Otro montaje y una infamia más

Hay demasiados culebrones de chuzadas. Quizá proliferan porque los cerebros que crean la basura siempre salen de rositas, matados de risa. Arman un escándalo mediático, destrozan personas para quitárselos de en medio y, con el tiempo, todo se diluye. Cuando el país ha olvidado, los hampones celebran porque coronaron su objetivo: hundir a su víctima.

Idéntico a lo ocurrido con el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, uno de los oficiales más respetados.

¿Por qué destrozaron su prestigio? ¿Temió alguno de sus antiguos colegas que pudiera asumir un alto cargo que quería para un amigo? Si el nuevo fiscal general empieza por barrer su propia casa, quizá le interese el caso.

Que averigüe qué empujó a la fiscal Claudia Victoria Carrasquilla, estando al mando de la Dirección Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado, a crear la noticia criminal de una desaparición forzosa que no existía, como excusa para interceptar el celular del general Guatibonza.

Corría el año 2017 y la Dirección de Carrasquilla conocía del secuestro de un empresario cuyo nombre debo omitir. Su deseo, desde que salió del infierno, ha sido permanecer en el anonimato. Carrasquilla sabe a quién me refiero.

La familia del cautivo, desesperada por un secuestro que solo perseguía fines extorsivos, contactó con el general Guatibonza, al que conocían por otro secuestro que habían sufrido cuando era director del Gaula y le tenían confianza. Le pidieron ayuda, no sabían qué hacer. Al tratarse de una tenebrosa banda de delincuentes, con agentes del Estado implicados, el rescate a sangre y fuego quedaba descartado.

Guatibonza no cobraba por sus servicios, solo cubrían sus gastos. A pesar de haberse retirado de manera voluntaria de la institución, informó a la Policía de la labor que realizaba. No se trataba de ninguna misión clandestina, sino de poner su experiencia al servicio de una buena causa.

En seis meses acordaron un rescate con los secuestradores y el cautivo recobró la libertad. A los pocos días, la señora Carrasquilla, acompañada de otros funcionarios, visitó al liberado, para conocer su estado.

Y es, precisamente en ese punto, cuando aparece el elemento clave en esta trama. Aunque había visto al citado empresario, la fiscal Carrasquilla determinó que estaba “desaparecido” y ordenó chuzar al general Guatibonza con la excusa de identificar a los autores “materiales o determinadores de los delitos de secuestro y desaparición”.

Es decir, conocía que el antiguo rehén se encontraba en su casa, pese a lo cual ordenó “interceptar (a Guatibonza) con el propósito de recolectar toda información útil y necesaria” para “dar con la ubicación de la víctima”, de la que “se desconoce su paradero”.  

Insisto. ¿Para qué chuzaron al general si la persona que pretendían buscar ya estaba libre, con los suyos? ¿Qué otros intereses había?  

No contentos con intentar, sin éxito, implicar al general en la inexistente desaparición, un año más tarde, octubre de 2018, la Fiscalía vuelve a la carga.

Lo enredan en uno de esos escándalos de chuzadas que tan buenos resultados suelen dar. Alegan que Guatibonza y sus cómplices seguían al fiscal general Martínez, a políticos y abogados como Jaime Lombana, porque contaban con una ingeniera de sistemas ubicada en Pasto, que presentaron al país como la malévola mega-hacker, capaz de los peores delitos, y creadora de un programa ultrasecreto y supermoderno que jamás apareció pero bautizaron “Félix”. Poco importa que solo fuese una profesional avispada, que vivía de manera humilde y que, si acaso, era un genio para buscar información en internet y venderla a uno que otro cliente como joyas únicas.

Aunque poco a poco se ha ido desmoronando un caso que comenzó con mucho bombo y nula consistencia, habría que reconocer que dio resultado.  Acabaron con la carrera civil del general y lo tuvieron un año en casa por cárcel. Tanto interés había por hundirlo que a varios de los implicados en la misma causa chimba les ofrecieron beneficios si declaraban en su contra, cosa que ninguno hizo por la sencilla razón de que mentir a la justicia supone cometer un delito.

Obvio que hay sospechas sobre quién movía los hilos, pero debe ser la Fiscalía la que decida si lo tapa o investiga.

OTRA COSA: Lunes, 7:00 p. m., Andrés Felipe Arias se despacha en la primera entrevista que concede en su lugar de reclusión. En mi programa Al ataque, de Semana TV. Se puede seguir en directo por las redes sociales de la revista y por www.semana.com, o después, ahí o en YouTube. Como fue tan explosivo, el martes emitiremos la segunda parte. Y recuerden, en Semana TV, de lunes a jueves, programación a mediodía y entre 6:00 p. m. y 9:00 p. m.