Petro, con el “chuzo” dando

La realidad actual de nuestro país no puede ser más lamentable. Observamos con perplejidad un inusitado descontrol institucional, cada vez más recurrente crisis de desgobierno que ahora promete un nuevo remezón ministerial, un alto índice de violencia desatada en los territorios, un nuevo escándalo de corrupción al más alto nivel gubernamental por cuenta de las denuncias sobre las presuntas conductas del hermano de la directora del Dapre, los previsibles y anunciados fracasos legislativos, la ineficiencia e improvisación en las soluciones a los problemas económicos de nuestro país.

Las anteriores son las lamentables pero destacadas situaciones que afronta hoy nuestro país. El gobierno del cambio cumplió con realizar un cambio, pero, para desfortuna de todos, el cambio ha sido para mal y se pone peor.

Si lo expuesto no fuese por sí suficientemente grave, se conoció la impactante denuncia realizada por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien en misiva enviada a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, por intermedio del presidente de la Corporación, José Fernando Reyes Cuartas, consistente en persecuciones tanto a él como a su grupo familiar. En detalle refiere el escrito a interceptaciones telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.

De lo que ha trascendido a la opinión pública sobre la escandalosa denuncia, existen dos elementos para tener en cuenta dentro del análisis de este evento. Por un lado, se indica que la fuente del hostigamiento apunta a los organismos de inteligencia del Estado y, por otro lado, que los seguimientos se realizan precisamente en la persona del magistrado Ibáñez dadas las férreas y contundentes posturas de este al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Sobre el primero de los asuntos es importante destacar que en Colombia existe un marco jurídico en el que se desarrolla la inteligencia estatal y está en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y el Decreto 857 de 2014. Dentro de los órganos que se destacan para el desarrollo de las operaciones de inteligencia se encuentran la Presidencia de la República a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf). Como elemento coincidente esta que la denuncia apunta directamente al Estado como protagonista de la persecución e intimidación al magistrado representado en las entidades antes mencionadas. La expuesta es una situación que reviste la mayor gravedad y que de forma ineludible compromete a los circuitos más íntimos y cercanos de la estructura estatal. En el segundo de los eventos, se observa que los seguimientos denunciados se extienden sobre el magistrado, los miembros de su familia y su grupo de trabajo, lo cual advierte, podría ser extensible incluso a los restantes magistrados que integran la corporación de cierre en materia constitucional.

La importante amenaza alcanza mayor gravedad al tratarse justamente de un magistrado de la Corte Constitucional, corporación en que se gestan los debates jurídicos de mayor trascendencia en nuestro país. Por sólo mencionar tres eventos, fue la Corte Constitucional la que declaró inexequible que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables no serían deducibles del impuesto sobre la renta ni podrían tratarse como un costo o gasto, decisión que conllevó que el mismo presidente de la República indicara que la Corte está del lado de los sectores más ricos, el sector del carbón y petróleo, asimismo fue la Corte Constitucional la que declaró inexequible la creación del esperpento del MinIgualdad y, por cuenta del Auto A272-23, abrió la posibilidad de suspender provisionalmente las leyes.

Los eventos descritos “merecerían”, para el Gobierno, poner especial atención a lo que sucede en la Corte, más aún cuando precisamente el magistrado Ibáñez fue el coponente de la inexequibilidad de la prohibición de la no deducibilidad de las regalías; fue el magistrado hoy perseguido y chuzado quien salvó el voto e indicó que el MinIgualdad debía ser declarado inexequible desde su creación y no dejarlo “vivo” a través de una inexequibilidad diferida; fue precisamente Ibáñez el ponente del auto que otorga la posibilidad de suspender leyes en el trámite de estudio de demandas de inconstitucionalidad, atribución que pudiese ser puesta en marcha contra las anunciadas demandas contra la cuestionada reforma pensional de iniciativa del gobierno del presidente Petro.

El magistrado en cita es el candidato perfecto para ser el target de la inteligencia estatal. Es notable que el Gobierno lo ve como una amenaza y pretende, a costa de intimidación, que el togado renuncie a la defensa de nuestro sistema constitucional como su máximo y supremo deber. De allí que resulta inadmisible que se utilicen los organismos de inteligencia del Estado para atentar contra la dignidad, integridad e intimidad de los magistrados de nuestras altas cortes y se cuestione por esa vía la legitimidad de sus decisiones.

Como aliciente de lo anterior, al inicio de esta semana se escucharon las voces al unísono de los presidentes de las altas cortes, quienes se pronunciaron contundentemente sobre la amenaza a la institucionalidad de la Rama Judicial, su autonomía e independencia y el atentado contra la democracia y la seguridad de los jueces y las juezas de nuestro país; asimismo, la Fiscalía General de la Nación prontamente activó a través de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia las investigaciones del caso.

Contrario a una reacción natural de quien dirige el Gobierno a quien se le acusa presuntamente de interceptar las comunicaciones del magistrado de la Corte Constitucional, el presidente vocifera con su acostumbrado tono que es la “ultraderecha” la que chuza, y al mismo tiempo acusa de “ingenuo” al magistrado, reiterando que las interceptaciones están a cargo de “grupos nazis”.

La Rama Judicial y, en especial, la Corte Constitucional son hoy víctimas de ataques sistemáticos del régimen que quieren imponer el ya marcado estilo dictatorial del Ejecutivo. Es momento de rodear a la institucionalidad de los jueces y las juezas de nuestro país, de alertar a la comunidad internacional frente a la comisión de estos crímenes de Estado en contra de la independencia e imparcialidad de la administración de justicia. En nuestros jueces reside la sagrada libertad. No olvidar que, como principio, consagrando en los estamentos internacionales está: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (UNODC, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, 1985).