Penas que dan pena

Ya es libre. Gustavo Moreno, el zar anticorrupción que resultó ser el más corrupto, es desde esta semana un hombre libre. Le bastaron cuatro años para que el Estado colombiano decidiera que no tiene deudas ya con el país, ni con la sociedad, ni mucho menos con la Justicia. Que haber defraudado desde lo más profundo la institucionalidad, la confianza ciudadana, pero sobre todo la majestad de la administraciónde justicia, es una falta casi que menor, que solo le mereció una condena de cuatro años, diez meses y 15 días de prisión, que ya cumplió.

Luis Gustavo Moreno Rivera fue designado el 30 de septiembre de 2016 fiscal delegado ante el Tribunal Superior asignado a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Desde su cargo tenía la misión de dirigir las investigaciones más importantes por robo de dineros públicos en Colombia. Dentro de estas investigaciones, estaba la que se seguía contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por el llamado ‘cartel de la hemofilia’. Este caso de corrupción se destapó en 2016, cuando se descubrió que en Córdoba, con Alejandro Lyons Muskus a la cabeza, aparecieron de la nada 47 supuestos pacientes de hemofilia, que en un solo año se duplicaron, y por cuyo tratamiento el departamento pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos de papel. También en esta administración se pagaron 5.264 millones de pesos en tratamientos de equinoterapia a niños que nunca lo necesitaron. Lo que había detrás, en realidad, era un robo de recursos públicos, del que participaban, además de Lyons como gobernador, los hermanos Musa y Edwin Besaile.

El fiscal Moreno, elevado ya entonces a la majestad de “zar anticorrupción”, bien lejos de investigar a fondo la corrupción de Lyons y sus asociados Besaile, le mandó la razón al exgobernador, a través del abogado Leonardo Pinilla Gómez, de que por 100 millones de pesos le entregaría la información que existía en la Fiscalía en su contra, y se ofrecía además a ayudarle en la estrategia de defensa y en desviar la investigación. Pero no solo esto, aprovechándose del conocimiento que tenía, Gustavo Moreno le avisó a Lyons que le seguían la pista también en otras contrataciones con dineros de regalías, por lo cual le imputarían la comisión de 20 delitos.

El emisario de Moreno, el abogado Pinilla, viajó a Miami y se reunió con Lyons Muskus para avisarle que lo iban a capturar, pero que Gustavo Moreno se encargaría de desacreditar la misma investigación que su equipo de trabajo adelantaba ¡Qué lujo de funcionario! Para presionar a Lyons a pagar el soborno, Moreno hacía declaraciones a los medios de comunicación del avance de las investigaciones en contra del exgobernador de Córdoba.

Finalmente, Lyons cedió y le entregó a Moreno 10.000 dólares como adelanto del soborno que le exigía. Pero como entre bandidos no hay lealtades, para ese entonces Lyons ya había alertado a las autoridades de la Florida de la exigencia del soborno, grabó el pago del soborno y esta fue la prueba con la cual una Corte del Sur de la Florida pidió en extradición a Gustavo Moreno y a Leonardo Pinilla bajo el cargo de lavado de activos.

Y aquí comienza la segunda parte de esta historia magnífica de corrupción. Ya con el agua al cuello y al verse descubierto, Moreno se ofreció a colaborar con la justicia y contó que el caso Lyons no fue el único que tocaron sus manos corruptas, sino que detrás de él había toda una red de exmagistrados y fiscales que habían conformado una organización criminal para exigir sobornos a políticos investigados y embolatar las pruebas en su contra. Ahí fue cuando se destapó el llamado ‘cartel de la toga’, una completa empresa criminal de la que formaban parte los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, el “zar anticorrupción” Gustavo Moreno y otros funcionarios de la Fiscalía y otras entidades, como el fiscal Alfredo Bettín, que se especializaron en engavetar procesos y torcer investigaciones para salvarles el pellejo a corruptos y parapolíticos. Dentro de la distinguida clientela de este cartel de la toga desfilaron los congresistas Musa Besaile y Álvaro Antonio Ashton, además de los gobernadores Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco, al igual que su hijo, el exsenador José Alfredo Gnecco. Todos ellos envueltos en grandes escándalos en los que nada pasaba.

A pesar del tamaño de esta red de corrupción, de los montos de dinero que robaron, pero sobre todo del golpe mortal a la dignidad de la justicia y a la confianza ciudadana en una administración de justicia transparente, Gustavo Moreno fue condenado a cuatro años de prisión, que ya cumplió. Y es hoy un hombre libre.La Corte Suprema de Justicia consideró que aunque fue condenado en Colombia en marzo de 2018, Moreno estaba preso en Estados Unidos desde junio de 2017, cuando fue capturado recibiendo el soborno de Lyons, razón por la cual debía contabilizarse este tiempo también al cumplimiento de su pena, de modo que ya pasaron los cuatro años de su condena.

Hirió de muerte la credibilidad de la Justicia, burló la institucionalidad de la Fiscalía, se lucró del dinero público robado por los más corruptos, se aprovechó de su posición de privilegio para darse el gusto de ser más bandido que los criminales que investigaba. Y por “arrepentirse” cuando ya estaba con el agua hasta el cuello y contar parte de lo que sabía (porque no lo ha dicho todo), le dieron casi la misma pena que hay para la inasistencia alimentaria (de seis meses a tres años) o la de un hurto simple (de dos a seis años) o la de violencia contra servidor público (de cuatro a ocho años).

Por eso, en Colombia el crimen siempre será rentable. Es por estas penas que solo dan pena que en este país es buen negocio delinquir. Gustavo Moreno ya puede gozar de su libertad y del fruto económico de sus sobornos.