¿Paz total o impunidad total?

El presidente de la República, Gustavo Petro, viene insistiendo desde hace días en que quiere una “paz total”. Les ha propuesto a todos los grupos armados en el país que se sienten a hablar, que dejen las armas y firmen una especie de gran acuerdo de paz.

Para esto, se radicó esta semana el proyecto de ley que busca reformar la Ley 418 de 1997, que fija la política de paz del Estado. De acuerdo con este proyecto, presentado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y por el de Defensa, Iván Velásquez, los representantes autorizados por el Gobierno podrán entablar conversaciones con estructuras y grupos armados organizados y firmar acuerdos con sus voceros y representantes para resolver el conflicto armado. Incluso faculta a los alcaldes y gobernadores para iniciar estos acercamientos.

Según la propuesta del Gobierno Petro, una vez iniciado el diálogo, y con el fin de facilitarlo, las autoridades podrán suspender las órdenes de captura que existan en contra de los representantes de las organizaciones criminales con las cuales se esté intentando negociar.

Con semejante ‘ofertón’, ya han aparecido los primeros interesados en dialogar. El primero fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lleva décadas en el vaivén de intentar una negociación; pero habiendo expresado su intención de hacerlo en este gobierno, ya obtuvo la suspensión de las órdenes de captura de 11 de sus líderes.

Pero no fueron los únicos. De una vez, los Pachelly, una banda narcotraficante que opera en Bello (Antioquia) y que es responsable de diversos delitos, como extorsiones, homicidios, secuestros y un largo etcétera, respondieron al llamado del Gobierno Petro. “… Los Pachelly recibimos con esperanza su llamado público en su visita a nuestra región… invitándonos a manifestar nuestra voluntad de diálogo para sumarnos a consolidar la paz total propuesta por nuestro señor Presidente de la República…”.

Pero no es solo con los Pachelly y los elenos con quien el Gobierno tendría que sentarse a dialogar. Según análisis hechos por Indepaz, en Colombia, además de la guerrilla del ELN y de la banda narcotraficante de los Pachelly, existen 24 grupos armados más, el más grande de ellos las Autodefensas Gaitanistas, conocidas también como el Clan del Golfo. Pero la lista es inmensa: los Pelusos, los Rastrojos, los Caparros, los Pachenca, el Tren de Aragua, la Oficina de Envigado, los Puntilleros, la Constru, los Contadores, la Cordillera, los Libertadores del Nordeste, la Empresa, la Local, los Shotas, el Nuevo Bloque Costeño, los Comandos de la Frontera, los Paisas y la Oficina Caribe. Todos estos son grupos de origen paramilitar y narcotraficante. Y con todos estos tendrían que sentarse a dialogar.

A este coctel criminal hay que sumarles los exmiembros de las Farc que o no se sometieron al proceso de paz adelantado con el Gobierno de Juan Manuel Santos, o abandonaron el proceso de reinserción y se unieron a las filas de lo que hoy se conocen como las disidencias, cuyos frentes más fuertes son la Segunda Marquetalia, que tiene 13 estructuras al mando de Iván Márquez; el bloque Suroriental, en cabeza de Iván Mordisco, con 19 estructuras; el frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Camilo y alias el Gringo, herederos de Guacho; y las Guerrillas Unidas del Pacífico, frente en el que no está claro quien está al mando tras la muerte de su líder Ánderson Perlaza Caicedo, alias Borojó.

Sumando todos estos grupos armados criminales, se trata de cerca de 15.000 criminales, todos con orígenes, áreas de influencia e intereses distintos, con los que Gustavo Petro tendría que negociar.

¿Es esto viable?

¡Qué más quisiéramos los colombianos que soñar con un país en paz, donde las masacres, las extorsiones y la muerte no estuvieran siempre a la orden del día! Pero me temo que el presidente Petro cae en este intento en su romanticismo de cuando, tal vez, decidió enfilarse en el M-19 para cambiar la realidad del país. Tal era una guerrilla de románticos, que soñaban con un país más igualitario, de hombres que empuñaron las armas en un inicio creyendo que ese era el camino para llegar al poder, que luego terminaron todas convertidos en cuerpos asesinos y violentos.

Pero en la Colombia de hoy no hay ningún fin altruista ni mucho menos. Todo este montón de gente en armas no son más que narcotraficantes y profesionales del crimen, que ven en esta la mejor de las posibilidades de saldar sus deudas con la justicia para hacer borrón y cuenta nueva y poder seguir adelante con su negocio criminal con el contador en ceros.

Porque, con todo respeto, señor presidente, aquí nadie está interesado en entregar rutas, porque lo que hay de fondo es el lucrativo negocio de las drogas. Lo que pretenden estos criminales no es ni un mundo mejor ni una Colombia más igualitaria. Es poder traficar con sus drogas sin tener al Estado encima persiguiendo sus negocios.

Así que me temo, señor presidente, que peca usted de ingenuo en esta iniciativa, que no podría tener final distinto de llegarse a un supuesto acuerdo de sometimiento, en un pacto de impunidad, para poder seguir adelante con el narcotráfico. Mientras no se haga conciencia de que Colombia tiene como trasfondo de toda su realidad el inmenso negocio de las drogas, no se podrá avanzar en esa paz que todos anhelamos.

Y mientras el narcotráfico siga siendo un negocio criminal, no queda más que combatirlo, no darles más poder aún para que sigan arrodillando a un país.