Pedro el Grande

Pedro Alonso Sanabria, un politiquero que no ha brillado por sus luces jurídicas sino por los escándalos en los que ha estado envuelto, será desde esta semana presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Sanabria permanece impune por la presunta financiación de su fallida campaña a la Gobernación de Boyacá por parte de la pirámide DMG.  

Su nombre salió a relucir también en el caso del carrusel de las pensiones. Nada de eso fue obstáculo para que sus compañeros lo eligieran para presidir la más desprestigiada de las –cada vez menos prestigiosas– altas cortes.

Miles de millones de pesos les cuesta a los colombianos el llamado carrusel de las pensiones. Todo empezó por el aprovechamiento de una excepción que permite a los miembros de la Rama Judicial jubilarse con el salario más alto y que pretendía amparar a los jueces, fiscales y funcionarios peor pagados de la administración de Justicia. La norma fue usada para favorecer a recomendados, amigos e incluso familiares de los magistrados de la judicatura.

La táctica es simple, los magistrados titulares nombran como auxiliares por algunos meses a funcionarios que pasan a ganar sueldos entre 14 y 17 millones de pesos. Así, a la hora de pensionarse pueden hacerlo con el considerable salario, sin importar la cuantía de sus aportes durante su vida laboral.

Sanabria es sospechoso de haber subido al carrusel a algunos pasajeros. Uno de ellos pasó menos de 28 días trabajando en su despacho. Sin embargo, ninguna investigación contra él avanza en la risible Comisión de Acusaciones de la Cámara. Todas están en preliminares. Lo único que parece crecer es la amistad entre la célula Legislativa y los magistrados investigados.

El Tiempo reveló que el secretario general de la comisión de Acusaciones, Gonzalo Pinzón, es un asiduo visitante del Consejo Superior de la Judicatura. El ahora presidente Pedro Alonso Sanabria lo ha recibido 12 veces en su despacho (ver Extrañas visitas de secretario de Cámara a Judicatura).

El caso de DMG es aún peor. A pesar de que hay evidencias públicas de los contactos entre Pedro Alonso Sanabria y William Suárez, cuñado y segundo al mando de la organización de David Murcia Guzmán, nunca han abierto una investigación por ello.

Inicialmente La W Radio reveló una grabación en donde David Murcia y su cuñado William Suárez afirman haberle dado “400 puntos” a un candidato a la Gobernación de Boyacá apellidado Sanabria y que había perdido la elección (ver video de Conversación entre David Murcia y William Suárez).

El único Sanabria que aspiró entonces a convertirse en gobernador de Boyacá es Pedro Alonso Sanabria Buitrago, por aquellos días recién elegido magistrado de la Judicatura. Él inmediatamente citó una conferencia de prensa donde afirmó que jamás había conocido a David Murcia y que el nombre de 

William Suárez no recordaba siquiera haberlo escuchado. Descalificó la grabación argumentando que se trataba de una conversación entre terceros.

La coartada le duró poco. Días después, Noticias Uno publicó dos conversaciones del propio Sanabria con William Suárez, grabadas por las autoridades. Las dos charlas hacen evidente la relación y terminan con un efusivo Sanabria diciendo: “OK. Yo le agradezco muchísimo. Muy amable por todo ese apoyo que me han brindado” (Ver video de Conversaciones entre Pedro Sanabria y William Suárez).

Ante la nueva evidencia, Sanabria admitió –por fin– que había conocido a Suárez, pero aclaró que la relación solo había durado diez minutos. Aseguró que únicamente había recibido un préstamo y que ya lo había pagado. 

En los papeles de las liquidadas empresas de DMG no figura ningún dinero pagado por Pedro Alonso Sanabria.

Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Comisión de Acusaciones han abierto una investigación por estos hechos. En contraste otro político, Francisco Rojas Birry, fue justamente condenado a ocho años de cárcel por recibir plata de DMG. Sanabria –involucrado en hechos similares– fue incluso magistrado ponente en la decisión que resolvió la colisión de competencias del caso Rojas Birry. 

El poder parece haber blindado al hoy presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Una entidad cuyo fin ha sido anunciado por los dos últimos presidentes, pero que siempre termina acomodándose con el Ejecutivo.

Apenas el mes pasado, el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, le otorgaron a Pedro Alonso Sanabria la mayor condecoración judicial del país.

El decreto asegura que se la confieren “por sus merecimientos excepcionales, la contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia y al prestigio de la administración de justicia” (ver Condecoración).