Pánico histórico

Los anuncios que ha hecho el presidente electo, Gustavo Petro, de lo que va a suceder en Colombia a partir del 7 de agosto tiene a muchos sectores sociales, políticos y, sobre todo, económicos con los pelos de punta. El reto mayor que tendrá el país será sobrevivir a un gobierno de extrema izquierda, que, al parecer, implementará cambios sustanciales en el orden constitucional a punta de revanchismo.

Esta semana, el presidente electo anunció que adelantará una reforma para eliminar la Procuraduría General de la Nación. El tufillo de revancha se sintió de inmediato, porque fue esa entidad de control la que le puso el tatequieto a Petro cuando fue alcalde de Bogotá y creó el polémico esquema de basuras, que convirtió a la capital del país en un muladar a cielo abierto. Eliminar esta entidad para el presidente es un asunto de honor, que respalda, además, con el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le permitió volver al cargo después de haber sido destituido.

Lo que no ha dicho el presidente electo es cómo piensa realizar ese cambio. Acaso ¿mediante una constituyente? Eliminar la Procuraduría significa hacer una reforma a la Constitución de 1991, la que se había comprometido a respetar en campaña. Pero de Petro sabemos que así como dice una cosa hace la otra.

Sin la Procuraduría, ¿quién va a disciplinar a los funcionarios? ¿Quién los va a sancionar? ¿Las oficinas de control interno que por jefe tienen a un funcionario puesto por el director de la respectiva entidad, nombrado a su vez por el presidente de la república?

No se puede negar que la efectividad de la Procuraduría deja mucho que desear, y no solo respecto a los resultados de la actual jefe del Ministerio Público, sino, por supuesto, de todos sus antecesores.

Así como se anunció la eliminación de esta entidad, también la nueva ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, tiene como objetivo acabar con las EPS. La nueva ministra, en un tono también de revancha, anunció las modificaciones del sistema de salud colombiano, en una especie de venganza en contra de la Ley 100. ¿Será que todo lo que se haya construido desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez será modificado aunque funcione bien?

Esta semana se conoció que la cobertura de salud del país es del 99,6 por ciento, por lo cual es obvio preguntar: ¿para qué cambiar lo que está funcionando bien? ¿Por qué no reconocer los logros que se han construido a través de diferentes Gobiernos?

El pánico que produce este anuncio en las personas que no tienen un seguro privado de salud es muy alto. Muchos que recuerdan cómo funcionaban los hospitales públicos y el desastre del Instituto de Seguridad Social temen, porque la idea arcaica de estatizar un servicio al que hoy casi el 100 por ciento de la población tiene acceso es irresponsable.

¿Le jugarán los congresistas al Gobierno de Petro al resquebrajamiento de la institucionalidad del país por tener unas cuantas cuotas burocráticas en el Ejecutivo? Sin lugar a dudas, las primeras reformas que buscará aprobar el Gobierno, que sin tomar posesión ya logró generar este “pánico histórico”, están relacionadas con la reforma tributaria y la agraria.

La reforma tributaria busca recaudar 55 billones de pesos. Ahora resulta que esa cifra sí está bien para el “progresismo”, que hace un año incendiaba el país de manera física y virtual, en medio del violento paro que surgió como rechazo a la reforma del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que buscaba un recaudo de 25 billones de pesos. ¿Por qué ahora sí está bien gravar a la clase media del país? ¿Y a los asalariados?

La revancha convertida en política de Estado buscará crear impuestos a la tierra, que, en caso de no ser pagados, terminará por ser expropiada. La nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, quien ya ocupó ese cargo en el narcogobierno de Ernesto Samper, anunció que habrá reforma agraria con una forma exótica de expropiación y es a través de la compra de la tierra subutilizada, al parecer, según su criterio, para proceder a redistribuirla. ¿Eso tendrá en cuenta la tierra de todos los colombianos incluidas las comunidades indígenas o solo las tierras ganaderas que tanto desagradan al presidente electo?

Como es previsible, estos anuncios generan un clima de incertidumbre para los mercados. Esta semana el dólar rompió su techo histórico y llegó a los 4.400 pesos. El progresismo le echa la culpa al Gobierno del presidente Duque, sin darse cuenta de que este ya está empacando las maletas y deja a la economía en una senda de crecimiento con muy buenos resultados. Pero la inestabilidad de la llegada del Gobierno del “cambio” hace que los agentes económicos empiecen a considerar irse del país con sus capitales.

Todas estas revanchistas reformas tendrán que pasar por el Congreso de la República. Así que el país estará, en últimas, en las manos de los hambrientos congresistas, que, con tal de garantizar su plato de lentejas, estarán dispuestos a entregar la institucionalidad de Colombia al Gobierno de Petro. La incertidumbre está servida, y el resultado en los mercados y el precio del dólar es lo que está midiendo el nivel de pánico en el que se encuentran, al menos, los 10,6 millones de colombianos que no votaron por Gustavo Petro.