Paro por minería ilegal o por paro de extorsiones

Lo que está ocurriendo en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño a lo largo de este último mes, es quizá una crónica de una extorsión continuada que, con el argumento del Gobierno Nacional, y no hablo solo del actual, sino de todos los anteriores, han responsabilizado a los mineros informales o ilegales, como hoy los conocen, como los únicos responsables, no solo de la exploración y explotación ilegal de oro, sino también a los ingresos de regalías para los municipios donde se encuentran estas explotaciones.

Esta semana tuve la oportunidad de tener una larga conversación con una persona que, en su mejor época, fue minero en esa zona y, por su experiencia, conoce como ningún otro la situación que están viviendo los mineros informales actualmente.

Me contaba él que el tema hay que abordarlo desde dos perspectivas: la primera es la del ciudadano del común, de la zona, que en su mayoría es desempleado y su única fuente de trabajo, salvo la del sector ganadero, que como se sabe no es el gran generador de empleo, es la explotación ancestral o tradicional de oro. Con los demás ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes que no lleven a cabo estas labores, ocurre la verdadera gran tragedia. Son reclutados por el Clan del Golfo o por los grupos al margen de la ley, como el ELN, para desarrollar actividades delincuenciales, entre las que se destaca la extorsión a los comerciantes, ganaderos y mineros.

Los que escogen trabajar en minería lo primero que hacen es iniciar informalmente con una batea y con esos ingresos logran obtener la forma, simple, de sobrevivir con sus familias. Si este minero, con el tiempo, va teniendo éxito, aclarando que son muy pocos los que salen adelante, crecen comprando una motobomba y arrendando, por algunas horas, una retroexcavadora y montan su pequeña explotación. Esto les genera unas mejores ganancias, ya que el oro que obtienen lo venden a compradores ilegales, pues sin tener licencia de explotación, no podrían hacerlo de forma legal.

Si tiene éxito en este segundo proceso, avanza a una tercera etapa de crecimiento, y es el proceso de formalización. Lastimosamente, hasta ahí llega su voluntad de ser minero formal, porque los requisitos exagerados son imposibles de cumplir, ya que, entre ellos, está el de justificar los ingresos con los que va a financiar la explotación, algo absurdo para alguien que, por la misma informalidad, no le es posible demostrarlos.

A este minero, a la mayoría de ellos, no les queda otra alternativa que seguir en la ilegalidad y la informalidad con los resultados por todos conocidos: daños ambientales, pago de extorsiones y enriquecimiento ilícito, aclaro, no por su voluntad y culpa, sino por todos los trámites imposibles que el estado colombiano siempre les ha impuesto.

Pero eso sí, si fuera una gran empresa colombiana o una gran multinacional que demuestre solvencia económica, esos sí van a tener sus respectivas licencias y les daría para trabajar, en la legalidad, en las zonas donde mineros tradicionales lo han hecho por décadas.

No obstante, este no es el verdadero problema. En esta zona del país, y en muchas otras, la situación real gira en torno a la extorsión por parte de los grupos armados ilegales. El oro es la bendición y la maldición de quienes lo explotan. El oro es el negocio ilegal más rentable de este país.

El Clan del Golfo, las guerrillas como el ELN y las demás bandas criminales, se han dedicado a extorsionar cada una de las actividades que hacen parte del proceso de exploración, explotación, producción y comercialización del oro. Pequeños, medianos y grandes mineros, que por regulación no se pueden formalizar, pagan altísimas vacunas por cada una de estas actividades, indistintamente.

Voy a hacer un pequeño reporte de lo que me contaba el antiguo minero en lo que respecta a lo que debía pagar para poder trabajar.

A estas bandas se les paga entre el 10% y el 20% del valor de todas las etapas, es decir, por las canecas de combustible para poder entrar a la zona de explotación, por las maquinarias y dragas que alquilan para poder trabajar informalmente, por los materiales que utilizan y hasta por cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en las minas.

Pero como lo mencioné, esto no se queda solo en el proceso de explotación. La extorsión continúa en el proceso de lavado y a lo que logran sacar de producción, le cobran un porcentaje en efectivo o les quitan una parte del oro recolectado antes de entregarlo o venderlo a las comercializadoras ilegales, que por supuesto, también deben pagar extorsiones.

Todo lo anterior se resume en que, entre más informalidad e ilegalidad para desarrollar las actividades mineras, mayores son los ingresos provenientes de extorsiones. Por ende, entre más dinero recauden los grupos armados ilegales, más tiempo se va a prolongar el financiamiento de sus actividades ilegales y más se va a deteriorar la situación económica, política y social del país.

Después de tener ese largo diálogo y de explicarme cómo funciona la famosa explotación ancestral, informal e ilegal, o como se quiera llamar, no queda más que concluir que los menos responsables de lo que está ocurriendo son los mineros. Por su situación económica se ven en la obligación, no solo de dedicarse a este oficio de manera informal, sino que, para seguir trabajando, deben huirle al estado y además pagarles a los grupos criminales por concepto de extorsión, ya que hicieron de esta actividad, el negocio más rentable para financiar sus actividades delincuenciales.

Qué equivocados estábamos todos cuando pensamos que los culpables aquí eran únicamente los mineros. El Estado colombiano tiene una responsabilidad grandísima en tanto ha permitido la ilegalidad y ha sido garante de la informalidad de la actividad minera en Colombia; actividad de vieja, pero muy vieja data, y que, de alguna manera u otra, se va a seguir desarrollando.

Si el gobierno quiere lograr formalizar la minería ancestral e informal, tendrá que acabar de tajo con tantos requisitos, porque como está la legislación minera actual, solo las grandes compañías y las que demuestren una gran solvencia económica, podrán seguir llevando a cabo una actividad que va incrustada en nuestra cultura durante varios siglos.

Si no es así, la formalización de los distritos mineros y agrícolas, será un canto a la bandera.