Operación asfixia

El gobierno de Gustavo Petro tiene un claro desprecio por la propiedad privada, el emprendimiento y los empresarios. Sus acciones hablan más fuerte que incluso su muy duro discurso contra la empresa. La estrategia de esta administración parece ser la de asfixiar a los privados para provocar reformas. Apocalíptico.

El desdén de Petro frente al empresariado se vio manifiesto durante su marcada ausencia en la Asamblea General de la Andi en Cartagena, a la que estaba programado para asistir y luego, una semana después, al cancelarle al Consejo Gremial una reunión que tenía planeada en Palacio. Para lo primero, su equipo justificó su falta diciendo que era una encerrona con el fiscal y para la segunda acusó un malestar de salud de última hora. Curioso.

Hago un paréntesis acá sobre las repetidas cancelaciones del presidente porque hace rato dejaron de ser justificables sus ausencias, cambios de planes o preocupantes desapariciones. Los colombianos tenemos todo el derecho de saber si el jefe de Estado está enfermo o padece algún otro tipo de problema. Claro que el mandatario puede enfermarse o hacer una pausa cuando lo considere necesario, pero también es cierto que su responsabilidad es la más grande que tiene cualquier otro nacional. Ningún país, y mucho menos Colombia, se puede dar el lujo de tener un mandatario de medio tiempo, uno que frecuentemente se ausenta, o que tiene un quebranto de salud o impedimento que no le permita funcionar en todo su potencial.

Las ausencias del mandatario son tan graves como la evidente estrategia asfixia que el Ejecutivo le está aplicando al empresariado. Esta semana quedó claro cómo su manejo de los pagos al sector salud tiene contra la pared a las EPS, que cuando quisieron pedirle un poco de oxígeno al Ministerio de Salud recibieron un portazo en la cara y una clara advertencia de que no contarán con la ayuda del Estado para sobrevivir. Peligroso. Bajo ninguna manera se pueden usar como rehenes de una disputa política a los colombianos que necesitan asistencia de salud.

También hay serias preocupaciones en la minería. Según la Asociación Colombiana de Minería, la Ley 2277 de 2022 contempla dos artículos que impactan enormemente al sector minero, a tal punto que pone en riesgo la viabilidad de los proyectos actuales y futuros. Estos serían el artículo 19, sobre la prohibición de deducir las regalías del impuesto a la renta, y el artículo 10, de sobretasa al carbón en escenarios de precios altos.

La entidad asegura que: “La reforma sobrepasa la capacidad contributiva de las empresas mineras, haciéndolas inviables en escenarios de precios promedios, lo que podría comprometer el recaudo de mediano plazo y el gasto social, ya sea por el ajuste de los planes de producción o por el cierre de operaciones, asociado a la mayor carga tributaria”. Agrega que: “Prohibir la deducibilidad de las regalías desconoce su noción constitucional como una ‘contraprestación’, de acuerdo con lo establecido en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, pues las regalías son un recurso público, que hace parte del patrimonio del Estado. Es un costo estructural de la operación minera sin el cual no podría generarse utilidades”. Brutal.

Pero hay más. En el agro también están las alertas prendidas. Con la ley 160 de 1994 (artículo 63) se reguló la extinción de dominio por no explotación de predios, y se introdujo la extinción de dominio por infracciones ambientales, ligada a las decisiones de las autoridades ambientales. Expertos en el tema advierten que la nueva iniciativa podría extinguir el dominio sin indemnización a cualquier propietario, campesino o agricultor que deje de explotar su predio de forma regular con cultivos o actividad agropecuaria por tres años, incluso si no está en capacidad para hacerlo por falta de recursos. Miedoso.

Pareciera que el Gobierno ha encontrado el camino para sacar adelante sus reformas atentando contra la empresa y la propiedad privada. El Ejecutivo estaría usando la estrategia de irles quitando el oxígeno a los jugadores de cada uno de los sectores en los que se quiere meter para que, debilitados, no puedan defenderse. ¿Es esto lo mejor para el país? ¿Resultaremos con mejor salud, más recursos de regalías y tierras productivas? Lo dudo. Todo esto es peligrosa demagogia.