Omisiones sistémicas de lesa humanidad

El país entra en una clara recesión derivada de la brutal y contracíclica reforma tributaria, la inoperancia del Gobierno, reflejada en su incapacidad de ejecución, las reformas erráticas en todos los ámbitos (laboral, salud, pensiones, energía, medioambiente), el escándalo moral constante, las invocaciones a la ruptura social y la diatriba permanente contra el sector productivo y la incertidumbre generalizada. Pero, por encima de estos factores, la intención específica, positiva, sistemática y efectiva de entregarles a las guerrillas y paramilitares el control de amplias áreas de la geografía nacional es sin duda el mayor contribuyente a la recesión y a la abrupta caída de la inversión en el 24 % que sepulta el crecimiento para 2024.

Más allá de resaltar aquí el efecto estructural extenso que el recrudecimiento de la actividad guerrillera y paramilitar, en intensidad y alcance territorial, tiene sobre la economía, es evidente que este desaforado aumento es resultado, previsto y previsible, de un conjunto de políticas específicas del Gobierno.

No cabe duda, y se demostrará judicialmente, que el resurgimiento súbito y generalizado de la guerrilla y el paramilitarismo en casi todo el país responde a una política del gobierno clara y efectivamente coordinada, en el tiempo y en el espacio, con los grupos armados.

No se trata solamente de las declaratorias generales de cese al fuego, denominación cínica y errada para matizar, en la órbita del discurso propagandístico de los alfiles civiles de las guerrillas, lo que en la práctica no es otra cosa que actos administrativos que implican un intencional incumplimiento de los deberes legales y constitucionales del presidente y de sus subordinados de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

En contexto, no se puede olvidar la enorme barrida de generales de la Policía y las Fuerzas Militares en el inicio del gobierno. Una de las pocas acciones dinámicas, y aparentemente certeras, en la historia lamentable de esta administración. La barrida contó con la iniciativa informada de Iván Cepeda como miembro de la comisión segunda constitucional del Senado, una persona que ha dispuesto de las hojas de vidas extensas de todos los oficiales superiores de las Fuerzas Militares y de Policía durante más de doce años consecutivos. Participó igualmente, con información precisa y privilegiada, el general Salamanca, quien ahora vuelve a coronar su carrera por los beneficios de la política, que no por sus méritos en el servicio. Como notario de la barrida obró el ministro de Defensa Iván Velásquez, malqueriente, perseguidor y vilipendiador sistemático de nuestra Fuerza Pública, lleno de prejuicios y generalizaciones contra el estamento policial y militar, quien supervisa una estrategia de destrucción de la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado de las guerrillas y paramilitares.

Pero la intención de abrirle camino a la expansión rápida de la guerrilla y los paramilitares se basa igualmente en la intervención táctica. Se rumora claramente que el tiempo que no pasa Danilo Rueda negociando declaratorias como gestores de paz con los peores delincuentes del país, con sospechado beneficio económico, lo invierte en gestionar acuartelamientos específicos de unidades militares en múltiples municipios, con el cínico argumento de propiciar las negociaciones de la ‘paz total’, cuando en realidad se trata de habilitar el avance de los frentes guerrilleros y los grupos paramilitares en zonas donde no tenían influencia o la habían perdido.

En la práctica se niegan refuerzos a la Policía en zonas de expansión guerrillera, se ordena a los batallones permanecer en sus guarniciones, se fijan retenes en zonas irrelevantes para habilitar el trasiego de grupos guerrilleros, se desconocen alertas ciudadanas, se abandonan patrullajes o se prohíben en los mismos contactos con los ilegales.

El efecto dual de esta estrategia es devastador. Recorriendo el país, de cara a las riesgosas campañas electorales territoriales de octubre, se encuentra una ciudadanía aterrada, desmoralizada y sojuzgada al más grosero, abierto y descarado boleteo, a los asesinatos selectivos, a bombas a los renuentes y a la intimidación sistemática.

El otro gran efecto es el desprestigio de nuestra Fuerza Pública. El Ejército ha sido, durante años, la institución del Estado más respetada por los colombianos. Pero hoy los ciudadanos en los municipios empiezan a ver con recelo la ausencia reiterada de acciones por parte de la Fuerza Pública. El ciudadano percibe que la omisión es inducida por las órdenes del presidente. ¿Pero a partir de qué punto la omisión, así sea resultado de una orden, se convierte en complicidad?

Petro, Rueda y Velásquez responderán ante la justicia por su macabro plan de someter a la violencia a la población. Incurren en crímenes de lesa humanidad. Quienes abandonen a la ciudadanía, omitiendo sistemáticamente sus deberes, terminarán respondiendo también.