¿Pesos y contrapesos?

No deben existir poderes omnímodos ni ilimitados, todos deben estar sujetos a controles. Su limite primordial es la división y separación de poderes: unos hacen las leyes, otros las aplican y finalmente otros dirimen las diferencias sobre su aplicación.

La Constitución de 1991 desarrolla estos principios. El Congreso elegido cada 4 años, con posibilidad de relección, reforma la Constitución, hace las leyes, y controla políticamente al Presidente de la República, a los altos Magistrados y a otros funcionarios. A su vez, los congresistas y las leyes son controlados por las altas corporaciones judiciales.

El Presidente de la República, elegido cada cuatro años, sin posibilidad de reelección, representa el Estado, gobierna, dirige la administración pública y es jefe supremo de la Fuerza Pública. Está sujeto al control político del Congreso y sus actos son controlados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Las altas corporaciones judiciales, cuyos magistrados elegidos por 8 años por cooptación limitada a excepción de la constitucional, sin posibilidad de reelección, dirimen definitivamente los conflictos en la aplicación de las leyes en las distintas áreas. La Corte Constitucional controla la ley frente a la Constitución y revisa las acciones de tutela de los derechos fundamentales.

Existen otros órganos autónomos e independientes como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía, que se encargan de vigilar la conducta de los servidores del Estado, los dineros públicos, la protección de los derechos de las personas y la acusación de quienes infringen la ley penal ante los jueces. Grosso modo, tienen controles políticos y judiciales, y sus actos son controlados por los jueces.

Lamentablemente, en la práctica, el modelo institucional funciona diferente. El desprestigio de los partidos políticos y del Congreso ha afectado gravemente el desempeño del sistema.

De otro lado, hay una gran preponderancia del Presidente de la República sobre los otros poderes, conocido como presidencialismo. La Rama Judicial ha empezado a emerger como una forma de cogobierno eventual a través de las acciones constitucionales. De otro lado, las campañas electorales son muy costosas e inciertas, no obstante la financiación estatal y los límites de gastos, quienes financian pretenden protección de sus intereses legítimos y quienes resultan elegidos intentan recuperar los sobrecostos. Las fórmulas son múltiples, participación burocrática, contratación estatal, parcelación de la administración, cupos indicativos, hasta las formas más vulgares de corrupción. El Gobierno tiene iniciativa de gasto.

Las relaciones del Gobierno con el Congreso no están precisamente determinadas por las mayorías partidistas, ni por las correspondencias ideológicas en los planes y programas de gobierno. Dependen en un alto porcentaje de la participación en el poder y de las fórmulas de recuperación de gastos que expresa o tácitamente se puedan ofrecer; el mal llamado reparto de “mermelada” entre los colaboradores del gobierno de turno.

Deficiencias del modelo han exacerbado los controles sobre el Congreso y los políticos, mientras que han menguado los controles sobre las altas corporaciones judiciales, cuyos magistrados resultan irresponsables, con muy contadas excepciones. El Presidente es prácticamente intocable, sus ministros fusibles del sistema y la inmensa burocracia administrativa un campo no siempre propicio para el tráfico de influencias y la corrupción.

Lo anterior explica la proliferación de candidatos presidenciales, algunos sin partido ni posibilidad de representación en el Congreso, y la escasa atención a las elecciones de este, donde las diferencias ideológicas son intranscendentes y la trashumancia partidista una práctica frecuente.