Maduro, de constitución débil

Las coincidencias de la vida: el pasado 1 de mayo, en el contexto de la Feria del Libro de Bogotá, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos habló de la “Democracia en tiempos inciertos” y aseveró que “vivimos tiempos de dictadura con imaginarios democráticos”.

Ese mismo día, justo cuando cabía esperar que el gobierno venezolano abriera canales de comunicación para desactivar o apaciguar uno de los tantos frentes de la crisis que lo acosa, cerró más la puerta. Sus vías de salida se hacen precarias a medida que aprieta el puño y escasea todo, no solo la comida y las medicinas, también el diálogo y la democracia.

El anuncio del 1 de mayo convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, que el presidente Maduro identifica como un paso hacia adelante para profundizar el modelo del socialismo del Siglo XXI, realmente es un salto atrás para la democracia de Venezuela.

Tan de para atrás que va a cambiar la Constitución de 1999, la del librito famoso que ha enmarcado el cuadrilátero en el que se fajan gobierno y oposición; la de Chávez faro-luz-guía de todo lo que se debe hacer, aunque ese pajarito rector al parecer ya no le susurra al oído a Maduro. No deja de ser una paradoja que hoy la oposición defienda la Constitución del 99 mientras el oficialismo hace todo lo posible por acabarla.

Formalmente, el presidente puede convocar a una Constituyente. Está escrito en el Capítulo III, en los artículos 347 a 350; sencillos, directos y, en la actual coyuntura, de gran utilidad para Maduro. El 349 dice textualmente: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Es decir, el poder Legislativo, hoy en manos de la oposición, queda bloqueado ya no por cuenta del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la movida chueca del 30 de marzo pasado que desató este mes de protestas y represión, sino por este nuevo cuerpo legislativo elegido a dedo.

Rompiendo constitucionalmente la Constitución, Maduro puede saltarse los vetos del actual Parlamento y retomar el negocio de las empresas mixtas petroleras en la riquísima Faja del Orinoco -también aplicaría a la minería de oro, coltán, cobre, hierro y diamantes en el llamado Arco Minero del Orinoco- , en especial con la rusa Rosneft y cubrir algo de los más de 2.900 millones de dólares que le debe; o respaldar nuevos préstamos, también con China e Irán. Una Constituyente para financiar la quiebra nacional y, de paso, arrebatarle a la oposición su capacidad de control sobre recursos estratégicos de la nación.

Esta Constituyente también le evita al gobierno realizar las elecciones regionales que tiene aplazadas desde el año pasado, las municipales que debe realizar en 2017 y manipular las presidenciales de 2018, básicamente porque los 500 asambleístas que quiere Maduro allí sentados son los de su cuerda, como bien lo explicó: “(…) no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina (…)”, que obedezca al oficialista PSUV.
¿Sería también la fórmula para zanjar las divisiones en el PSUV o entre los militares? La convocatoria está pensada para sacar de en medio a los contradictores internos de todo tipo y no solo a la oposición. Es una forma de establecer un partido único, encargado de modificar el andamiaje del Estado venezolano y quedarse al mando depurando cualquier antagonismo.
Pero la cobija de la Constituyente no alcanza para arropar a todos. Hoy el clima en la calle es otro: el 74% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno y otro 83% afirma que la situación del país es mala, según recientes sondeos de Venebarómetro.

Así, tres ejes del gobierno pueden terminar por socavar al régimen: la fracasada política de salud y alimentaria (rechazada por el 88,7% de los encuestados); la crisis de seguridad ciudadana y el decreciente respeto a los derechos fundamentales; y la política económica, que impide al venezolano común suplir parte de sus necesidades básicas. Las protestas y enfrentamientos tienen al país a media marcha y, de prolongarse, pueden quebrar lo poco que queda.
Pero el gobierno venezolano parece habitar una realidad paralela y cuando aterriza en la cotidianidad del país y ve el desastre reacciona bailando salsa, inventando salidas jurídicas, sofocando los espacios del diálogo político y reprimiendo la protesta.

Con esa fórmula desde hace rato –mucho antes de anunciar la Constituyente- Maduro viene metiéndole velocidad a un cambio realmente contundente y de resultados impredecibles: cada día más venezolanos pobres o empobrecidos, los mismos que han sido el soporte popular del gobierno, le dan la espalda al régimen. Cuando los barrios bajen y se unan a la protesta liderada por la oposición no habrá Constituyente que valga.

Cuando murió Chávez, el mismo Boaventura de Sousa Santos escribió la columna de opinión “Chávez, el legado y los desafíos”, en la que marcó como retos por atender el peligroso maridaje cívico-militar, la dependencia económica en el extractivismo y, en lo político, pronosticó:

“Aun cuando es votado democráticamente, un régimen político hecho a medida de un líder carismático tiende a ser un problema para sus sucesores. Los desafíos son enormes en el caso de Venezuela. Por un lado, la debilidad general de las instituciones; por el otro, una institucionalidad paralela, el Estado comunal, dominado por el partido creado por Chávez, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Si se instaura el vértigo del partido único, será el fin de la revolución bolivariana”.

Y cierra su texto con estas palabras: “Una cosa es cierta: si hay que seguir el ejemplo de Chávez, es crucial que no se repriman las críticas. Es necesario abandonar el autoritarismo que ha caracterizado a grandes sectores de la izquierda latinoamericana”.

Twitter: @Polymarti