Objetivo: Uribe

El momento no puede ser más inoportuno. La mujer de Tirofijo en la vicepresidencia del Senado, cubriendo de mentiras sus delitos atroces, sin honrar los compromisos firmados, y el mandatario que fue su mayor enemigo, en prisión domiciliaria.

“La ley no puede estar por encima de nadie”, exclamó Iván Cepeda. Pero al senador de extrema izquierda le faltó añadir: “Salvo que se apelliden Santrich o Márquez”. Pronto olvidaron el acontecimiento en que la JEP puso su granito de arena, Cepeda corrió a proteger al congresista de Farc pedido en extradición por narco y la Corte ejecutó la escena final del libreto en un abrir y cerrar de ojos abriéndole las puertas de la cárcel. Todos sabían que Santrich escaparía a Venezuela, pero en esas fechas les pareció más importante propinar un golpe a Uribe, así fuese en la cara de Duque. Ni siquiera pidieron disculpas al país cuando le vieron con una ametralladora, amenazando con más violencia a los colombianos.

Incoherencias insoportables, lacerantes, para los uribistas y chocantes para quienes, sin serlo, criticamos un proceso de paz y unas altas cortes complacientes con los criminales.

Y no pidan milagros. Imposible que la Corte Suprema, politizada, plagada de escándalos de corrupción, de manoseos con mafiosos, de paseos inútiles con viáticos millonarios, de peleas intestinas y de oscuras componendas para cubrir vacantes y elegir cargos, genere credibilidad entre muchos ciudadanos. Sin olvidar la manera espuria de invalidar los computadores de Raúl Reyes, con su invaluable caudal de pruebas contra sus aliados, ni que esta última Corte Suprema fuera conformada, en parte, por su expresidente Leónidas Bustos, del cartel de la toga y calanchín de Santos, y Eduardo Montealegre. Todos sabemos que sin padrinos poderosos ni burocracia a repartir de entidades como la Fiscalía General, no hay quien se bautice como magistrado.

Por esa razón, aunque digan que son nuevos, ya parecen viejos con las mismas mañas. Incapaces de rellenar vacantes, por intereses personales inconfesables, de mantener el secreto del sumario y de recordar que el derecho debería ser lo único que cuenta a la hora de emitir fallos.  

Necesitaron nueve meses y emplear más de 1.000 páginas en una providencia. Toda una torre de papel con el fin de evidenciar los “posibles riesgos de obstrucción a la Justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que podría protagonizar Uribe fuera de su casa. Pregunté a abogados penalistas y jamás conocieron nada tan extenso para una simple medida de aseguramiento. Demuestra, dijeron, la necesidad de rellenar con ríos de tinta la falta de argumentos.

Con todos los focos sobre el expresidente, el abogado Cadena y los testigos, ni queriendo podrían haber manipulado personas y pruebas. Tampoco iba a huir el senador al exterior, como Colombia entera sabía que haría Santrich, cazado en plena negociación con un narco.

Y no confundan la dura medida contra Uribe con la independencia y valentía que debería regir siempre la actuación de las altas cortes. Generaron un estruendo innecesario que entorpece su labor. Podrían haber seguido investigando, sin filtraciones, sin alharacas, para intentar llegar al fondo del asunto, aunque dudo que con testigos como Monsalve, que cambian el testimonio según sople el viento, alguien pueda discernir, sin asomo de duda, la verdad de sus mentiras. Menos cuando lleva una vida de lujo en La Picota, gracias a Cepeda, en la casa fiscal que usaba el director del penal y si bien le quitaron televisores y el trago en una requisa, es consciente de que debe su estatus privilegiado a dirigir sus dardos contra el expresidente.

Por supuesto que los magistrados no están solos, hay una importante parte del país que aplaude una decisión que Montealegre, Iván Cepeda, las Farc y Santos llevaban años persiguiendo. Vencieron con su idea de usar la Justicia como arma de destrucción política. Y apuesto a que confían en que la detención domiciliaria será solo la primera etapa de un interminable recorrido en el que encadenarán un caso con otro hasta llegar a El Aro.

Aunque, para ser justos, es Cepeda quien más merece la medalla. Inició sus correrías por cárceles de Estados Unidos y Colombia hace más de una década, buscado testimonios de paramilitares contra Uribe y prometiendo colaboraciones económicas y gabelas carcelarias, disfrazadas de “ayudas humanitarias”, como las que recibieron Monsalve y otros.

Lo que nunca debió hacer Uribe como exjefe de Estado es contratar a Cadena, quizá para disputar, con las mismas armas, la habilidad de un senador de izquierda radical para convencer a unos testigos, maestros en la retractación, de ponerse de su parte. Error que está pagando caro.