Pasó el tiempo y se les salió de las manos la situación de los indígenas en Bogotá

Cuatro meses sin resultados frente a la gestión sobre la situación de los indígenas en el Parque Nacional le pasan factura hoy a Bogotá. Casi una decena de reuniones y mesas de trabajo, cuatro intentos de recuperación del predio en los últimos meses, tres situaciones de disturbios, daños en infraestructura y medio ambiente y una evidente crisis social para las comunidades y vecinos del sector, le dejan como única salida a la Administración un desalojo casi que por la fuerza y sin acuerdos.

El llamado de atención se generó desde el 29 de septiembre pasado cuando más de mil personas de las comunidades: Embera Katio, Dobida, Chamí, Kubeo, Pijaos, Huitotos, Nasas, Zenú, Kokonuko, Kankuamo, Coreguaje y Yanakona, desplazados por el conflicto en Chocó y Risaralda, y otros más que ya permanecían en Bogotá, fueron desalojados de paga diarios o sitios de arriendo en Vista Hermosa, Ciudad Bolívar o en la localidad de Santa Fe y que terminaron asentándose en el parque. Desde ese momento, tuvieron que comenzar las acciones con oferta social del Distrito, con trabajo conjunto con el gobierno nacional, con un traslado digno y evitando que se profundizaran las problemáticas de esa población ya vulnerable con falsos liderazgos que se aprovecharon de su situación e instrumentalizaron a los niños y niñas.

Han sido cuatro meses de ver a familias enteras, viviendo en cambuches fabricados con plásticos y lonas negras, a la intemperie, expuestos a acumulación de basuras y otras condiciones de insalubridad, sin prevención de enfermedades, contagios de Covid, sin implementos de aseo. Los niños más pequeños transitan sin cuidadores por fuera de las vallas que limitan el área de ocupación, ante el tránsito de múltiples habitantes de calle. Se cocina en fogones improvisados de leña, con comida que reciben de donaciones, que no tiene conservación, y alimentos que los extraños se acercan a darles, sin verificación alguna.

El distrito alertó el 22 de diciembre de 2021, que 290 niños emberá estaban en riesgo en ese lugar. A esa fecha, 29 habían sido trasladados a hospitales, de ellos cuatro niños y dos adultos seguían hospitalizados, 26 mujeres embarazadas estaban en riesgo y tres partos habían sido atendidos en condiciones precarias. La Defensoría del Pueblo, dijo en cambio que eran al menos 550 menores en riesgo, 480 familias integradas por 390 niños y niñas menores de 5 años, 90 niños y niñas de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años y documentó cuatro casos de rubeola y sarampión y once casos graves enfermedades respiratorias. ¿Cuántos más serán hoy? sin caracterización, sin concertación, atención en salud o alimentación y con la negativa de los líderes de la toma y la falta de iniciativa del Distrito.

Lamentablemente el tiempo sigue transcurriendo entre las alertas sin acciones para dar por terminada la toma. En el Parque Nacional, el 29 de noviembre un bebé de 19 meses falleció por graves complicaciones de salud; el 20 de enero, una niña de cuatro años fue atropellada en la calle que queda aledaña al Parque Nacional y terminó con una lesión en la mano; el 24 de enero la comunidad denunció haber recibido amenazas de hombres armados que llegaron al lugar y el 26 de enero, por la misma precariedad de las condiciones, esta vez en el Parque La Florida, una mujer embarazada y su hijo que salieron a buscar sustento fueron víctimas en un accidente de tránsito, donde el conductor fue linchado por miembros de la comunidad.

Del Parque Nacional, por la precaria situación, varias familias han salido hacia el albergue de La Florida aunque allí también se han conocido quejas y se sigue alargando el tiempo de estancia sin soluciones. Sin embargo, el grueso de la comunidad se mantiene con un pliego de condiciones para salir, que dice el gobierno son difíciles de cumplir, como la integración de decenas de personas como contratistas del Distrito, la adjudicación de vivienda propia para todos o subsidios permanentes. Mientras tanto, los indígenas dicen que desde que se negaron a ir al albergue dispuesto por el Distrito, no volvieron a recibir alimentos ni atención en salud, que unos quieren retornar a sus territorios con seguridad, que hoy no hay, y por eso deben quedarse en la ciudad, pero que la Administración Distrital les ha ofrecido casas en malas condiciones y sin la posibilidad de estar en comunidad. ¿Quién tiene la razón? ¿Mientras eso se define se seguirá permitiendo que la crisis social sea peor con el paso de los días?

El gobierno nacional, por su parte, resaltó que 1.100 indígenas emberá y de otras comunidades que estaban en Bogotá y querían retornar lo hicieron el año pasado con apoyo del gobierno nacional que les garantizó su seguridad y acompañamiento a través de las alcaldías municipales; el resto, según dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, no quiso retornar y por tanto, es obligación del gobierno distrital reubicarlos.

La justicia también tiene varios pendientes. No solo definir cuál será el futuro de las personas que hacen parte de esta toma, resolver la denuncia que el Distrito interpuso contra algunos de ellos por la agresión contra un funcionario de la Secretaría de Gobierno la semana pasada; además, responder por qué todavía no se haya dado con los responsables de asesinar a Hildebrando Rivera, el conductor que fue linchado por estar involucrado en el accidente donde perdieron la vida una mujer indígena embarazada y su hija.

En 2021, aproximadamente 38.000 personas llegaron bajo la condición de desplazados a la capital del país. Mientras sigamos con falta de gestión y atención integral, fallas en el trabajo interinstitucional y tomas indefinidas en el espacio público, serán cada vez las víctimas de la crisis social en Bogotá. ¿Qué más esperan las entidades para actuar?