Paz total = Pacto de La Picota

Durante la campaña presidencial, que resultó en la elección del actual presidente de Colombia, se presentó un hecho que en su momento parecía tener como único propósito obtener el apoyo de organizaciones al margen de la ley y de expolíticos que cumplían condenas en la cárcel La Picota, en Bogotá. Esta estrategia buscaba, aparentemente, garantizar el triunfo presidencial. En ese entonces, tanto los colombianos como los medios de comunicación caímos en lo que parecía ser una trampa orquestada por el Pacto Histórico, liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro.

En medio de la incertidumbre, existe una gran preocupación de que estos acuerdos repitan los fracasos históricos de otros procesos de paz en Colombia, con pocas excepciones exitosas, como el caso del M-19. Cabe destacar que tanto el presidente como varios de los principales negociadores del Gobierno, incluido el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, tienen vínculos históricos con el M-19, lo que genera escepticismo sobre la imparcialidad y viabilidad de estos procesos, la trampa orquestada por el Pacto Histórico, liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro.

Es aquí donde la oposición enfrenta un desafío crucial: presentar un candidato único y sólido que no solo pueda ganar las elecciones, sino también revertir la entrega de la institucionalidad a aliados del Gobierno, muchos de ellos involucrados en actividades delictivas, bajo el disfraz de la paz total.

Esta política, que en teoría busca negociaciones con diversos grupos armados, parece tener un objetivo real: servir a los intereses particulares de líderes políticos cercanos al presidente Petro. De continuar con esta estrategia, se consolidaría un mecanismo que prioriza la permanencia en el poder a cualquier costo, poniendo en riesgo la estabilidad democrática e institucional del país.

La estrategia más importante del actual Gobierno es consolidar el poder territorial mediante el control de zonas críticas, especialmente en áreas donde los grupos armados habían perdido influencia gracias al trabajo sistemático de las fuerzas militares. Pero, en un giro preocupante, el Gobierno no solo otorgó el estatus de gestores de paz a los líderes de estos grupos delincuenciales, sino que también ordenó un cese al fuego que implicó detener todo tipo de operaciones ofensivas de las hoy debilitadas Fuerzas Militares. Esto ha permitido a los grupos armados continuar delinquiendo sin restricciones.

Todo esto encaminado a forzar la firma de acuerdos de paz antes de las elecciones presidenciales de 2026. Dichos acuerdos probablemente incluirán concesiones significativas que beneficiarán a los grupos armados, como el acceso a recursos, contratos gubernamentales y espacios de poder. Además, es muy probable que excombatientes y líderes de estos grupos sean integrados en coaliciones políticas con el Gobierno actual, fortaleciendo así sus alianzas políticas.

Entonces, no solo se pretendía incluir a los 22 grupos armados con ideologías de izquierda que participan actualmente en los procesos de paz total, sino también a líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y otros, que ya han sido reconocidos como gestores de paz. Esto permitirá avanzar en las negociaciones y, aunque no se firmará con todos los grupos, es previsible que se logren acuerdos con la mayoría.

En medio de la incertidumbre, existe una gran preocupación de que estos acuerdos repitan los fracasos históricos de otros procesos de paz en Colombia, con pocas excepciones exitosas, como el caso del M-19. Cabe destacar que tanto el presidente como varios de los principales negociadores del Gobierno, incluido el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, tienen vínculos históricos con el M-19, lo que genera escepticismo sobre la imparcialidad y viabilidad de estos procesos.

El Gobierno Petro parece estar desesperado por firmar acuerdos de paz a cualquier costo antes de que finalice su período y, de ser posible, antes de las elecciones presidenciales. Este afán no solo busca perpetuar el poder del actual mandatario, sino también garantizar que, si él no continúa, alguno de sus aliados políticos o miembros de organizaciones afines pueda asumir el control. Para ello, el Gobierno ha mostrado una flexibilidad extrema frente a los grupos armados, permitiendo que sigan secuestrando, extorsionando y asesinando, a pesar de sus reiterados incumplimientos.

No obstante, hay una diferencia crucial: mientras el M-19 era un grupo con intereses políticos definidos, muchas de las organizaciones involucradas en los actuales procesos de paz no son más que estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. A pesar de esto, el Gobierno no solo las incluye en los diálogos, sino que les ofrece protección y reconoce a algunos de sus líderes como voceros de paz. Un ejemplo claro de esto es la reciente carta enviada por Miguel Rodríguez Orejuela, antiguo líder del Cartel de Cali, al presidente Petro, solicitando ser designado como vocero de paz y respaldando la política de paz total.

Esto plantea un peligro evidente: la lealtad política que estas organizaciones mostrarán hacia el presidente y su gobierno. Esto permitirá que, en las próximas elecciones, las áreas rurales y urbanas controladas por estos grupos armados ofrezcan resultados favorables para los aliados del Gobierno. De esta forma, aunque el actual presidente pierda las elecciones presidenciales, el control político podría mantenerse en manos de su coalición durante muchos años, algo que preocupa a la mayoría de los colombianos.

Es fundamental que los precandidatos presidenciales de la oposición al Gobierno actual comuniquen a los colombianos las implicaciones reales de los acuerdos de la paz total, enmarcados en el controvertido pacto de La Picota. Deben unirse en un mensaje claro y contundente para explicar qué significan estos pactos, sus consecuencias y las repercusiones socioeconómicas, políticas y de seguridad que traen consigo.

Es crucial que este mensaje llegue de forma sencilla y comprensible, para que todos los ciudadanos puedan entender el impacto que estas decisiones tendrán en el presente y el futuro de nuestra democracia.

Esta tarea no recae únicamente en los líderes de la oposición. Es una responsabilidad compartida. Todos debemos movilizarnos masivamente para informar a nuestros conciudadanos sobre los peligros que enfrenta nuestra democracia, ahora en manos de organizaciones que, bajo el pretexto de una falsa paz total, buscan minar sus cimientos.

Los invito a que, unidos, enfrentemos a los verdaderos enemigos de la patria, quienes bajo el disfraz de la paz total, resultado del pacto de La Picota, amenazan con destruir nuestra democracia. Por eso lo digo con firmeza:

El 2026 no es para tibios. ¡Feliz Navidad para todos!