Miguel Angel Herrera.

OPINIÓN

Oposición en la era de Petro

Lo que conviene al sector privado es ejercer una oposición, en los temas que lo ameriten y no de forma integral necesariamente, que contenga dos elementos fundamentales: argumentos técnicos y agenda social.

30 de junio de 2022

Petro está sacudiendo el tablero político más de lo esperado. Estamos frente a nuevos fenómenos que el sistema político colombiano no había vivido hace varias décadas, quizás desde el Frente Nacional, demostrando que -nos guste o no-, el anunciado cambio, está comenzando. Que el gobierno de Duque tenga que entregar su gestión a su más acérrimo opositor es inédito; que el país no conozca el equipo clave que va a acompañar a su nuevo jefe de Estado, es inusual; que el segundo en las urnas aparezca complaciente junto al nuevo Presidente, es curioso; y que los partidos de oposición natural se hayan sumado tan rápidamente a respaldar el reformismo legislativo del petrismo, no tiene antecedentes.

Es un ambiente bizarro, por ahora. Parece que Petro hubiera ganado con una aplastante diferencia que justificaría la pobre reacción de la oposición, y el rápido ritmo que lleva el presidente electo en alinear dioses y estrellas. Pero lo que vemos es la suma de suerte y miedo. Suerte porque pocos nuevos mandatarios en Colombia han tenido la fortuna de no tener en su principal contendor, en el vencido, un legítimo representante de la oposición. Rodolfo es un accidente de la derecha colombiana que terminó siendo un fiasco, llevando a los grupos del establecimiento a la derrota y dejándolos huérfanos para controvertir al presidente electo.

El miedo a las reformas que se vienen con Petro y al descalabro institucional terminan de explicar la situación. La campaña de Petro habría sembrado un temor que la derecha y la centro-derecha jamás habían experimentado. En este contexto, los líderes de ciertos sectores y partidos han optado por expresar su apoyo y por estar cada vez más cerca del gobierno electo, en aras de custodiar el contenido de las reformas estructurales y de salvaguardar la institucionalidad. El apetito por la mermelada podría estar justificado, desde esta óptica, por la necesidad de prevenir o contener las decisiones radicales que puedan venir del ejecutivo.

La eficacia de semejante estrategia está por verse. Los partidos de derecha la han probado, como es el caso del Partido Conservador, en gobiernos también de derecha o de centro-derecha. Pero nunca la ensayaron con gobiernos de izquierda. El Partido Liberal, que juega a lo mismo, aunque tiene una vocación ideológica más cercana a Petro, tampoco tiene experiencia en sumarse a gobiernos de naturaleza socialista. Todos están jugando a ensayo y error.

En este escenario resulta entonces fundamental la decisión de Uribe de reactivarse como líder político de la derecha. Es un ejercicio vital para la democracia colombiana, que podría estar en riesgo si no hay oposición política. Y acierta Uribe al aceptar la invitación del presidente electo, antes de su posesión el 7 de agosto, porque no conviene que ese día el país carezca de una fuerza opositora ante la avalancha de reformas que se comenzarán a discutir.

Pero la beligerancia de Uribe no será suficiente porque su liderazgo está desgastado y su partido en crisis. Su representatividad en el Congreso es débil y su influencia en las instituciones públicas es cada día menor. Sin embargo, el papel que podría jugar el uribismo es estratégico en el sentido de erigirse como la principal fuente convocante de otras fuerzas políticas. Parece difícil que una golondrina haga verano, pero con el eventual sismo en la administración pública que producirá Petro a lo largo del tiempo, es altamente probable que más partidos, movimientos y ciudadanos se vayan sumando a hacer oposición. Ahí podríamos ver un uribismo revitalizado e incidente en la política pública.

Sin embargo, el uribismo como única comunidad política de oposición podría resultar inconveniente para la salud de nuestra democracia. Conduciría de nuevo, en el mediano plazo, a una fuerte polarización que podría alimentar un mandato unilateral por parte de Petro y un activismo político ciudadano, con movilización social incluida, por parte del uribismo. La arepa volteada, como nadie hubiera imaginado.

En esta nueva película, que apenas comienza, no está clara aún la actitud opositora del sector privado, que por ahora se ha mostrado respetuoso y deseoso de colaborar con el nuevo gobierno. Sin embargo, son altas las probabilidades de choque por cuenta de las reformas que contravendrán los intereses de muchos sectores de inversión y por cuenta también de decisiones presidenciales que afectarían las libertades neoliberales que sustentan la economía de mercado.

De ahí que el sector privado requiera con urgencia de fuerzas políticas opositoras que puedan enarbolar la defensa de los sectores que podrían sufrir, si las promesas de Petro se concretan. Sin fuerzas, partidos o líderes que ejerzan legítimamente la oposición política, la inversión privada, y particularmente la inversión extranjera directa, estaría a la deriva. Pero no es sano que el único o principal aliado político sea el uribismo porque llevaría al sector privado a volverse parte de la polarización que se viene y a convertirse en objeto de mayor estigmatización por parte de los antiuribistas.

Lo que conviene al sector privado es ejercer una oposición, en los temas que lo ameriten y no de forma integral necesariamente, que contenga dos elementos fundamentales: argumentos técnicos y agenda social. Las reformas tanto legislativas como administrativas que alista el gobierno electo requerirán aterrizaje que los gremios y grandes empresas pueden facilitar mediante conocimiento y capacidades instaladas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que Petro tendrá que construir, muy pronto, es una primera gran oportunidad, pero también lo son los planes operativos sectoriales que cada ministerio liderará. Bajo el nuevo gobierno, los gremios y las empresas deberán abrirse a la posibilidad de participar compartiendo legítimamente estrategias con organizaciones de la sociedad civil, que en la era de Petro serán más escuchadas que los mismos representantes del sector privado.

Por ello, la agenda social tiene que ser una altísima prioridad de los sectores inversionistas que quieran proteger sus intereses. Mucho más que siempre. Petro acierta en mirar la productividad y la competitividad desde la óptica de los más vulnerables, lo que debería llevar a gremios y empresas a construir una agenda compartida con el nuevo gobierno, desde los territorios, desde los excluidos y desde los que no tienen capacidades para competir. Pero no con mirada asistencialista, sino con el interés de volverlos parte del desarrollo económico. Esa podría ser la mejor estrategia opositora de largo plazo, por parte del sector privado. De lo contrario, la fuerza social de izquierda podría llevar a Petro a donde él quiera.

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