Obra con 6 actos

Primer acto: a once días antes de que venza el plazo que tiene el presidente Duque para objetar o sancionar la ley estatutaria de la JEP, la Fiscalía anuncia a través de su cuenta en Twitter una noticia que la enloda: “Capturado el fiscal Carlos Bermeo de la JEP junto con 4 personas más, incluido el exsenador Luis A Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Bta, en momento en que recibían 500.000 dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández”.

Segundo acto: La Fiscalía publica los audios y los videos en que se ve a Bermeo recibiendo un fajo de billetes por debajo de la mesa. Aunque el audio es muy malo y por momentos es imposible escuchar lo que dicen, los senadores del CD se indignan y proceden a cavarle la sepultura a la JEP. Uno de ellos, José Obdulio Gaviria compara a los magistrados de este tribunal con los magistrados venezolanos que se han sometido a Maduro y le pide al Gobierno norteamericano que los extradite. “¡Narcotraficantes!”, les gritan en las redes. Como si se tratara del anticristo, la jauría uribista apelando a los más bajos instintos logra convertir en tendencia varios HT contra la JEP. Para el lunes ya no solo se habla de Bermeo sino que se pone en tela de juicio la integridad hasta de la presidenta de la JEP a la que se le acusa de ser la clientelista número uno del país, porque a los uribistas no les gustó que la JEP hubiese contratado a Miguel Samper, el hijo del expresidente.   

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Tercer acto: Las primeras inconsistencias en la investigación de la Fiscalía surgen cuando se produce la audiencia de imputación contra Bermeo y Gil.

Se revela algo insólito, pero que ya es común en la Fiscalía de NHM: que la plata que habían recibido Bermeo y compañía no era producto del narcotráfico, sino una “entrega controlada” hecha con un dinero proveniente de un fondo de la Fiscalía.  Al parecer la operación encubierta había surgido de un oficio de la DEA que les informó este 28 de febrero pasado de la existencia de una posible banda dedicada a vender información reservada de procesos penales.

La relación con Santrich y Bermeo que tanto había invocado la Fiscalía naufraga. Aunque en los audios revelados por la Fiscalía se le nombra al exguerrillero las referencias son tan tangenciales que difícilmente pueden convertirse en una prueba. Tampoco se sabe quién trajo a colación por primera vez su nombre en estas tratativas porque la Fiscalía no presentó las interceptaciones que permitirían establecer esa secuencia. ¿Fue la fuente, es decir el infiltrado de nacionalidad mexicana el que le preguntó a Bermeo por el caso Santrich? ¿Fue al contrario?...Si fue el misterioso infiltrado ¿cuál era su intención?  ¿Está la Fiscalía usando el dinero de los colombianos para infliltrar a la JEP, que es un tribunal constitucional? ¿Está la JEP siendo interceptada por la DEA, como sospecha su presidenta?

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Según la Fiscalía Bermeo, quien era tan solo un fiscal de apoyo, podía hacer y deshacer en la JEP porque tenía un “magistrado” y un “secretario” del lado suyo, dando a entender que esa era su red de corrupción.  Sin embargo en la audiencia la Fiscalía no identificó a esos funcionarios. ¿Dónde está la red de corrupción?   

Cuarto acto: La falta de evidencias para vincular a Jesús Santrich con este posible caso de corrupción  ha sido tan burda que el delegado de la Procuraduría llega a la conclusión de que no hay evidencia alguna que permita ligar a Santrich con Bermeo. 

El jueves 7 de marzo, viendo que los medios no mordían el anzuelo, el fiscal NHM sale a decir que el nombre del magistrado era el de José Hormiga. Sin embargo, luego de haber expuesto su nombre, él mismo, con ese cinismo que lo caracteriza, aclara que a pesar de que aparece mencionado “no existe evidencia que lo comprometa”.  El magistrado salió de inmediato a aclarar que su sala, la de Definición de Situaciones no tenían nada que ver con los trámites de extradición, pero ya era tarde porque ante los ojos de sus detractores la JEP ya era culpable.  

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Tampoco podemos saber en qué consistió la información que sustentó el oficio que le entregó la DEA a la Fiscalía ni si la red de corrupción de la que ellos alertaron tenía relación o no con la JEP. Ese secretismo justiciero ha sido la impronta de la administración de Martínez Neira.

Quinto acto: El ambiente está creado para que Duque objete la ley estatutaria de la JEP. Yo escribo esta columna sin saber cuál va a ser el desenlace. Si el presidente la objeta será el comienzo de una guerra contra la rama judicial, contra medio Congreso, contra los militares que se acogieron a la JEP; tendrá que enfrentar a la CPI, a la comunidad internacional y la reactivación de la guerra ya que muchos exguerrilleros al ver que no tienen seguridad jurídica volverán a las armas.

Sexto acto: En unos meses cuando nadie se acuerde de ellos, Bermeo y compañía saldrán libres por vencimiento de términos o por falta de pruebas, como sucedió con los de SuperCundi, con los de Panama Papers y con tantos otros.

FIN DE LA OBRA