Petraña constituyente

Por falacias entendemos tradicionalmente los argumentos que tienen como objetivo persuadir psicológicamente al público o auditorio, pero que luego de un análisis más detallado se revela cómo estos argumentos resultan incorrectos desde el punto de vista lógico. La narrativa del poder constituyente del presidente Petro no es inédita, por el contrario, la ha venido labrando desde que develó su intención reeleccionista y que su visión de “cambio” permaneciera a perpetuidad.

El escenario ahora propuesto ya no admite equívocos. El cambio del ministro del Interior es el primer paso para darle forma y contenido a la iniciativa de una constituyente. Transcendió que el ahora exministro Velasco no estuvo de acuerdo con la idea de una constituyente, por lo que el presidente “corrigió” el error nombrando a quien sorpresivamente cambió de idea y de ideología, seguramente motivado por el cambio de nominador.

Ahora bien, las nueve razones esgrimidas por el presidente no dejan de estar cargadas de ambigüedad e indeterminación, estas no tienen objetivo distinto que generar incertidumbre y crear un ambiente de desazón y “deuda” no saldada por el texto constitucional de 1991, lo anterior, utilizando un argumento de apelación al pueblo, o argumentum ad populum, el cual está caracterizado por pretender movilizar el entusiasmo masivo o los sentimientos populares, con el objeto de ganar asentimiento para su conclusión.

Nada de lo descrito por el presidente justifica una constituyente, reitero, más allá de su tenebrosa intención absolutista y dictatorial. Al mandatario corresponde recordarle sendos aspectos de sus puntos justificantes de interés constitucional.

En lo concerniente a la Ley orgánica de ordenamiento territorial, vale indicar que esta existe desde hace 13 años con la Ley 1454 de 2011; también, sobre el mismo tema, existe un amplio diseño normativo contenido en las leyes 388 de 1997 y 1962 de 2019 sobre regiones administrativas y de planeación, así como la reforma al estatuto departamental a través de la Ley 2200 de 2022, entre otras.

Por su parte, las genéricas propuestas de reforma a la justicia y política y los esquemas de justicia restaurativa o verdad judicial, así como de perdón social, corresponde definir que la misma Constitución exige que el trámite deba realizarse por vía de ley estatutaria (art. 152) y no necesariamente deba convocarse a una constituyente. Sobre el particular conviene destacar que sobre reforma a la justicia ya existe un texto aprobado que reforma la Ley 270 de 1996 y que ya cuenta con decisión de constitucionalidad desde el pasado 3 de mayo de 2024 con la Sentencia C-134/23.

En cuanto a iniciativa constituyente para efecto de proponer un acuerdo en torno a las políticas económicas para “territorios excluidos” y “el pacto de economía productiva” parte de una premisa errada y de un reiterado y multisonante discurso demagógico y de lucha de clases e intensificación de odios, sin que se identifiquen cuáles son, y peor aún, cuáles son las “soluciones” y en qué consiste el difuso “pacto” de la economía. Más allá de ello, no se responde la pregunta de cómo una constituyente soluciona los anunciados desajustes y por qué precisamente se requiere “acabar” con el diseño constitucional vigente para darle vía libre a esa pretensión de una autoritaria reforma constitucional.

Algunas fuerzas políticas se muestran en acuerdo con la constituyente, a todas estas, pensando que la convocatoria respetará las reglas democráticas y las formas. Debemos despertar a nuestra realidad, el presidente ha demostrado un talante beligerante y que, sin importar lo que cueste, se trata de imponer a como dé lugar.

Así que, sea la vía de decreto de emergencia o “decretazo”, bien por la vía de los procedimientos constituyentes, o apelando a la convocatoria a las calles de los estudiantes de la Universidad Nacional con su ahora afecto rector, o creando el acostumbrado colapso social y de orden público que sus hordas “populares” lleven a las calles de nuestras ciudades, la constituyente es un innegociable del presidente Petro y ya debemos asumir que es inminente la configuración de la amenaza a nuestro sistema constitucional y democrático.

El llamado es a la unidad de las fuerzas políticas y democráticas, sectores gremiales, productivos, académicos y demás que tengan como objetivo común la defensa de los fines y principios de nuestra carta magna de 1991.

No olvidar: la idea constituyente es innecesaria, segregadora y destructiva, no podemos permitir abrir la entrada a tan espuria iniciativa, no se pacta con el mal.