OPINIÓN
Nuevamente calladita
Las decisiones personales son respetables pero deben conocerse cuando las han tomado personas que aspiran a ejercer funciones públicas.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana fue defensora y se casó con un militar implicado en crímenes de lesa humanidad, homicidios, torturas y falsos positivos. La Corte Suprema, que la eligió para la alta magistratura, jamás conoció este aspecto de la interesante biografía de la doctora Lombana, quien también omitió otras informaciones tal como ya se ha contado esta columna.
El ahora exesposo de la magistrada, teniente coronel William Roberto del Valle, es uno de los militares de mayor rango procesados por falsos positivos.
El oficial fue condenado por el asesinato de Gerardo Liévano García ocurrido en 1993. Liévano era un sindicalista sospechoso de hacer parte de un grupo guerrillero. De acuerdo con dos fallos judiciales, de primera y segunda instancia, William Roberto del Valle participó en torturas contra tres hombres, entre ellos Liévano quien murió durante la sesión de tormento.
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Los hombres fueron golpeados, punzados en sus testículos, y sometidos a la técnica de ahogamiento conocida como ‘el submarino’. Finalmente Liévano fue rociado con gasolina y quemado vivo.
Su cadáver, totalmente calcinado e irreconocible, fue encontrado en una carretera de Norte de Santander. Por esos hechos la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 25 años contra William Roberto del Valle al no casar la sentencia contra él.
No ha sido el único crimen en el que ha estado envuelto el exesposo de la magistrada Cristina Lombana. Mientras estaba casado con ella estuvo involucrado en uno de los más emblemáticos casos de falsos positivos. La revista SEMANA publicó un artículo titulado ‘Once militares a prisión por falsos positivos’ sobre hechos sucedidos en septiembre de 2004.
Allí narran que una fiscal de derechos humanos encontró evidencias de participación de militares del grado de coronel en ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros. El artículo menciona al coronel Jaír Arias Sánchez y al teniente coronel William Roberto del Valle.
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La publicación reporta que, de acuerdo con la investigación judicial, dos civiles que habían desaparecido en La Ceja, Antioquia, fueron asesinados por militares y reportados como guerrilleros de las Farc muertos en combate con el Ejército en la vereda San Gregorio.
Las decisiones personales son respetables pero deben conocerse cuando las han tomado personas que aspiran a ejercer funciones públicas.
Pero ahí no se acaban las sorpresas. Dentro del mismo proceso existe una prueba de un plan para obstruir a la justicia. Se trata de una llamada telefónica interceptada entre dos militares implicados en los mismos hechos y publicada por SEMANA, en ella un suboficial instruye a un soldado profesional sobre lo que tiene que declarar: “Quédese callado, nosotros no lo vamos a nombrar en nada. Si a usted lo llaman, usted diga: yo no sé nada de lo que en algún momento el teniente Moreno hacía. Yo no sé nada, yo no sé nada. No nombre a coroneles, no nombre a nadie. Mejor dicho, no nombre nada. Y nosotros de aquí palante, nosotros no sabemos nada”.
Los casos de violación de derechos humanos del teniente coronel William Roberto del Valle eran conocidos por Cristina Lombana antes de casarse con él. Incluso actuó como su abogada defensora. Un documento de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, retomado por el Consejo de Estado, deja clara constancia del papel de la hoy magistrada: “Negar la petición de la Dra. Cristina Lombana, defensora del señor William del Valle (…) en consecuencia esta delegada se declara competente para seguir conociendo de la presente investigación, remitida por competencia por el Tribunal Superior Militar”. El documento es de noviembre 20 de 2001.
Tres meses después, el 4 de marzo de 2002, la doctora Lombana se casó con el cuestionado militar William Roberto del Valle. En diciembre de 2004 se divorciaron según consta en el registro civil.
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Las decisiones personales son respetables pero deben conocerse cuando las han tomado personas que aspiran a ejercer funciones públicas, más aún si se trata de jueces.
La pregunta es ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no fue advertida de la existencia de este antiguo vínculo antes de la elección de Cristina Lombana como magistrada?
Epílogo: Mientras la magistrada Lombana, cuestionada por sus compañeros, trata de quedarse a como de lugar en la Corte Suprema; su exesposo espera que la JEP asuma un caso donde se prepara juicio contra él por homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
