Pagar entre todos el desastre Electricaribe: un atraco a los colombianos

Hablando entre líneas -que fue como soltó en su momento la propuesta de gravar con IVA la canasta familiar o eliminar los subsidios de energía al estrato 3- el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dijo hace unas semanas en Caracol radio: “Todo el país debe hacer una vaca para financiar la sobrevivencia de Electricaribe para garantizar la continuidad del servicio”.

La propuesta -malévola, inconveniente, en esencia un asalto a los ciudadanos- está incluida en el plan de desarrollo y fue aprobada en primera vuelta. Consiste en cobrar, hasta el 31 de diciembre de 2022, una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, a todos los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, comerciales, industriales y no regulados, de todos los departamentos del país.  En otras palabras, socializar los costos de varias décadas de corrupción, robos, desfalcos, clientelismo y politiquería que llevaron a Electricaribe a su estado actual.

La empresa opera en siete departamentos de la costa Atlántica, tiene 2,6 millones de usuarios y en los últimos decenios es campeona de mal servicio, con millones de quejas de sus usuarios por cortes permanentes, cobros excesivos o inadecuados y una interminable lista de otros reclamos -muchos desatendidos- por motivos que incluyen aparatos eléctricos fundidos, casas incendiadas y personas electrocutadas.  

Por la acumulación de irregularidades, entuertos, manejos oscuros y por el fracaso de un plan de inversiones conjunto con el Estado, fue intervenida en 2016 por la Superintendencia de Servicios Públicos. Desde entonces no ha hecho más que empeorar y en la actualidad está  tan mal que el pasado noviembre, cuando venció el plazo para encontrar un operador, el Gobierno no encontró a nadie interesado en la rifa del tigre de hacerse cargo de una empresa con pésima reputación, con deudas acumuladas por más de 2,5 billones de pesos, un pasivo pensional de 700.000 millones y que para estabilizar la calidad del servicio tiene que invertir 7 billones de pesos en infraestructura durante los próximos 10 años, un desastre que revela de paso la incompetencia del Estado para hacer cumplir las normas y para vigilar, controlar y sancionar a una empresa como Electricaribe, que evadió tan abierta y gravemente sus responsabilidades.  

Los 16 años que las siete electrificadoras de la antigua Corelca estuvieron bajo la egida de los españoles de la Unión Fenosa están marcados por múltiples historias de leyenda negra. Los han acusado de desmantelar miles de kilómetros de cobre de las redes que encontraron para venderlos a buen precio en Europa y que reemplazaron por cables de aluminio de mala calidad. También del despido de miles de trabajadores expertos para sustituirlos por principiantes a destajo y aumentar ganancias a costa del servicio. Y sobre todo de una estrategia dirigida a no juntar la plata buena con la mala, consistente en fragmentar la operación en cuatro empresas enfocadas a los distintos segmentos del mercado. Gracias a ello a la gente le fue muy mal y a los accionistas muy bien. Pese al tamaño de las deudas la contabilidad indica que el negocio de Electricaribe fue siempre rentable para Fenosa, -con ingresos de más de 4 billones de pesos y utilidades brutas de más de 50.000 millones año-. Un negocio por lo demás asegurado gracias a las transferencias muy poco vigiladas del Gobierno de recursos para infraestructura -60 por ciento de lo que destina Minminas para el sector- y de subsidios para atender la cartera morosa de los más humildes. La Contraloría los acusó de desfalcar esos subsidios Foes para la gente más humilde y de que se habrían llevado más de 218.000 millones de pesos, más los 100.000 millones de pesos de los Prone y Faer. También salieron lastimadas las empresas generadoras que les suministraban la energía con las cuales acumularon deudas por más de 165.000 millones de pesos.  

Por asombrosa coincidencia el coordinador ponente del Plan de Desarrollo y quien entregó la iniciativa de socializar las pérdidas del gran desastre Electricaribe a consideración del Congreso, fue el senador conservador de Barranquilla Efraín Cepeda, de quien el expresidente Andrés Pastrana dijo (en entrevista con el periodista Jorge Cura) que “vive de la corrupción, de la entrega de puestos y la entrega de contratos” y a quien llama “uno de los grandes símbolos de la corrupción en Colombia”.  Una mala coincidencia porque lleva al otro elemento desgarrador de la historia: la mano maldita de los políticos que con su feria de contratos, puestos y corrupción quebraron a Corelca. Pero sobre todo que han atrofiado el desarrollo y el crecimiento de los departamentos de la costa. Muchas de las causas de fondo de la tragedia social de la región son imputables a la corrupción, irresponsabilidad e incompetencia de su clase dirigente. Así, 80 por ciento de los usuarios de Electricaribe pertenecen a los estratos 1 y 2 y viven en condiciones de pobreza o de miseria, en lugares marginados donde mucha gente no paga y donde abundan las conexiones fraudulentas, los contadores adulterados y también los accidentes y los electrocutados. Las pérdidas por fraudes equivalen a 19,7 por ciento de la operación.

Frente a esa aterradora situación es imposible justificar que colombianos de todas partes del país -incluidos los de la propia región Caribe- terminen por pagar los costos de una larga historia de desfalcos y locuras con la cual no tuvieron nada que ver. Además de impresentable desde el punto de vista ético, ese rescate de un cadáver descompuesto, con cargo a los contribuyentes, también es peligroso e inconveniente. Primero porque el precedente que crea puede despejar el camino a la demanda por 1.500 millones de euros -una de la más grandes de la historia del país- que Fenosa se atrevió a interponer contra el Estado. Y por el mensaje de garantías a la impunidad que envía a la sociedad. Si se llegara a hacer realidad quedaría abierto el camino para la sobretasa o el impuesto Reficar, InterBolsa, Odebrecht o tantos otros de los casos de corrupción que se devoran al país. Ojalá, como ocurrió con la eliminación de los subsidios y el IVA a la canasta familiar. el presidente Iván Duque desautorice al ministro Carrasquilla y no permita que este despropósito prospere.