Perú: se derrumba el Castillo

Desde que Pedro Castillo –hoy expresidente de Perú– tomó el poder, su mandato estuvo enmarcado en polémicas y en una profunda crisis institucional, comenzando por la temprana renuncia de algunos miembros de su gabinete, el nombramiento de unos 80 ministros en solo año y medio, hasta el anuncio que hizo el pasado 7 de diciembre de disolver el Congreso y declarar el estado de excepción. Un modus operandi que es comúnen las personalidades populistas y autoritarias, muchas de ellas elegidas en las urnas gracias al estilo demagógico y mesiánico que usan en campaña, pero que al final no se traduce en gobiernos responsables ni efectivos.

Con la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, Perú suma ya seis presidentes de la república desde 2018. Recientemente, Castillo había sido acusado por la Fiscalía de su país de liderar una red responsable de delitos como tráfico de influencias, organización criminal y colusión, en la que estarían involucrados funcionarios cercanos y miembros de su familia. La Fiscalía argumentó que esta organización criminal tenía el objetivo de cooptar, controlar y direccionar procesos de contratación para obtener ganancias ilícitas.

A este estilo de líderes, que los hay en todos los sectores políticos, pero que en América Latina han sido más proclives a la izquierda, solo les sirve la democracia para ganar, pues una vez llegan al poder quieren destruir todo lo existente, redefinir sus naciones desde una visión totalitaria de la sociedad y, por ende, alterar (e incluso eliminar) las reglas de la democracia para implementar sus reformas y perpetuarse en el poder.

Este escenario se recicla una y otra vez, pero su resultado siempre es el mismo: un modelo fallido que reproduce más problemas que los que prometía resolver, más pobreza, más corrupción, menos democracia, y un torbellino de malas decisiones que terminan por generar una crisis social e institucional que afecta la senda del desarrollo de los países y su gente.

En medio de este panorama, también preocupa la postura del Gobierno colombiano frente a estos hechos: Petro le pidió a la CIDH expedir medidas cautelares en favor de Castillo, poniéndose del lado de un principiante de dictador. Imposible no recordar el reciente encuentro en agosto entre Petro y Castillo, celebrando el “progresismo” latinoamericano, que pareciera ser sinónimo de inestabilidad social, caos institucional y debilitamiento de la democracia.

Y es que Pedro Castillo se suma a una lista de gobernantes de izquierda que están haciendo estragos en América Latina: Nicolás Maduro en Venezuela, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, con circular roja de Interpol y responsable de la segunda crisis de desplazamiento externo más grande en el mundo por las condiciones políticas, sociales y económicas de su dictadura. Cristina Fernández en Argentina, condenada a seis años de prisión por corrupción e inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida por defraudación al Estado, responsable en gran medida de los problemas de inflación, pobreza y estancamiento de la economía de su país por una serie de reformas sociales, redistribución de ingresos y programas populistas que implementó durante sus gobiernos y se volvieron insostenibles financieramente, desbalanceando las cuentas públicas. Y, finalmente, Gabriel Boric, que se proyectaba como un líder renovador de la izquierda en la región, llega a una desaprobación de su mandato de más del 60 por ciento. Esto, sin contar con los demás gobiernos populistas y autoritarios que permanecen en el poder desde hace años, como los de Cuba y Nicaragua.

De Petro inquietan algunos rasgos que comparte con los populistas y los dictadores. No es solo su cercanía y complacencia con ellos, sino también sus peligrosos discursos de equivalencia moral entre instituciones democráticas y estructuras criminales y vías de hecho, los linderos porosos entre legalidad e ilegalidad o la equiparación de quienes usan la violencia para hacerles daño a otros con quienes nunca toman un arma para hacer justicia por cuenta propia. Creo que en sus prácticas de tergiversar los valores, deslegitimar la democracia, desautorizar las instituciones, saltarse el equilibrio de poderes, anunciar reformas estructurales sin considerar los efectos económicos y sin los suficientes mecanismos de información, participación y concertación, se avizoran rasgos autoritarios, además del populismo que ya ha evidenciado.

Una vez más necesitamos certezas sobre la agenda de Petro en nuestro país, porque está demostrado que en América Latina las agendas disfrazadas de progresismo solo han traído inestabilidad y retroceso. Por esto, yo sigo optando por un progreso de Colombia y toda Latinoamérica basado en la defensa de las instituciones, los valores democráticos, el orden y las libertades.