Para hacer lo correcto no hay que pedir permiso

Es claro que la órbita de responsabilidad en cabeza de las entidades públicas es diametralmente diversa al régimen previsto para los particulares, quienes dentro de su propio espectro normativo se encuentran supeditados a un régimen de responsabilidad subjetiva, en donde, precisamente cobra trascendental relevancia la naturaleza valorativa de la conducta, que puede encajar en un actuar  doloso o en una acción de origen culposo, y que inevitablemente deviene en un daño, que a su turno se materializa en un perjuicio.

Así las cosas, desde hace décadas nuestro sistema contencioso administrativo, a diferencia del régimen previsto para los particulares, se sustenta sobre la base de la responsabilidad objetiva, es decir, fundada sobre el asiento de la denominada teoría del riesgo, en donde, sin importar la subjetividad de la conducta, es decir, su intencionalidad o su origen negligente, la fuente de donde brota la responsabilidad es el hecho mismo, sin lugar a valoraciones subjetivas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido el incuestionable régimen de responsabilidad objetiva en cabeza del Estado colombiano y de todos sus órganos del nivel central o descentralizado, así como de las otras entidades que componen la rama legislativa y judicial.

Surge un elemental interrogante, ¿si un mandatario local, entiéndase por este un gobernador o alcalde municipal, que, por ejercicio de su cargo, obtenga información sobre un detrimento patrimonial que está ad portas de causarse, tendrá la obligación de proteger a toda costa la salvaguarda de los intereses económicos de su departamento o municipio? Estamos convencidos que la respuesta es más que obvia, y así mismo, consideramos que el mandatario que a sabiendas de los riesgos procesales que existen en contra de su departamento o municipio en medio de un eventual conflicto, decide no hacer nada y dicha inercia deviene en una eventual condena a la entidad territorial, estaríamos ante una clarísima y diáfana expresión de responsabilidad objetiva, con la cual se causara un daño antijurídico contra el erario público.

Consideramos que, ante el anuncio de la Alcaldía de Medellín de demandar al GEA, el burgomaestre hizo lo apropiado, y a su turno de manera inmediata el gerente de EPM, dijo con contundencia, apoyado por su equipo jurídico; para hacer lo correcto no hay que pedir permiso y en medio de una rueda de prensa se anunció, el talvez, proceso judicial más relevante de la historia reciente de Colombia, no solo por los números que se ventilan en las pretensiones de la demanda y las consecuentes excepciones que se esgrimirán en el respectivo momento procesal, sino por lo inédito que resulta ver enfrentados en estrados judiciales a los otrora exgerentes de EPM, quienes ahora fungen cargos directivos en el GEA. 

Hace algunos meses escribí en este espacio de opinión, sobre la existencia de buenas noticias en Colombia y hablamos precisamente sobre el impresionante  caso de éxito de EPM y la apuesta de su gerente, Dr.Álvaro Guillermo Rendón en los ambiciosos programas de rehabilitación y restructuración de la zona de influencia de Hidroituango, hoy no solo lo reiteramos, sino que además confesamos total admiración por el alcalde de Medellín, joven promesa del futuro de nuestra patria quien sin vacilar,  y con total convicción, apoyó a su gerente de EPM, dando la instrucción inequívoca de incoar la demanda más cuantiosa de nuestro contexto legal para defender a la ciudad de Medellín, a Antioquia y a la propia nación, de tal vez, un daño pecuniario sin precedente en la historia reciente del país.

Por ello, la apuesta de Quintero y Rendón, se centra en la defensa de lo público y la urgente necesidad de luchar procesalmente por la salvaguarda de  algo más de 10 billones de pesos, es por esta razón que ante un litigio de tal magnitud no puede haber mandatario alguno que ignore, aplace o postergue incoar las demandas o pleitos a los que haya lugar, sin que ello sea la materialización de un daño antijurídico al patrimonio público, son precisamente estas situaciones las que no se pueden repetir, pues ese silencio cómplice o esa inacción total de la administración pública no pueden ser interpretadas de otra manera, sino como actos contrarios a la ley, pues, recordemos que a diferencia de nosotros los particulares,que en ejercicio del principio de legalidad podemos hacer lo que no esté expresamente prohibido por la ley, el funcionario público está obligado y supeditado al cumplimiento milimétrico y certero del ordenamiento jurídico.

Los miembros de la junta directiva de EPM, en un acto infantil como lo sostuvo el mismo alcalde de Medellín presentaron renuncia y creyeron que con ella tumbarían al alcalde de Medellín y de paso al gerente de EPM que con su actuar, decidieron, sin matices políticos y sin populismos defender la hidroeléctrica más grande de Colombia. Sin duda, la actuación de la junta evidenció tal vez una situación que durante años se había ventilado en los comités jurídicos de las Empresas Públicas de Medellín, y que cada vez eran más sonoras en los pasillos de la entidad sobre las ampollas que levantaría el hecho de demandar a antiguos aliados, quedando demostrado de paso el talante del alcalde y del gerente de la entidad en el resguardo de los interese públicos de la ciudad, y lamentablemente los miembros de la junta quedaron como decía alguien con desparpajo; fueron por lana y quedaron trasquilados.

¿Cuantas cosas se podrían decir para justificar una decisión o para excusar lo contrario? El alcalde Quintero como decía alguien, nos salió general y con la frase que será una de sus marcas de la vida antioqueña determinó; "Para hacer lo correcto no hay que pedir permiso", es claro que son estos liderazgos los que han de ser replicados y deben servir de influencia para todos los jóvenes que tienen aspiraciones políticas, llegó el momento para que giremos hacia estas nuevas figuras que sin dubitación ponen los intereses colectivos sobre los personales.

Son precisamente estas expresiones de liderazgo por las que debemos apostar y las que deben ser replicadas por nuestros futuros gobernantes, estas experiencias encajan dentro de lo que podemos ver como una nueva y positiva reconfiguración de la idea del manejo de lo público, llegó el momento para cambiar la página y alejarnos del perenne litigio contra el Estado, en el que siempre se pierde, en el que pese a la existencia de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, no es mucho lo que ha podido cambiar, pues precisamente esas viejas y reiteradas prácticas de silencio, inercia y falta de diligencia en cabeza de mandatarios y ordenadores del gasto sirven de cimiento sólido para la configuración de la responsabilidad objetiva en cabeza del Estado.