Peligrosa ingenuidad

Premisa uno: la minería es mala y solo se debe permitir la minería ancestral e informal porque es una realidad “social”.

Premisa dos: la minería ancestral no genera daño ambiental.

Premisa tres: los empresarios legales son malos por definición y sus derechos adquiridos son irrelevantes.

Premisa cuatro: las realidades sociales y económicas se someten al deseo del gobernante si el gobernante es Petro.

Todas las anteriores premisas, y muchas más, que ilustran la acción del Ministerio de Minas y Energía, son falsas. Representan una acomodada utopía en la que se mezclan, para beneficio de la agenda de la izquierda radical, prejuicios contra la minería con la apropiación política de lo ancestral, la promoción del odio al empresariado y el activismo ambiental primigenista.

Así como lo lee. Un sancocho, que mezcla desconocimiento de las realidades de la minería en general, y del oro en particular, la supuesta preservación de un saber “ancestral”, como si en los tiempos de la marquesa de Yolombo existieran dragas mecánicas, mercurio y cianuro o retroexcavadoras (¿o se referirán a los indígenas precolombinos?), el odio de clases de siempre y la búsqueda de que veredas y bosques sean tan puros y virginales como antes Colón y desplobados de humanos.

Y todo este sancocho fue adobado con altas dosis de improvisación e ignorancia administrativa, culiprontismo, oportunismo político, interlocución ampliada con el crimen organizado con la paz total y la ambigüedad institucional frente a la “protesta social” que se somete a Colombia como un cada vez más sistemático mecanismo de expansión del control territorial de las mafias y las guerrillas.

Los problemas con las políticas mineras en general, pero en particular del oro, no son nuevas ni imputables a gobierno Petro. Hay que ser claros.

Por décadas la mediocridad de la titulación minera, la popularidad incontenible del barequeo, alternativa al desempleo y subempleo, la penetración del crimen organizado y las guerrillas, la falta de estabilidad jurídica y reglas claras para las inversiones legales del oro y estímulos perversos generados por la indebida intervención del estado, implicaron la pérdida de importantes ingresos fiscales, salvaje depredación ambiental, informalidad laboral, nuevas economías ilícitas y el fraude descarado a los controles implantados.

El enfoque hacia la bancarización de la actividad minera artesanal no produjo los resultados esperados. Este enfoque, fuertemente influenciado por la lucha contra el lavado de activos, aunado a los límites de venta mensual en gramos por cada barequero solo generaron la típica avivatada colombiana, con la inscripción de miles de barequeros en los registros públicos para justificar falsamente enormes volúmenes de producción al venderlos a las compraventas autorizadas. Además, no generaron ningún estímulo real para la mejora del desastroso manejo ambiental ni la recuperación de arenas de desecho que durante décadas han sido mal beneficiadas contienen mucho oro sin explotar.

Para la enorme mayoría de colombianos, la explotación del oro es una realidad distante y marginal. Se vuelve trascendente solo cuando el activismo urbano se involucra, como en Santurbán, pero el grueso de la opinión ni vive ni entiende el contexto de la fiebre del oro y sus deplorables consecuencias.

Pero todos somos afectados. Ya sea por la pérdida de ingreso fiscal, por la destrucción de los cauces o los bosques, por la contaminación con mercurio de ríos que alimentan acueductos y cultivos o por la violencia mafiosa que genera.

Y frente a esta enorme realidad, que desde los tiempos de la conquista y la colonia define lo que somos, el país del El Dorado, los funcionarios de MinMinas de Petro actuaron con inverosímil irresponsabilidad expidiendo patentes de corso en septiembre de 2022 para operar sin límites en el bajo Cauca con dragas y dragones ilegales.

Las actas de los apresurados acuerdos de septiembre son ilegales e inconvenientes, así le hayan servido a la senadora Zuleta en su agenda política. Su efecto fue la disparada de la explotación ilegal con su beneficio. Recordemos que una retroexcavadora ilegal produce hasta tres veces su costo diario de operación. Es más rentable que sembrar o procesar coca.

Y funcionarios del Gobierno Petro, en contra del sentido común y la ley lo permitieron. ¿Por qué? ¿Pagaban los favores electorales del Golfo?

Confrontada la minMinas con su propia actuación y con la intervención de Petro, se decidió frenar el despropósito. ¡Demasiado tarde! El Golfo y otros aliados habían ya abierto su apetito ante el “favor” de Petro y su gabinete y ahora no desean reversarlo.

La ingenuidad, la ignorancia o la necesidad de pagar deudas de campaña generaron un traumatismo severo en el nordeste y noroeste antioqueño aumentan el poder económico y territorial del Clan del Golfo.

Miles de colombianos pagan en carne propia la ignorancia y la impericia de los funcionarios de Petro. A él no le importa. Está ocupado sembrando la siguiente cortina de humo.