es algo excepcional. Hay una mayor probabilidad de identificar y capturar a los responsables. No perdamos la perspectiva ni sigamos cometiendo el error de priorizar los casos según la víctima y prejuzgar por su condición. No todo crimen es político. Mas todas las víctimas son iguales.

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