¿Paz para quién?

Vanessa tiene 28 años y ha vivido varios infiernos en una sola vida. A los 9 años fue reclutada por la columna Teófilo Forero. En el Caquetá, de donde es oriunda, los guerrilleros iban a las escuelas a decir que las familias que tenían varios hijos debían entregar algunos a la “organización” en una especie de cumplimiento de una cuota. Ella había oído en alguna clase la “socialización” de la política de reclutamiento guerrillero, pero nunca pensó que le iba a ocurrir.

Un día llegaron por ella y otros compañeritos suyos, y se los llevaron. La niña pensó que iban de paseo, pero después de varias horas de una larga caminata y la charla de “bienvenida”, entendió que no iba a regresar a donde sus padres. Fue violada por primera vez a los 11 años. Y obligada a abortar en cinco oportunidades. A su papá se lo mataron cuando intentó ayudarla a escapar y a ella también la intentaron asesinar cuando aún hacía parte de la “organización”. En el año 2004 se voló y se entregó a las tropas de la Novena Brigada del Ejército en la ciudad de Neiva.

Es una de las fundadoras y voceras de la Corporación Rosa Blanca, que aglutina a muchas mujeres que fueron víctimas del reclutamiento forzado y la violencia sexual en las Farc. Y sus denuncias han sido específicamente en contra de los cabecillas de esa organización terrorista, en su caso, de la sanguinaria columna a la que perteneció.

Es una de las tantas víctimas de esa cruenta guerra, revictimizada una y otra vez por la falta de atención del Estado. Una mujer que, como muchas otras, ve cómo sus victimarios gozan de privilegios, curules en el Congreso, esquemas de seguridad y posan como los defensores de la paz después de los acuerdos de La Habana. Pero que tienen escrito en su piel y hasta con su propia sangre que la paz no llegó a todas las estructuras de quienes combatieron esa guerra, a las buenas o a las malas. La verdad es que es una paz selectiva y disfrutada por los victimarios.

En el año 2019, le mataron a un hermano.

Hace una semana a una hermana de Vanessa le hicieron un atentado en el Tolima. Un sicario le disparó cinco veces y se salvó de milagro gracias al chaleco antibalas que tenía. La Unidad de Protección Nacional, al parecer, ha ido desarticulando el esquema de seguridad de la familia de Vanessa. Esta semana una prima suya, quien se atrevió a denunciar la violencia sexual que sufrió de otro alto cabecilla, fue víctima de un atentado a la salida de un centro comercial en la ciudad de Barranquilla. También se salvó de milagro.

A Vanessa le llegan amenazas a su celular de manera constante. Ya se acostumbró a que le digan que “le van a cortar la cabeza por sapa”. Ella dice que es muy fuerte, pero hace poco un mensaje la destruyó: le dijeron que le iban a matar a su pequeña hija.

La familia está escondida, sin trabajo y tiene miedo. Vanessa ha denunciado lo que sucede, desde la Corporación Rosa Blanca, pero la ayuda no llega. Al parecer, le quitaron el carro blindado que la protegía y su escolta fue reducida. ¿Por qué la violencia se ensaña en contra de su familia? ¿Quién la quiere callar? ¿A quién le incomoda tanto? ¿Cuántos atentados más tienen que suceder hasta que una autoridad se haga cargo? ¿Cuántos casos hay como los de Vanessa?

Es que no deja de ser llamativa la coincidencia de que haya tantos atentados en contra de una misma familia, ¿no?

Mientras tanto, el Gobierno nacional pidió que alias Violeta, la terrorista del ELN que puso una bomba en el baño del Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá y que mató a tres personas, saliera de la cárcel a ser “gestora de paz” en la negociación que inició esta semana en Caracas con ese grupo guerrillero.

Posan para la foto los funcionarios que representan el estado de derecho y los criminales a los que hay que dejar de estigmatizar y, según la narrativa, hasta respetar por su pasado “revolucionario político”. Los cabecillas del ELN saben que les esperan curules, esquemas de seguridad y salario. Poco o nada importarán las víctimas, porque no tendrán ni siquiera voz. Hoy Vanessa lo único que suplica es que el presidente Gustavo Petro la escuche. A ella y a las mujeres de Rosa Blanca, que tanto han denunciado los crímenes que se cometieron en su contra. Los relatos son muy graves y es claro que incomodan a los congresistas del partido Comunes, antes Farc. Como sucede, por ejemplo, con la senadora Sandra Ramírez, quien interpuso una denuncia por injuria y calumnia en contra de Lorena Murcia por haberse atrevido a denunciar los crímenes sexuales que tantas mujeres, incluida ella, sufrieron en la guerrilla.

Muchos excombatientes de las Farc tienen miedo de quienes fueron sus jefes y que hoy son congresistas. Ojalá el presidente Petro abra el espacio y las escuche porque si ellas en la lógica de la guerrilla fueron “jóvenes revolucionarias”, como supuestamente también lo fueron los cabecillas, entonces ¿no tienen derecho a disfrutar del privilegio de una “paz” por cuenta de los acuerdos que se firmaron? O por el hecho de denunciar los delitos sexuales que sufrieron en esa guerra, ¿están condenadas a morir?

Por injusticias como esta es que la mitad del país no confía en los procesos de paz. Se pactó y se repartió el poder con criminales que cometieron delitos de lesa humanidad sin que pagaran un solo día de cárcel ni dijeran la verdad. Y la violencia no ha cesado, porque ahora aparecen muertos apilados en volquetas y las autoridades miran para otra parte.

¿Para quién, entonces, es esta paz?