Notas para esta reforma tributaria

El Gobierno estima el déficit fiscal en 8,6 % del PIB para este año, lo que equivaldría a $86 billones.

No todo el déficit se puede atribuir a la pandemia, buena parte viene de atrás, por ejemplo, durante las administraciones del Juan Manuel Santos la deuda externa aumento de USD 55.000 millones a USD 116.3000 millones, este año alcanza USD 156.834, lo que equivale a 51,8% del PIB. El acuerdo final con las Farc comprometió a los próximos tres gobiernos por recursos cercanos de $193 billones.

La reforma tributaria recientemente presentada buscaría recaudar $23,4 billones. El 60,7 % provendría de personas naturales, el 31,1 % del IVA, y el 13,2 % de empresas. Una de las finalidades es evitar que las calificadoras de riesgo excluyan el país del grado de inversión y de la recuperación de la senda de crecimiento económico sostenible.

Existen otras formas diferentes al alza de impuestos para obtener recursos para el Estado. La Nación tendría participación en 105 empresas que ascendería a $170 billones, donde solo para mencionar dos, el 8,9 % de Ecopetrol equivaldría a $10 billones y el 51,4 % de ISA a $14,5 billones, que superarían el valor que se pretende recaudar con la reforma. Lo anterior, sin contar la participación en empresas de los municipios o departamentos.

Colombia posee el más grande inventario del mundo de bienes incautados al narcotráfico, se estima que son más de 64 mil activos, respecto de los cuales tan sólo 5.700 han sido objeto de extinción de dominio. Procedimientos más expeditos que permitieran su rápida comercialización proporcionarían una importante fuente de recursos.

De otro lado, se debe mencionar la falta de ejecución del presupuesto del 2020, estimada en $23,5 billones, lo cual no solo indicaría reducciones de gasto, sino un ahorro disponible para este año, por un valor equivalente al que se pretende recaudar con la reforma.

El presupuesto general de la Nación para este año aprobó $313,9 billones de los cuales $58,6 billones son para inversión. Si los presupuestos de las entidades territoriales se estimarán en $90 billones, los costos del Estado equivaldrían al 40% PIB. Una reducción del 5% equivaldría a un poco menos de la suma que se pretende recaudar con la reforma.

Las disposiciones constitucionales, desarrolladas por la Ley 489 de 1998, conceden al Gobierno Nacional amplias atribuciones para reestructurar y suprimir entidades administrativas, con miras a evitar duplicidad de funciones e ineficiencias administrativas.

Otros temas como la formalización del empleo, la bancarización, la focalización efectiva de los subsidios, la revisión de nóminas paralelas, contribuirían a un mejor recaudo y a la reducción del gasto público.

Subir los impuestos no es una medida popular, sin embargo, la situación excepcional de la pandemia y la contracción de la economía, demandan el esfuerzo de todos. Como tantas veces se ha dicho, se requieren grandes acuerdos de los partidos, los gremios y las organizaciones sociales que permitan encontrar las mejores fórmulas para salir de esta difícil coyuntura. No es momento para que la oposición acuda al expediente fácil del populismo, de más impuestos para los ricos, cuando se trata de reactivar la economía, proteger el empleo y la empresa.

En fin, un gran acuerdo nacional en donde todos paguemos un poco más de impuestos conforme a nuestras capacidades, donde las administraciones territoriales y nacional reduzcan ineficiencias y duplicidades, donde se enajenen participaciones en sociedades de economía mixta según su pertinencia y oportunidad, donde se profundicen la formalización y los controles, harán viable reducir el déficit fiscal con sacrificios menores y proporcionados.